La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) recibió de manera oficial el castigo de parte de la FIFA, que confirma que el Defensores del Chaco no podrá estar repleto el próximo jueves 5 de junio, en el juego ante Uruguay (20:00) por las Eliminatorias Sudamericanas camino al Mundial 2026.
La matriz del fútbol mundial, que organiza el clasificatorio mundialista, decidió sancionar a Paraguay por los cánticos racistas y discriminatorios de los aficionados durante el triunfo ante Chile, el pasado 20 de marzo en Sajonia.
El castigo consiste en la reducción del 15 % de la capacidad del estadio Defensores del Chaco para el choque ante los uruguayos. Serían alrededor de 5.000 lugares menos, recordando que el coliseo deportivo mencionado tiene capacidad para 35.000 hinchas. La Asociación Paraguaya de Fútbol también deberá pagar una multa de 30.000 dólares (alrededor de 238.940.000 de guaraníes).
La sanción también se aplicó por “fallas de seguridad y por utilización de pirotecnia de parte de una de las barras”.
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APF presentó proyecto de Fair Play Financiero
La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), con su presidente Robert Harrison a la cabeza, presentó el proyecto de Fair Play Financiero a los clubes de la Primera División. El objetivo es fortalecer la economía de las instituciones y garantizar un desarrollo sostenible del fútbol paraguayo.
Inspirado en la normativa financiera aplicada por la UEFA y otros organismos, el Fair Play Financiero de la APF tiene tres pilares: sustentabilidad, orden y control de costos y gastos. El proceso es apoyado por la Conmebol, enmarcando a la APF en las mejores prácticas y consolidando su posición.
La APF busca preservar la salud financiera del fútbol profesional, promover transparencia y responsabilidad en la gestión de los clubes y asegurar que el éxito deportivo no dependa exclusivamente del poder económico, sino de la planificación, talento y estrategia. El proyecto establece reglas para mantener equilibrio entre ingresos y gastos; evitar deudas excesivas con jugadores, cuerpo técnico, otros clubes y autoridades fiscales; garantizar reportes financieros auditados y transparentes; y promover inversiones responsables en infraestructura y desarrollo deportivo.
Contempla varias etapas: diagnóstico, desarrollo de un modelo estandarizado de reporte financiero, capacitación a clubes y controles periódicos. Se busca garantizar un proceso ordenado, transparente y sostenible que permita a los clubes adaptarse progresivamente al nuevo modelo de gestión financiera.
El Fair Play Financiero forma parte de un proceso complejo y sostenido que la APF viene desarrollando desde hace varios años, con iniciativas que incluyeron la implementación de requisitos bancarios y documentales en los clubes, la creación del Sistema de Licencia de Clubes como órgano de control y apoyo, la consolidación de procesos de trazabilidad y la formalización financiera de las instituciones. La hoja de ruta prevé ahora la realización de reuniones de trabajo conjuntas con los clubes de la División de Honor, complementadas con un seminario específico sobre el proyecto, con el fin de avanzar de manera ordenada y participativa hacia su plena implementación. El presidente Robert Harrison destacó que el Fair Play Financiero representa un avance significativo en la modernización del fútbol paraguayo, alineando la gestión de los clubes con criterios internacionales de sostenibilidad.
“Queremos un fútbol competitivo, sólido y responsable. Con este proyecto estamos garantizando el futuro de nuestros clubes y del espectáculo deportivo que tanto apasiona al país”, explicó Harrison.
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Vuelven a encontrar productos vencidos en sucursales del minimercado suspendido
El director de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa), Dr. Jorge Illou, confirmó que luego de hacer varias reinspecciones en locales del minimercado suspendido, volvieron a encontrar productos vencidos en las góndolas, además de promociones en 2x1 (de productos vencidos).
“En la reinspección volvimos a encontrar irregularidades en varios locales. Aunque no tenemos un informe definitivo, porque los controles siguen realizándose, todos los documentos que tenemos está evidenciado y rubricado por el responsable técnico del sector”, explicó el director de Dinavisa a la 1020 AM.
Sobre lo último, volvió a reiterar que la suspensión de algunas sucursales de la cadena de minimercados fue porque se constató en una intervención, que contaban con un único proveedor que abastece todos esos productos reetiquetados a todos los locales. Además, el Dr. Illou confirmó que la empresa se expone a un cierre y multa pecuniaria por 1.000 jornales.
Ayer en horas de la tarde, Giuliano Caligaris, directivo de la firma, habló con medios locales y asumió el error que se cometió luego de la sanción que recibió por parte de Dinavisa y la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco).
“Asumimos los errores involuntarios que se detectaron, pero el cierre de toda la cadena es una medida totalmente desproporcional. Lo que puede pasar es que un colaborador, al recibir el nuevo precio, pese de nuevo el producto, imprima la nueva etiqueta y la coloque encima de la anterior. Eso es un error humano, un error indeseado, que evitamos a toda costa, pero sí se dieron casos detectados”, manifestó.
Indicó además que la compañía no impulsa ni aprueba esa forma de trabajo, y que se trata de fallas operativas aisladas. El directivo insistió en que la empresa está reforzando sus protocolos internos para prevenir que estos hechos se repitan, al tiempo que colabora con las autoridades para subsanar cualquier irregularidad.
Otras empresas también fueron intervenidas por la Dinavisa, tales como plantas envasadoras de agua para consumo humano, donde se detectaron incumplimientos de buenas prácticas de higiene y desvíos en las especificaciones físico-químicas, y se confirmó tras los análisis microbiológicos realizados, que el producto no era apto para el consumo.
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Utilizar la banquina de forma indebida tiene una multa
El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) recuerda a la ciudadanía que el uso indebido de la banquina constituye una infracción grave y, por ende, su multa es de G. 1.115.020.
De acuerdo con el artículo 21 de la Ley N.º 5016/14 “Nacional de Tránsito y Seguridad Vial”, la banquina es el espacio lateral de la vía “destinado a la detención de vehículos en caso de emergencia y a la circulación de peatones y bicicletas, cuando no exista un espacio específico para ello”
Su uso para adelantamientos, circulación durante embotellamientos, estacionamientos injustificados o cualquier otra finalidad no autorizada está expresamente prohibido.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear multas de 5 a 10 jornales mínimos legales, lo que equivale actualmente a G. 1.115.020, según la reglamentación vigente de la Patrulla Caminera.
El MOPC advierte que, más allá del castigo económico, el uso indebido de la banquina representa un riesgo real: puede obstruir el paso de ambulancias, patrulleras y otros vehículos de emergencia, poniendo en peligro vidas humanas en situaciones críticas.
En situaciones que sí lo requieran, los vehículos deben exhibir dispositivos de advertencia visibles, como balizas u otros elementos, para prevenir incidentes con el resto de los usuarios de la vía.
Es muy común ver en las rutas el tránsito casi normal de motocicletas por la banquina, eso está totalmente prohibido, señalan desde el ministerio.
También los vehículos suelen utilizar este sector del pavimento para adelantarse y acortar las colas en las rutas.
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Plantean cárcel o multa para mitigar los perfiles falsos y la estafa digital
El diputado liberal Freddy Franco, presentó el proyecto para castigar con cárcel o multa a aquellas personas que se adueñen de cuentas, creen perfiles sociales falsos para realizar estafas y difamaciones o roben claves.
La iniciativa apunta a establecer un marco legal específico con el fin de proteger la identidad digital, la privacidad y la seguridad de los usuarios de redes sociales y plataformas digitales. El proyecto de ley contempla la creación de un Consejo de Ciberseguridad con participación de sectores estratégicos del Estado y la sociedad civil.
También plantea la creación de una identidad electrónica oficial para los ciudadanos. “Presentamos este proyecto referente a la suplantación de identidad, mucha gente termina siendo estafada, cuando empiecen las denuncias contra los perfiles falsos hará que se mitigue la cantidad de los mismos que tienen la intención de quitar réditos económicos o de degradar a las personas”, comentó a la 1080 AM.
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El proyecto propone una pena privativa de libertad de 1 a 3 años o multa de 100 a 500 jornales mínimos para quien, mediante cualquier medio o técnica, acceda o se apropie de un perfil o cuenta en una red social.
Asimismo, plantea la pena carcelaria de 6 meses a 2 años para el que cree un perfil falso con datos de otra persona con el fin de engañar, perjudicar o cometer otro hecho punible. “Las personas de la tercera edad son muchas veces víctimas de esta situación”, indicó.
Franco acotó que “este proyecto fue acercado a través de una asociación de informáticos. Vamos a hacer audiencia pública, vamos a llevar a las comisiones, y las comisiones van a ser las que van a decidir”, sostuvo.
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