La Cámara de Apelación ratificó la orden de captura contra el exjefe de Gabinete de la Gobernación de Central, Miguel Ángel Robles, para que sea detenido y puesto a disposición de la Justicia a fin de cumplir su condena de 10 años de prisión por el desvío de G. 5.105 millones de fondos covid-19, causa en la que también fue condenado el exgobernador Hugo Javier González.

Los camaristas declararon inoficiosa la apelación planteada por Guillermo Duarte Cacavelos, defensor del condenado, y no analizaron sus cuestionamientos contra la resolución del juzgado de ejecución debido a que la legislación procesal no permite litigar en rebeldía.

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“Todo reclamo de la defensa será atendido una vez que el condenado se ponga a disposición de la Justicia y admita las reglas del procedimiento, que son de orden público y obligatorias para las partes”, señala parte de la resolución.

Además de ordenar su captura, el Juzgado de Ejecución había intimado a Robles a presentarse ante el juzgado o, en su defecto, en una comisaría o penitenciaría habilitada para dar cumplimiento a la condena. En caso de que continúe prófugo, el juez dispuso la ejecución de las millonarias fianzas establecidas sobre varios inmuebles, que en total ascienden a G. 6.004.733.736. Por este mismo caso, el exgobernador de Central, Hugo Javier González, ya se encuentra cumpliendo su condena privado de libertad.

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• Por Benjamín Livieres
• Analista político

La “Mesa energética” convocada por el Gobierno hace un par de semanas, cuyas funciones debe­rían servir a los fines de abordar los serios problemas de nuestro sistema eléctrico, se limitó sin embargo al anun­cio de proyectos legislativos destinados a crear un ministerio del sector y un ente regulador. Nada se dijo sobre la admi­nistración del escaso excedente que aún disponemos –y utilizaremos en su tota­lidad en el 2030, si no antes–, ni de la inexistencia de planes concretos para crear nuevas fuentes de generación, ni de la tarifa de la Ande, aspectos clave hace frente a la crisis que se avecina.

No se trata de contraponer las refor­mas institucionales a las medidas prácticas, de urgencia, que deben implementarse para disipar la tor­menta que asoma en el horizonte. Se trata de definir prioridades, plasmar­las en una hoja de ruta y designar a los responsables de formular e imple­mentar los planes aprobados. Hasta el momento, desconocemos la postura del Ejecutivo respecto a cómo piensa encarar todas estas cuestiones, aun­que, a juzgar por declaraciones de sus referentes de mayor peso, pareciera no dimensionar la magnitud de lo que se aproxima. De esto probablemente se derive la limitada agenda de la “Mesa energética” y el ritmo pausado de sus actividades.

Tampoco estamos al borde del colapso, como algunos profetizan. No habrá “un apagón” generalizado en 3 o 4 años, cuando habremos de utilizar todo el excedente de las hidroeléctricas, ni el Paraguay quedará a oscuras a partir de entonces. Cuando nos acerquemos a esa realidad seguramente se habrá de desconectar una parte de las criptomi­neras, que consumen grandes bloques de electricidad, y esto aportará algo de “alivio”. Pero si no incorporamos nue­vas fuentes de generación, los apago­nes comenzarán a aflorar primero en horarios de mayor consumo, después en otras franjas del día y a ellos tam­bién se irán sumando problemas de transmisión.

Las respuestas oficiales, además de escasas, son insuficientes. Dicen que se instalará una planta solar en el Chaco y que está en marcha la maqui­nización del brazo Aña Cuá. Pero la realidad es que la primera tendrá una capacidad de 140 MW y el lla­mado a licitación sigue en los papales, mientras la segunda significará en su momento 135 MW más, es decir, 275 MW en total, frente a los 400 MW/año que debimos incorporar desde hace varios años, según el Plan Maes­tro de la Ande, pero no lo hicimos.

Así, de no revertirse la tendencia actual, corremos el riesgo cierto de que nos suceda algo inimaginable durante las últimas décadas: dejar de ser “un país con abundancia de energía” y conver­tirnos en importadores. O bien que, pre­sionados por la situación de escasez, terminemos abdicando a la voracidad de empresas privadas que nos vendan la solución a costos muy altos. En cual­quiera de estos casos, de lo que no nos salvaríamos es de sacar más plata de nuestros bolsillos para pagar la boleta de electricidad todos los meses.

Lo importante de esta historia es que aún estamos a tiempo de evitar llegar a ese momento indeseado, a condición, claro está, de rectificar rumbos. Y esto comienza por asumir la realidad tal cual se nos devela, que no es agitando el cuco del apocalipsis, pero tampoco ignorando o minimizando lo que pasa, sino dimensionando la situación en su justa medida, que es delicada, y obrando en consecuencia. En palabras simples, reconociendo que “tenemos un pro­blema”, como lo hicieron los astronau­tas de la misión Apolo 13 en aquella céle­bre frase, y a partir de ahí recibieron las ayudas necesarias para volver a casa.

El exgerente periodístico de Canal 9, Carlos Granada, deberá volver a la cárcel para cumplir una condena de 10 años de pena privativa de libertad, tras ser declarado culpable por acoso sexual, coacción y coacción sexual.

Así lo resolvió la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación promovido por la defensa del condenado, con lo cual queda firme la sentencia de 10 años de prisión.

Los ministros de la máxima instancia judicial Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes concluyeron que el recurso no cumplía con los requisitos de fundamentación exigidos por la ley, por lo que rechazaron su estudio.

De esta manera, quedó confirmada la resolución dictada en primera y segunda instancia. Granada se encontraba con libertad ambulatoria desde marzo de este año, pero con la presente determinación tendrá que regresar a un centro penitenciario.

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En su resolución, la Corte señaló que no es suficiente afirmar que un fallo es infundado o expresar críticas y agravios, sino que tales cuestionamientos deben estar respaldados por argumentos jurídicos pertinentes y suficientes, requisito que, a criterio de la Sala Penal, no fue cumplido en este caso.

Granada fue condenado en noviembre del año pasado, luego de que un Tribunal de Sentencia concluyera que, mientras se desempeñaba como gerente de prensa del Grupo Albavisión, incurrió en conductas reiteradas y patrones similares de acoso y coacción contra las víctimas, aprovechando la posición jerárquica que ocupaba.

La sentencia también tuvo por acreditado que las víctimas eran jóvenes, estudiantes o pasantes que atravesaban una situación de vulnerabilidad económica. Durante el juicio se expusieron episodios reiterados de contactos físicos indebidos y otras conductas agresivas atribuidas al condenado.

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El Pleno de la Corte Suprema de Justicia deberá estudiar, en su sesión plenaria, la terna remitida por el Consejo de la Magistratura para el cargo en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de Asunción. Los ternados son: el actual camarista Carlos Alfredo Escobar, Amy Beverluyn Lezcano Jara, y el actual juez civil Édgar Rivas, quien es sumamente cuestionado por firmar fallos llamativos.

El magistrado Rivas Laguardia acumula varias críticas debido a que ha firmado fallos judiciales que estarían al margen de la ley. Una de las actuaciones más cuestionadas del citado magistrado ocurrió en el juicio civil caratulado “Ypyta S.A. Industrial, Ganadera y Comercial s/ Convocatoria de Acreedores”, donde pretendió habilitar la feria judicial a los efectos de consumar la transferencia irregular de un valioso inmueble ubicado en Pedro Juan Caballero.

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Asimismo, el magistrado Rivas ordenó en su momento el remate de la estancia “Cielo Azul”, perteneciente al presunto narcotraficante Luiz Carlos da Rocha, alias “Cabeza Branca”. Dicha propiedad ya estaba administrada por la Senabico cuando se ordenó la subasta. Esta irregularidad se evitó gracias a que el caso tomó estado público.

Los integrantes de la máxima instancia judicial deberán estudiar minuciosamente la trayectoria de cada uno de los ternados para elegir al nuevo miembro del Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Segunda Sala de la Capital.

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