Este martes, desde la Fiscalía informaron que siguen avanzando con la investigación del caso de María Fernanda Benítez y que hasta el momento todo apunta a que el principal sospechoso actuó solo. Además, que todo lo hizo premeditadamente según la geolocalización y los registros de cámaras de seguridad.

Según la fiscal Gloría Mabel Rojas, se tienen varios indicios que demuestran cómo actuó el joven, que sería sospechoso del crimen de María Fernanda y que lo habría perpetrado él solo. Se realizaron varios estudios técnicos y comparación de las evidencias.

“Se están firmando las primeras imputaciones que realizó la fiscal y que llevan a determinar que en el momento del hecho en la casa solamente estaba el adolescente. La geolocalización apunta a que la víctima y el victimario estuvieron en la casa desde las 12:00 hasta la 14:00″, expresó Rojas en entrevista con Telefuturo.

Agregó que el sospechoso salió de su vivienda a las 14:07 y se dirigió a la institución educativa para rendir. “En ese periodo los celulares de los padres del adolescente emiten señales en otras ubicaciones. La madre estaba en la escuela y el padre estaba hacia Caaguazú”, detalló.

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La representante del Ministerio Público manifestó que hasta la fecha aún no recibieron el informe del laboratorio forense en el que se determinará cuál fue la verdadera causa de muerte de la adolescente. Además, el médico forense sigue estudiando parte del órgano y feto, al que se le practicó la prueba de ADN.

Desde el departamento de Investigaciones de la Policía Nacional remitieron los informes que indican que el crimen ocurrió entre las 12:00 y las 14:00, tiempo en que las cámaras de la vivienda estuvieron desactivadas, por la geolocalizaciones de los celulares. En los próximos días se aguarda el contenido estos.

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Hasta la fecha se tienen a seis personas imputadas en el crimen de María Fernanda, entre ellas el joven de 17 años, principal sospechoso con quien se la ve por última vez en la moto. También, Mikahella Rolón, presunta instigadora del crimen y Franco Acosta, hijo del dueño de la farmacia que vendió las pastillas para el aborto.

Así también, se logró detener a los padres del sospechoso, quienes fueron imputados por exposición al tránsito terrestre porque su hijo usó la moto y guardan prisión preventiva. Además de Ricardo Villamayor, padre de la novia en cuya vivienda se encontró el biciclo, este guarda prisión domiciliaria.

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Este 2 de julio se tendrá que desarrollar la audiencia preliminar para Heriberto Antonio Duarte, quien fue inicialmente imputado por estafa con un perjuicio que sería de US$ 91.000, pero el Ministerio Público -de forma llamativa- pidió el sobreseimiento provisional del procesado. La diligencia judicial se desarrollará ante la jueza penal de Garantía de Lambaré, Ana Esquivel, quien definirá si blanquea parcialmente al imputado o en su defecto imprime el trámite de oposición.

El Ministerio Público, de forma llamativa, pidió la desvinculación parcial del proceso de Duarte Martinetti argumentando que debe realizar varias diligencias investigativas, aunque ya fueron realizadas por la anterior representante de la Fiscalía, por lo que resulta raro la presentación que realizó la fiscala.

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Entre algunas diligencias que propuso realizar la fiscala Mayor se encuentra la simple declaración de varias personas, así como pedidos de informes a la Dirección de Estadística Civil del Poder Judicial para poder saber cuántos juicios civiles tiene Duarte Martinetti.

Ante el pedido de sobreseimiento provisional, la jueza Ana Esquivel deberá estudiar si corresponde dar trámite de oposición y en caso de ser así, será la Fiscalía adjunta de Central la que podrá rectificar y acusar al procesado Duarte o ratificar la desvinculación parcial del procesado.

Meses atrás, la fiscala Laura Romero formuló imputación contra Heriberto Duarte por el delito de estafa, atendiendo a que el 18 de agosto del 2020, el señor Darío Ramón Mongelós realizó una transacción comercial con el hoy imputado, quien le ofreció una camioneta Toyota Hilux año 2020 por la suma de USD 65.000.

Pero al momento en que la víctima de la estafa exigió a Duarte Martinetti la transferencia del rodado, este se hizo del desentendido y no se pudo realizar la transferencia atendiendo a que la camioneta contaba con demandas judiciales y ejecución de prenda. Según la Fiscalía, se tiene un perjuicio de USD 91.000.

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El reciente rescate de una niña de tres años, sola y angustiada en un departamento del segundo piso en pleno centro de Ciudad del Este, vuelve a poner sobre la mesa un delicado debate: ¿en qué momento el dilema cotidiano de una madre se convierte en una violación al deber de cuidado?

El hecho ocurrió este lunes, cuando transeúntes notaron a la pequeña asomada a una ventana, llorando desconsoladamente. Bomberos voluntarios y agentes de la Policía Nacional acudieron al llamado de emergencia y hallaron a la niña completamente sola. Las ventanas del edificio estaban abiertas, lo que aumentaba el riesgo de un accidente.

La madre, según relató Balbina Almada, representante de Codeni, llegó minutos después y explicó que se había ausentado por unos 15 minutos para comprar leche y pañales. Justificó su decisión alegando que no quería exponer a su hija al intenso frío, ya que solo contaba con una motocicleta como medio de transporte.

“Es un dilema real que enfrentan muchas madres solas, pero en este caso, su decisión implicó una falta grave”, indicó Almada y agregó que “dejar a una niña de tan corta edad sin supervisión, y con acceso a una ventana abierta en un segundo piso, representa una clara vulneración al deber de cuidado”.

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Aunque la niña fue hallada en buenas condiciones físicas y de higiene, el hecho generó un trauma: fue necesario forzar la puerta para rescatarla, y vivió momentos de miedo e incertidumbre. Como medida de protección, se dispuso una guarda provisoria a cargo de la abuela materna, mientras se evalúa la situación familiar.

Este caso evidencia una realidad compleja: la falta de redes de apoyo para madres solteras y el riesgo permanente de decisiones que, aunque nacen de la necesidad, pueden comprometer el bienestar de un menor.

La situación abre un necesario debate sobre cómo el Estado, la comunidad y las familias acompañan —o desamparan— a quienes tienen a su cargo el cuidado de niños pequeños.

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En Paraguay, el deber del cuidado hacia niñas, niños y adolescentes está respaldado por varias leyes, principalmente por el Código de la Niñez y la Adolescencia (Ley N.º 1680/01). Esta legislación establece con claridad las responsabilidades de madres, padres, tutores y responsables legales en la protección integral de los derechos del niño.

En caso de incumplimiento, existen algunas figuras en el Código Penal Paraguayo – Ley N.º 1160/97 (y sus modificatorias) que podrían aplicarse:

• Artículo 129 – Exposición al peligro: “El que ilegalmente expusiere a una persona incapaz de valerse por sí misma a un peligro de muerte o lesiones graves, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años”
• Artículo 130 – Violación del deber del cuidado o educación: “El que violare gravemente el deber de cuidado o educación con respecto a un menor de edad a su cargo, será castigado con pena privativa de libertad de hasta un año o con multa”

Este artículo se aplica en situaciones como la del caso de Ciudad del Este, donde una madre deja sola a una niña pequeña en condiciones de riesgo. No importa si fue por pocos minutos: el contexto, la edad de la menor y el entorno son los factores que agravan la omisión.

Este lunes, el abogado que acudió a la vivienda de los padres del principal sospechoso del crimen de María Fernanda Benítez afirmó que solo asesoró al joven y que no sabía por qué caso lo buscaban. Agregó que por ética, no piensa representarlo pese a la insistencia de los padres. El letrado es poblador antiguo de Coronel Oviedo y solo representa a la gente más humilde.

Según manifestaciones de Enrique Villagra, abogado, él fue convocado por la familia para una reunión y que fue hasta la casa. Durante ese encuentro, la familia le indicó que el joven contaba con una orden de captura y que le recomendó que se entregara, pero cuando se enteró de qué caso se trataba, se negó rotundamente a representarlo.

“No puedo ejercer la representación, por ética, en primer lugar, y porque tengo esa condición de representarle a la gente más humilde. Si sabía que se trataba de ese caso, jamás iba a acudir a ese lugar, porque es una circunstancia, un hecho indignante, que enluta a toda una familia”, apuntó Villalba, en entrevista con la 780 AM.

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Afirmó que el padre del sospechoso le manifestó que su hijo estaba con problemas, ellos ya tenían conocimiento de que su hijo tenía orden de captura. La recomendación fue que se entregue, en ese momento llamó a las autoridades y se constituyeron en el lugar para la detención.

“En todo momento me insistía para ejercer la representación, ya que soy abogado litigante desde hace 22 años, pero por cuestiones de delicadeza, ética profesional y como cristiano, yo le manifesté que no iba a poder asumir. Ni por más dinero que exista, para mí no es lo suficiente. Tengo mi familia, soy padre de familia, esa es la postura mía. De nada me sirve acumular dinero a costa de la sangre de inocentes”, puntualizó.

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