En julio de este año, el futbolista brasileño Vinicius Júnior celebró sus 25 años en una finca de Río de Janeiro con conciertos, fuegos artificiales, atracciones de parque de diversiones y cerca de 500 invitados. Ahora, un vecino del lugar lo denunció por causar “perturbación del trabajo o de la tranquilidad ajenos” debido al ruido y los gritos, informó el Diario Deportivo Olé.
“La denuncia dice que la música y los gritos de la fiesta fueron tan fuertes que la policía tuvo que intervenir varias veces. Los agentes pidieron bajar el volumen, y eso se hizo por un momento. Pero cuando la policía se fue, el ruido volvió a subir”, detalló el citado medio.
Por su parte, la ley brasileña dice que quien moleste a los vecinos con ruido o altere la tranquilidad puede recibir entre 15 días y 3 meses de cárcel, o pagar una multa. Ahora, Vinicius, actual jugador del Real Madrid, deberá presentarse ante la Justicia; la primera audiencia será el 6 de noviembre.
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Juicio a Giuzzio: exdirector confirmó reparación de vehículo con Vinicius
La declaración del exalto funcionario del Ministerio del Interior complica más el escenario jurídico de Arnaldo Giuzzio.
En el marco del juicio oral y público que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio –acusado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius–, declaró Victoriano Benítez, exdirector general Administrativo y Financiero de la cartera estatal, y reveló datos que comprometen el escenario procesal del acusado.
Benítez aseguró ante el tribunal de sentencia –integrado por Adriana Planás, Yolanda Morel y Mathías Garcete– que un vehículo que estaba al servicio del Ministerio del Interior fue trasladado hasta la firma Black Eagle Group SA (también ligada a Ombú SA) para su respectiva reparación. Esta declaración complica aún más la situación del acusado en el presente proceso penal.
FACTURAS
Asimismo, el testigo indicó que varias facturas de la firma Black Eagle Group SA se pudieron haber pagado con gastos reservados, debido a que, al momento de visualizar los documentos en el juicio oral, constató que dichos montos no fueron abonados por la Dirección Administrativa a su cargo.
Por su parte, la fiscala Verónica Valdez indicó que el testigo prestó aclaraciones sobre la adquisición de bienes y los pagos de servicios, entre ellos, las reparaciones vehiculares. Sostuvo que el exdirector confirmó el traslado de un rodado estatal hasta el taller de la firma perteneciente a Marcus Vinicius en Ciudad del Este.
MÁS TESTIGOS
La audiencia oral proseguirá el martes 29 de setiembre con la declaración de más testigos. Una vez concluida esta etapa, se ingresará a la fase de alegatos finales, donde el Ministerio Público solicitará los años de cárcel para el exalto funcionario del gobierno de Mario Abdo Benítez.
En este juicio ya han declarado numerosos testigos, incluido el propio Marcus Vinicius y exfuncionarios de la firma Black Eagle SA. Entre ellos, el exgerente de la empresa Gilberto Enciso aportó datos que comprometen la situación procesal de Giuzzio. Igualmente, declaró el exviceministro de Seguridad Interna Pablo Ríos, quien afirmó haber recibido órdenes directas de Giuzzio para negociar con Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua el blindaje de patrulleras de la Policía Nacional.
Ríos indicó que la firma Ombú SA, a través de su gerente Gilberto Enciso, presentó una nota de presupuesto al Ministerio del Interior. Dicho documento fue recepcionado por el propio Ríos, quien luego se lo entregó al entonces ministro. Asimismo, se constató que el acusado visitó las instalaciones de Ombú SA en Ciudad del Este, donde se tomaron varias fotografías dentro del taller y una foto general con los empleados de la empresa.
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Fiscalía pidió salida procesal para el extesorero del Consejo de Salud de CDE
El Ministerio Público solicitó la aplicación de la suspensión condicional del procedimiento para Salem Esgaib Zugaib, extesorero del Consejo Local de Salud del Hospital Regional de Ciudad del Este (CDE), en el marco de la causa abierta por la supuesta comisión del hecho punible de lesión de confianza que habría ocasionado un perjuicio de más de G. 757 millones a las arcas de la municipalidad esteña durante la gestión de Miguel Prieto.
El procesado prestó una colaboración efectiva con las investigaciones llevadas a cabo por la Fiscalía en este caso, dando información relevante para el avance de las pesquisas. El Ministerio Público pidió que el imputado entregue al contado G. 50 millones, o el monto que el juzgado considere pertinente en concepto de reparación del daño social causado a ser destinado en el lugar a ser dispuesto por el magistrado interviniente, entre otras reglas de conducta.
Según las investigaciones desarrolladas por los fiscales Silvio Corbeta y Verónica Valdez, la suma de G. 757.166.276 fue el resultante de las diferencias entre lo pagado por el Consejo Local de Salud y lo efectivamente construido o ejecutado por las empresas constructoras SERVMAQ y M&M, por obras realizadas dentro del Hospital Regional de Ciudad del Este entre diciembre de 2019 y agosto de 2022.
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Esta situación se habría dado a través de la concesión de aportes ordenados por el investigado intendente, quien en ese periodo habría dispuesto, a través de resoluciones, diez transferencias a favor del Consejo Local del Hospital Regional, de las cuales una parte importante de estos aportes habrían sido utilizados para inversión física y edilicia en otras realizadas dentro del centro médico.
Según las pesquisas, ninguna de las inversiones físicas realizadas por el Consejo de Salud Local habían sido controladas por la Intendencia de Ciudad del Este a través de los fiscalizadores de obras, como debió acontecer.
Asimismo, según las investigaciones, nunca existió un concurso de proveedores, sino más bien se habrían dado contrataciones directas a constructoras con nexos y vinculaciones políticas, administrativas, entre otras, con el exintendente e incluso con el presidente del Consejo de Salud.
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Exsecretario privado de Giuzzio confirma reunión con Vinícius
El encuentro tuvo lugar en la FOPE donde se realizó una muestra de chalecos antibalas de calibre .50.
Diego Cano, exsecretario privado del exministro del Interior Arnaldo Giuzzio, confirmó que el presunto narcotraficante detenido en Brasil, Marcus Vinícius Espíndola Marques de Padua, se reunió con Giuzzio en la sede de la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) en el año 2021. En dicha sede policial se realizó la prueba de chalecos antibalas de calibre .50.
Las declaraciones del exfuncionario del Ministerio del Interior se dieron en el marco del juicio oral y público que enfrenta el exministro del gobierno de Mario Abdo Benítez. Giuzzio está acusado por cohecho pasivo agravado, tras presuntamente recibir favores del supuesto “pez gordo” del narcotráfico, hoy recluido en el vecino país.
Cano indicó al tribunal de sentencia que Espíndola habría estado en el encuentro como acompañante del presunto propietario de la empresa Black Eagle, de apellido D’Ecclessis (no indicó el nombre), en una reunión en la que estuvieron presentes, además del ministro Giuzzio, representantes de la Policía Nacional, la Fuerza de Tarea Conjunta, la Dimabel y la Senad. Ese día se llevaron a cabo demostraciones de los chales que, de acuerdo con los oferentes, podían soportar balas de calibre .50..
ACUSACIÓN
La Fiscalía paraguaya sostiene que el exministro Arnaldo Giuzzio mantuvo vínculos con el presunto narco Marcus Vinícius Espíndola, evidenciados por conversaciones de WhatsApp que indican encuentros personales y el uso de una camioneta blindada del narco para vacacionar.
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Giuzzio aprovecha escenario de dolor para ocupar papel de víctima y lanzar ataques
El exministro del Interior, Arnaldo Giuzzio se refirió a la muerte de Daniel Alberto Farías Kronawetter, exasesor de Inteligencia durante el gobierno de Mario Abdo Benítez.
Ambos están bajo investigación, el primero por sospechas de vínculos con el narcotráfico y el fallecido afrontaba un proceso por presunta filtración de datos de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).
Lo recordó como un colaborador en cuanto a provisión datos ya desde el Ministerio de Hacienda donde se desempeñó como analista y luego desde el Ministerio del Interior, donde ocupó el cargo de asesor.
Dijo que siempre se mostró con “un perfil bajo” de analista vinculado principalmente al ámbito de la inteligencia financiera.
Sin embargo, Giuzzio atacó que fue un “invento procesal penal” de la Fiscalía la acusación y expresó que el funcionario había sido trasladado al Congreso Nacional donde estaba en Recursos Humanos.
Una vez más Giuzzio se puso en posición de víctima y aprovechó el trágico suceso para cuestionar al “cartismo”.
“Me imagino que estarán muy contentos y bailando en una pata”, sostuvo el exparlamentario y exfiscal a la 1080 AM, dejando entrever que la pérdida humana puede ser motivo de alegría para algunos sectores políticos.
“El cartismo es amargura, es sangre, es revanchismo, es venganza. La muerte probablemente sea una de las expresiones más injustas porque mueren los que no tienen que morir y no mueren los que tienen que morir”, arguyó.
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