Como parte de las investigaciones acerca del supuesto intento de golpe de Estado en enero de 2023, el general de la reserva del Ejército brasileño, Mário Fernandes, reconoció ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil ser autor de “Puñal verde y amarillo”, un documento en el planeaba el asesinato de varios altos dirigentes que incluía incluso al presidente Lula da Silva, el juez Alexandre de Moraes y el vicepresidente Geraldo Alckmin.

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El militar explicó que el texto fue redactado e impreso en el Palacio del Planalto, lugar en el que prestaba servicio en ese momento, pero agregó que “fue destruido inmediatamente y jamás fue compartido con nadie”.

También se excusó diciendo que el archivo “era solo una idea digitalizada” tras las elecciones de 2022 em las que el actual mandatario Da Sila resultó vencedor ante su rival Jair Bolsonaro.

“Es un archivo digital. No es más que un pensamiento mío digitalizado. Una recopilación de datos, un estudio de situación, un análisis de riesgos que realicé, y por costumbre, decidí digitalizarlo. No se lo mostré a nadie, no se lo compartí a nadie. Hoy me arrepiento de haberlo digitalizado”, declaró según se hace eco el medio RT.

Los investigadores de la Policía Federal concluyeron que el plan fue redactado por Fernandes en noviembre de 2022, apenas un mes después de que se conociera el resultado electoral que favoreció a Luiz Inácio Lula da Silva.

Y más, este plan fue debatido por militares en la vivienda particular del general Braga Netto, exministro de Jair Bolsonaro y compañero de fórmula en la campaña presidencial.

Según el medio, “Fernandes también reveló que en el entorno más cercano de Bolsonaro se debatía un posible decreto presidencial que permitiese una intervención del Ejecutivo sobre otros poderes, bajo argumentos supuestamente constitucionales. “Le hice un llamado al general Ramos, entonces asesor de Bolsonaro: si ese movimiento existe y está dentro de la Constitución, ¿por qué no reforzarlo?”, relató“.

Sin embargo, la confabulación no logró mantenerse en secreto. La intriga se filtró tras la delación del teniente coronel Mauro Cid, exayudante de Bolsonaro, quien “declaró que Braga Netto incluso habría financiado parte de la operación y que entregó dinero en una bolsa de vino al mayor Rafael Martins de Oliveira, otro implicado”.

Como parte del proceso que se le sigue al expresidente brasileño Jair Bolsonaro, la semana pasada, el magistrado Alexandre de Moraes ordenó medidas cautelares a Bolsonaro, entre ellas, el uso de una tobillera electrónica.

Los defensores de Bolsonaro se apresuraron ayer jueves a explicar ante la Justicia que su defendido no había violado ninguna medida cautelar judicial luego de que aparecieran las declaraciones del expresidente en redes sociales, puesto que que el mandatario recibió la expresa prohibición de utilizar esos medios.

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Bolsonaro arguyó que él no podía ser responsable de los hechos de terceros si otros utilizaban sus declaraciones en las redes.

Aunque nacer y morir son parte natural de la vida, hay algunos lugares de Europa e incluso América del Sur donde están completamente prohibidos y aunque puede parecer insólito, las razones incluyen condiciones climatológicas, carencias de infraestructura y creencias culturales.

En Fernando de Noronha, Svalbard y Ciudad del Vaticano se debe trasladar a los habitantes con el objetivo de que nazcan en condiciones favorables y, de la misma manera, para que puedan morir y ser sepultados como corresponde, ya que en estos lugares no es posible.

Ninguna mujer puede parir en la isla Fernando de Noronha, archipiélago ubicado a 365 kilómetros de la ciudad de Natal, Brasil. Se trata de uno de los santuarios marinos mejor conservados del Atlántico Sur. Las embarazadas deben salir de la isla en el séptimo mes de gestación e ir hasta Recife, ubicado a 545 kilómetros, para el nacimiento de su bebé.

No se puede nacer ni morir, aunque no exista una ley formal que lo decrete. La decisión se debe a que el único hospital de la isla, denominado São Lucas, cerró su sala de maternidad en 2001 y tampoco cuenta con una sala de terapia de alta complejidad, por lo que la mayoría de los adultos y personas con pronóstico reservado son trasladados de la isla.

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Las personas que fallecen en Longyearbyen, archipiélago de Svalbard, no pueden ser enterradas en el cementerio local desde 1950, cuando los habitantes descubrieron que los cadáveres no se descomponían a causa del clima gélido y el permafrost que impregna todo el suelo.

Aunque sí está permitido enterrar urnas de cremación, muchos de sus habitantes optan por abandonar la isla en sus últimos días y trasladarse a Noruega, al continente europeo. En caso de que las personas sean sorprendidas por la muerte, se las entierra en los cementerios de la ciudad más cercana. También hace años, se alienta a las mujeres a regresar a Noruega tres semanas antes para dar a luz.

Como la residencia en la Ciudad del Vaticano está relacionada en función del trabajo y servicio, no están permitidos los nacimientos. Sin embargo, si por alguna circunstancia fuera de lo común una persona nace en dicho territorio, las autoridades registrarán a la niña o al niño en la ciudad de Roma y tendrá nacionalidad italiana.

Las únicas personas que son ciudadanas del Vaticano son aquellas que ejercen funciones dentro de la Santa Sede. La ciudadanía solo está reservada para cardenales que residen dentro del Vaticano, diplomáticos, personas que trabajan allí y, en algunos casos, cónyuges e hijos de los trabajadores.

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La Policía Nacional intervino ante un hecho de homicidio doloso producido con arma blanca, ocurrido en el barrio Santa Lucía de la ciudad de Lambaré, donde resultó víc­tima un adolescente de 17 años de edad, siendo sindi­cado como supuesto autor Félix Ariel Arzamendia Tri­nidad, de 27 años, quien fue aprehendido.

Según las investigaciones, el hecho se registró durante una pelea entre el aprehen­dido y su pareja sentimental cuyo hermano menor, la víc­tima, al intentar defenderla fue herido de gravedad pre­sumiblemente con un arma blanca, lo cual le causó la muerte. En el caso intervino personal de la Comisaría 15.ª de Asunción y se dio partici­pación a personal del Depar­tamento de Investigación de Homicidios, Criminalística y al médico forense.

Asimismo, todo lo actuado fue comunicado al agente fiscal de turno, quien deberá citar al detenido para la audiencia indagatoria para luego pre­sentar la imputación corres­pondiente contra Arzamen­dia. Una vez que sea imputado el detenido tendrá que com­parecer ante el juzgado penal de garantías de turno de la capital para la audiencia de imposición de medidas cau­telares.

En la diligencia judicial se definirá si el detenido será remitido a una penitencia­ría del país, donde perma­necerá privado de libertad a la resulta del proceso penal. Los familiares exigen justi­cia por la pérdida de la joven vida y esperan que el Minis­terio Público realice un buen trabajo investigativo.

La madre del fiscal Mar­celo Pecci, Maricel Albertini, se refirió a la decisión del Juzgado Ter­cera Penal de Cartagena que condenó a Margareth Lizeth Chacón Zuñiga por su impli­cancia en el asesinato del agente fiscal paraguayo. La mujer de 43 años es sindicada por el Ministerio Público colombiano como la princi­pal responsable de organizar y financiar el crimen.

“Pedimos la sentencia máxima, ojalá que pueda darse, ya que ella no colaboró para nada en la causa, pese a que las leyes colombianas ayudan a este tipo de gente. En todo momento se declaró inocente, que esto era injusto, pero las pruebas dicen que ella fue quien organizó, sabe quién dio la orden en Paraguay, no lo dice por temor ante las revanchas”, sostuvo en una entrevista con el pro­grama “Arriba hoy”, emitido por el canal GEN y Universo 970 AM/Nación Media.

El fiscal de la causa Mario Burgos requiere al sistema de justicia colombiano una sentencia de 42 años y 7 meses de cárcel, mientras que la defensa de la familia Pecci, ejercida por el abogado colombiano Francisco Ber­nate, solicita una pena de 57 años de prisión.

“Desde el vamos estuvo invo­lucrada, está bien demostrado que tuvo una participación muy fuerte en todo esto. Ella tiene que morir en la cárcel, sufriendo hasta la muerte, así como nosotros estamos sufriendo. No pensó que mató a un hijo. La Fiscalía y los tri­bunales de Colombia traba­jaron muy bien, con mucha prontitud, el trabajo fue exce­lente, un ejemplo para todos”, remarcó.

El asesinato de Pecci fue eje­cutado en una playa privada de Barú, el 10 de mayo de 2022. De acuerdo a las inves­tigaciones, se determinó que Chacón Zuñiga participó en varias reuniones 5 días antes de ejecutar la muerte de Pecci, quien se encontraba de luna de miel con su esposa.

Agrega además que los encuen­tros fueron concretados en las ciudades de Medellín (Antio­quia), Aguachica (César) y en Cartagena (Bolívar), donde asesinaron al agente de la Uni­dad Especializada de Lucha contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico.

El Ministerio Público colom­biano también sostiene que la camioneta de la mujer fue utilizada para transportar el dinero y las armas usa­das para acabar con la vida de Pecci, razón por la cual el fiscal Mario Burgos afirma que debe ser sentenciada por homicidio agravado en con­curso con tráfico, fabrica­ción y porte ilegal de armas de fuego o municiones.

Un juez de Colombia condenó el pasado lunes a una mujer que ayudó a planear el homicidio del fiscal antimafia paraguayo Mar­celo Pecci, asesinado en mayo de 2022 frente a su esposa emba­razada durante su luna de miel, informó la Fiscalía. El ente acu­sador “demostró en juicio que Margareth Lizeth Chacón Zúñiga participó en la planeación del crimen del fiscal paraguayo Mar­celo Pecci Albertini”, según un boletín de prensa. Se trata de la tercera condena en Colombia por el asesinato de Pecci, quien había investigado a bandas de Brasil, además de lavadores de dinero libaneses de la Triple Frontera de Paraguay, Brasil y Argentina. Los hermanos Ramón Emilio y Andrés Felipe Pérez, quienes llegaron a Cartagena junto a Chacón para encargarse de la logística del crimen y pagar a los sicarios, ya fueron sentencia­dos a 25 años y seis meses de prisión.