En el ecosistema de la realidad virtual se reproducen las inconductas de los ecosistemas de la realidad real. La realidad mixta parece destilar violencias que van en ascenso.

• Por Ricardo Rivas
• Periodista
• X: @RtrivasRivas
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En la más reciente reunión del Grupo de los 20 (G20), que se realizó en Brasilia hasta un puñado de días atrás –por primera vez en la historia de ese foro desde su constitución en 1999– se desarrolló una “reunión ministerial para el empoderamiento femenino”. Fue fundacional. La situa­ción de violencias contra las mujeres –al igual que la falta de equidad, la desigualdad– es también un problema que afecta la economía, las finan­zas, el desarrollo sustentable y la paz. Debe ser resuelto.

En el transcurso de las deli­beraciones hubo propues­tas para desarrollar la cons­trucción de políticas públicas para “combatir las violen­cias contra las mujeres”, se delinearon acciones para “la inserción de las mujeres en la economía digital” y para la “creación de una polí­tica global de cuidados” que garantice el bienestar físico y emocional de cada día a las personas que tengan algún nivel de dependencia.

En los intercambios de ideas en ese sentido, se precisó que esas políticas deben conside­rar tanto a quienes reciben los cuidados como a quienes los proveen y, para ello, es y será necesario garantizar el acceso a servicios específicos, que se contemplen tiempos y recursos para cuidar y ser cuidado y –con regulaciones y supervisiones– asegurar que esas prestaciones sean de calidad.

Notable. Valioso y esperan­zador desde la perspectiva de la condición y dignidad humanas. Destacable tam­bién porque el G20, desde cuando sesionó por primera vez en Berlín, solo hacía foco con sus debates a cuestiones macrofinancieras y, en ese contexto, debatían los minis­tros de economía y finanzas junto con los gobernadores de los bancos centrales. La aldea global cambia. Aunque no lo suficiente o esperable, por cierto. Pero hay avances si se valora que convergen en ese foro líderes y lideresas de los países donde habitan dos tercios de la población mun­dial y en los que se genera el 80 % de PBI global.

Son parte del Grupo de los 20 Brasil, Alemania, Ara­bia Saudita, Argentina, Aus­tralia, Canadá, China, Esta­dos Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, Repú­blica de Corea, Rusia, Sudá­frica, Turquía, Unión Afri­cana y Unión Europea. Como invitados participan ade­más Angola, Egipto, Emira­tos Árabes Unidos, España, Nigeria, Noruega, Portugal, Singapur, organizaciones de la sociedad civil categorizados como “grupos de afinidad” y expertos en el más alto nivel de numerosos organismos multilaterales. Diversidad y encuentro.

¿Hay soluciones para las muje­res? “Sí, pero no será sencillo alcanzarlas”, respondió una experta que trabaja para el G20, pero que no está autori­zada para el relacionamiento formal con el periodismo. Sin embargo, con el compromiso de no revelar su identidad, sos­tuvo que “para que mujeres y niñas disfruten de sus dere­chos, para alcanzar la inclu­sión, es preciso que se ali­menten, que accedan al agua potable, que puedan acceder a puestos de trabajo en los que se las remunere en el mismo nivel que a los hombres, que se le facilite el acceso a la educa­ción, a la salud e higiene mens­trual... las niñas y las mujeres deben dejar de ser los blancos preferentes de las organiza­ciones de trata”.

Durante las deliberaciones, Janja Lula, esposa de Luiz Inácio Lula da Silva, presi­dente de Brasil, sostuvo que “es inaceptable que tengamos un PIB global de billones de dólares, y que miles de niñas y mujeres aún tengan que andar kilómetros para bus­car agua, alimentos y cocinar con leña, carbón y querosene, especialmente en los países del sur global”.

Preocupa. Avergüenza. Hiere. Desalienta. La aldea global exuda violencias. En algu­nos sentidos, parece atrasar o, definitivamente, atrasa. Demanda soluciones que, por lo menos, demoran en llegar. La Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible, con sus 17 ODS que en setiem­bre de 2015 aprobó la Asam­blea General de las Nacio­nes Unidas (AGNU) –que no obliga a ningún país– sugiere, sin embargo, un camino posi­ble para empoderar a la socie­dad civil y para asumir el desafío de la construcción de nuevos derechos.

Pese a ello, mujer y género aún son asignaturas pen­dientes. Los reportes de organismos y agencias mul­tilaterales que pesquisan la situación abruman. “Amé­rica Latina y el Caribe es la única región del mundo donde los matrimonios infantiles no han dismi­nuido en los últimos 25 años y ocupa el segundo lugar del mundo en número de emba­razos adolescentes”, reporta la Organización de las Nacio­nes Unidas (ONU) Mujeres, en un informe reciente que, además, da cuenta de que “1 de 4 niñas (en el área men­cionada) se casa o entra en unión temprana antes de los 18 años” y, desde esa reali­dad, advierte que “sin accio­nes e inversiones acelera­das” la región “ocupará el segundo puesto más alto de matrimonio infantil y unio­nes tempranas para 2030″.

Violencias. “Pese a que el matrimonio infantil ha dis­minuido de forma constante en la última década, las múl­tiples crisis actuales –en particular los conflictos, las perturbaciones climáticas y los efectos persistentes de la pandemia de covid-19– ame­nazan con revertir los logros que con tanto esfuerzo se han alcanzado”, dijo el Unicef (Fondo de las Naciones Uni­das para la Infancia).

Catherine Russel, directora ejecutiva de aquella organi­zación, explicó entonces que “el mundo está sumido en una crisis tras otra, lo que está destruyendo las esperanzas y los sueños de la infancia vul­nerable, especialmente de las niñas, que deberían ser estu­diantes y no esposas”. La alta funcionaria de ese organismo multilateral agregó que “la crisis económica y sanitaria (con fuerte impacto en algu­nas regiones al igual que) la escalada de conflictos arma­dos y los devastadores efectos del cambio climático están obligando a las familias a buscar una falsa sensación de seguridad en el matrimo­nio infantil”.

Precisó después que “se cal­cula que, en todo el mundo, 640 millones de niñas y muje­res vivas en la actualidad se casaron en la infancia, lo que asciende a 12 millones de niñas al año”. Detalló que “las cifras mundiales más recientes (dan cuenta de que) el por­centaje de mujeres jóvenes que contrajeron matrimonio siendo niñas ha disminuido del 21 % al 19 %” desde 2018, pero asegura que “la reduc­ción mundial (de ese indica­dor) debería ser 20 veces más rápida si se quiere lograr el Objetivo de Desarrollo Sos­tenible de poner fin al matri­monio infantil para 2030″.

Advierte que “la región de América Latina y el Caribe se está quedando atrás (en la reducción) y (alerta que) va camino de registrar el segundo nivel regional más alto de matrimonios infanti­les”. En el transcurso del año pasado en el que “Oriente Medio, el Norte de África, Europa del Este y Asia Central también se han estancado”.

Violencias. No todo sucede en los países periféricos. En los Estados Unidos, “entre 2000 y 2018 (...) más de 300 mil menores de 18 años se casaron legalmente” por­que en “la gran mayoría de los estados (se) man­tienen leyes que habilitan esta práctica”, según un reporte de la organización Unchained At Last (Desen­cadenada Por Fin), revela la colega periodista Lucía Sol Miguel en el diario La Nación de Buenos Aires.

Detalla que “solo en 12 de los 50 estados prohíben el matrimonio infantil” y que las edades (de los y las violen­tadas por casamiento) son en la mayoría de los casos, entre 16 y 17 años, pero se registraron matrimonios con chicos y chicas de 10 años”. Precisa además que, pese a que este tipo de prác­ticas abusivas son “una ame­naza a la infancia en general, el 86 % de estos matrimonios involucran a niñas”.

El dato siguiente es abruma­dor. “Al menos 15 millones de niñas se casan antes de lle­gar a la edad adulta” y con­signa que esa cifra representa unas “28 niñas por minuto” que son víctimas de abuso matrimonial, según la Ofi­cina de Derechos Humanos de la ONU. “En el registro de Unchained at Last, unos 60.000 casamientos desde el año 2000 deberían haberse considerado un delito sexual”, consigna Miguel.

Violencias. Rumman Chowd­hury, una de las más rele­vantes expertas en metada­tos, considera que “con la IA (inteligencia artificial) gene­rativa vamos a tener más medios de comunicación engañosos y convincentes”, pero advierte que ese desa­rrollo tecnológico “consti­tuye una amenaza, particu­larmente para las mujeres”.

En tono reflexivo agrega –en diálogo con El Correo de la Unesco– que “las violentas amenazas contra mujeres conocidas son comunes, pero ahora, además, van acompa­ñadas de fotos de ellas, de sus hijos o de sus seres queridos creadas por IA generativa (porque) con la tecnología de hoy en día, esto se puede hacer fácilmente y sin cono­cimientos técnicos particu­lares”.

Rumman añade que “la vio­lencia de género adopta a menudo la forma de cibera­coso”; revela que en “un estu­dio reciente, nada menos que el 26 % de las mujeres jóvenes ha tenido que hacer frente al ciberacoso, frente al 7 % de los hombres del mismo grupo de edad”. La doctora Chowd­hury puntualiza que “a esta violencia de género se suman los prejuicios involuntarios, (a) las prácticas discrimina­torias que se han incorpo­rado a los modelos de IA” y, en ese contexto, enumera “entre los ejemplos más conocidos (...) los que parten desde el principio de que las mujeres son enfermeras o profesoras antes que médicos o científi­cas o (con) imágenes de muje­res que son sexualizadas sin su consentimiento”.

También ciberviolencias. Dra­mático. En el ecosistema de la realidad virtual se reproducen las inconductas de los ecosis­temas de la realidad real. La realidad mixta parece destilar violencias que van en ascenso. ¿Será un problema educativo? Desde 1977 Edgar Morin (103) propone trabajar en, de y desde la educación para comprender y comprehender que “anima­lidad y humanidad constitu­yen juntas nuestra condición humana” y que a partir del momento en que “el homínido se humaniza (...) el concepto de hombre tiene un princi­pio biofísico y uno psico-so­cio-cultural” que “se remiten el uno al otro”.

Describe luego el más que centenario maestro que “el humano es un ser plenamente biológico y plenamente cul­tural que lleva en sí esta uni­dualidad originaria”. Vale recordarlo. Sin priorizar la condición humana a la hora de legislar y educar será muy difícil poner fin a las violen­cias contra mujeres y niñas. Es imprescindible saber y hacer saber que “el humano es un ser plenamente biológico y plena­mente cultural que (...) es un super y un hiper viviente (que) ha desarrollado de manera sorprendente las potenciali­dades de la vida”.

Es cada día más necesa­rio enseñar la condición humana. ¿Qué es lo que no entienden quienes demo­ran legislar para construir igualdad, paridad y dar seguridades a ese segmento social vulnerable? “Dos mil millones de mujeres (están) sin acceso a la protección social”, revela ONU Mujeres en un informe que distribuyó el pasado 15 de octubre. Vio­lencias. En dicho reporte se consigna también que “las mujeres de 25 a 34 años tie­nen un 25 % más de probabi­lidades que los hombres del mismo grupo de edad de vivir en la pobreza extrema”. Vio­lencias. “En todo el mundo, más del 63 % de las muje­res siguen dando a luz sin tener acceso a prestaciones por maternidad, cifra que alcanza el 94 % en el África subsahariana”, agrega ese documento. Violencias.

¿En este contexto tan com­plejo cómo hacer justicia para reparar conductas típica­mente antijurídicas aunque no estén taxativamente tipi­ficadas como tales en algunos lugares? “En una sociedad democrática no existen islas ni torres de marfil que estén exentas al debate público. Es parte de la institucionali­dad”, respondió tiempo atrás Ricardo Pérez Manrique, juez de la Corte Interameri­cana de Derechos Humanos, a quien entrevisté cuando presidía el más alto tribunal de las Américas.

Admitió luego que “los pode­res judiciales han tendido a ser opacos desde el punto de vista de la lectura de su vida interior”, aunque explicó que aquello tiende al cambio porque “desde hace mucho tiempo se trabaja en el con­cepto de justicia abierta, apli­cando los principios de liber­tad de acceso a la información pública en procura de la más alta transparencia para que esa opacidad de los sistemas judiciales desaparezca”.

¿Y las nuevas violencias en red? “Hay un principio que la ONU ha consagrado hace muchí­simo tiempo y que comparto absolutamente. Las reglas del Estado de derecho que rigen en el mundo real también deben regir en el mundo de la tecno­logía y el virtual”, respondió Pérez Manrique. Alentador. Los sistemas judiciales tam­bién evolucionan.

En lo que hace a las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes, “algunos países han creado tribunales espe­cializados para avanzar sobre esos flagelos. Brasil, España, Nepal, el Reino Unido, Uru­guay, Venezuela, Chile, Boli­via y en varios estados de los Estados Unidos se avanza en ese sentido y lo hicieron”, comentan dos magistrados del más alto nivel cuyos nombres prefiero mantener en reserva para evitar eventuales recu­saciones.

¿Hay resistencias u oposicio­nes a esas creaciones? “Como todo cambio, siempre hay resistencias. Pero inconsis­tentes”, responde uno de ellos con el asentimiento gestual de su colega. “La misoginia es una patología psicológica y, desde ese lugar, hay quienes sostienen que por ser ‘tribu­nales especiales para violen­cias contra las mujeres’ van contra el Estado de derecho, pero son opiniones minorita­rias. No es así. Son tribunales especializados como los hay para otras cuestiones como el narcotráfico, el terrorismo, la minoridad. Son pareceres res­petables, como toda opinión, pero inconducentes que solo lentifican la construcción de políticas públicas”.

Los debates están abiertos. No debieran demorarse ni extenderse. Mujeres, niñas y adolescentes, muchas de ellas en estado de vulnerabilidad extremo, están en peligro y esperan.