Un Tribunal de Apelación Penal ratificó la condena al exportero José Luis Chilavert en el juicio por difamación contra el titular de la Conmebol, Alejandro Domínguez; pero a través de su abogado Pedro Marinoni interpuso un Recurso Extraordinario de Casación, lo que fue declarado de inadmisible por la Sala Penal por carecer de sustento jurídico.
“Mediante el Acuerdo y Sentencia N.° 370 de fecha 24 de agosto de 2023, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha resuelto declarar inadmisible el Recurso Extraordinario de Casación promovido por José Luis Chilavert contra la sentencia de condena y la resolución del Tribunal de Apelación que confirmó esta. Señala la decisión que el recurrente siquiera ha invocado alguno de los motivos que sustentan la casación, no ha manifestado una motivación en razones de hecho y de derecho que demuestren la existencia de algún vicio respecto a la confirmación de su condena”, resalta la resolución de la Sala Penal.
Con el citado pronunciamiento, la condena dictada de 1 año de pena privativa de libertad, con suspensión en su ejecución, se encuentra firme y adquiere el carácter de cosa juzgada.
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Condenan a 76 años de cárcel a políticos que ordenaron asesinato de Marielle Franco en Brasil
La corte suprema de Brasil condenó este miércoles a 76 años de prisión cada uno a dos exparlamentarios que ordenaron el asesinato de la concejala Marielle Franco en 2018, un homicidio que expuso los vínculos entre la política y el crimen en Rio de Janeiro.
Franco, concejala, activista negra y lesbiana, fue acribillada a balazos por un expolicía el 14 de marzo de 2018. Tenía 38 años y viajaba en auto por el centro de Rio de Janeiro. Su chofer también murió.
El exdiputado Chiquinho Brazao, de 62 años, y su hermano Domingos, de 60, exlegislador de Rio, ordenaron el crimen como represalia por el trabajo político de Franco contra las milicias, grupos criminales que controlan zonas enteras de barrios populares de la ciudad carioca, según la corte.
Los Brazao, “no solo tenían contacto con la milicia. Ellos eran la milicia”, afirmó el magistrado Alexandre de Moraes, a cargo de este caso que conmocionó a Brasil.
Desde el concejo municipal, Franco se esforzó por impedir la expansión de las urbanizaciones ilegales dentro de los barrios pobres, una de las mayores fuentes de ingreso para las milicias.
Según la corte, la mujer fue asesinada para dar un “recado” a la clase política carioca.
Familiares suyos reaccionaron con llanto y abrazos tras conocer la pena contra los Brazao, al terminar este juicio abierto el martes en Brasilia, constató la AFP.
Política, racismo y misoginia
Formadas en Rio hace unos 40 años por expolicías como células de autodefensa contra el narcotráfico, las milicias se convirtieron rápidamente en temibles bandas que practican todo tipo de extorsiones.
El martes la defensa clamó la inocencia de los Brazao pero admitió abiertamente los vínculos del poder local con el crimen.
“Quien hace política en Rio y nunca les pidió votos a narcotraficantes o milicianos, que tire la primera piedra”, dijo Cleber Lopes, abogado de Chiquinho Brazao. La corte, de su lado, señaló el “racismo” y la “misoginia” de los condenados.
Marielle Franco era “una mujer pobre, una mujer negra que se atrevió a ir en contra de los intereses de milicianos, hombres y blancos”, relató Moraes.
Los hermanos fueron hallados culpables de doble homicidio calificado, organización criminal armada y la tentativa de homicidio de una asesora de Franco que sobrevivió al ataque.
La investigación se basó en la delación premiada de Ronnie Lessa, el expolicía que disparó una ametralladora contra Franco y que fue condenado a 78 años de prisión por el crimen en 2024.
Error de cálculo
“Este proceso me ha hecho mucho daño espiritualmente, mucho daño psicológicamente”, expresó a su vez la magistrada Carmen Lucia, única mujer de la corte suprema.
“¿Cuántas Marielles permitirá Brasil que sean asesinadas?”, enfatizó la jueza. Según la corte, los hermanos Brazao “no esperaban tal repercusión” tras el asesinato de Franco.
El lunes un grupo de 16 especialistas de la ONU afirmó en una carta que “los involucrados en la planificación y el encubrimiento de los asesinatos deben ser responsabilizados”.
- Fuente: AFP
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Caso Pecci: Corte de Colombia deja firme sentencia de 35 años de cárcel para Margareth Chacón
La Corte Suprema de Justicia de Colombia dejó firme la condena de 35 años de cárcel para Margareth Lizeth Chacón Zúñiga, sentenciada como coautora del homicidio agravado del fiscal paraguayo Marcelo Pecci Albertini. La máxima instancia judicial colombiana rechazó la acción presentada por la defensa de la condenada.
En su resolución, la Corte reiteró que la acción de tutela contra providencias judiciales solo procede en casos excepcionales de arbitrariedad manifiesta o vulneración evidente de derechos fundamentales. Asimismo, concluyó que la inadmisión del recurso de casación respondió al incumplimiento de requisitos técnicos y formales exigidos para dicho medio extraordinario, sin que se verificara una afectación al debido proceso ni al derecho a la defensa.
Igualmente, el tribunal consideró que la decisión del Ministerio Público de no promover el mecanismo de insistencia se ajustó a la naturaleza excepcional y discrecional de ese instrumento, señalando que este no constituye una tercera instancia ni habilita la reapertura del debate probatorio.
Otros condenados
Hasta el momento, en Colombia hay siete personas condenadas por el crimen, mientras que una más está a la espera de ser juzgada en Venezuela. Con sentencia de 23 años y 6 meses de prisión se encuentran:
- Wendre Still Scott (quien efectuó los disparos)
- Eiverson Adrián Arrieta (conductor de los sicarios)
- Marisol Londoño junto a Cristian Monsalve (encargados del seguimiento al fiscal).
- Los hermanos Ramón y Andrés Pérez Hoyos cumplen una condena de 25 años y 6 meses de cárcel.
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Confirman validez de imputación por lavado de dinero contra los directivos del banco Atlas
El Tribunal de Apelación, integrado por Camilo Torres, Silvana Luraghi y Paulino Escobar, ratificó la admisión de la imputación por presunto lavado de dinero contra el presidente del banco Atlas, Miguel Ángel Zaldívar Silvera, y otras ocho personas. La resolución se da en el marco de la denuncia presentada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol).
Asimismo, los camaristas validaron el acta de imputación contra los directivos de la entidad bancaria y confirmaron a la Conmebol como víctima del hecho punible. Con esta decisión, el Juzgado de Delitos Económicos deberá admitir la querella adhesiva presentada por el abogado Claudio Lovera.
Una vez que el expediente retorne al juzgado del juez Humberto Otazú, este deberá fijar la fecha para la audiencia de imposición de medidas cautelares. En dicha diligencia se determinará si Zaldívar litigará en libertad o bajo medidas restrictivas.
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El esquema de lavado
Los fiscales Jorge Arce, Francisco Cabrera y Verónica Valdez basan la imputación en operaciones realizadas en 2013 por el entonces presidente de la Conmebol, Nicolás Leoz.
Según el acta, Leoz efectuó depósitos y constituyó fideicomisos por USD 5.100.000, más G. 16.000 millones, sin que el banco Atlas solicitara la documentación respaldatoria requerida. Los contratos de fideicomiso adicionales alcanzan los USD 2 millones y G. 22.000 millones.
La denuncia de la Conmebol vincula estos fondos con el esquema de corrupción internacional conocido como FIFA Gate, basándose en publicaciones periodísticas y documentos judiciales de los Estados Unidos.
Además de Zaldívar, están imputados Jorge Enrique Vera Trinidad, Celio Tunholi, Eleno Martínez Duarte y José Miguel Páez Corvalán.
El Ministerio Público solicitó un plazo de seis meses para presentar el requerimiento conclusivo.
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Ratifican condena por tortura contra Walter Bower y otras dos personas
El Tribunal de Apelación ratificó la condena de 15 años de cárcel para Walter Bower, exminstro del Interior, sentenciado por tortura. Igualmente se confirmó la sentencia de 12 años de cárcel para Merardo Palacios y 6 años de Osvaldo Vera. Todos fueron sentenciados por hechos de tortura ante el intento de golpe de Estado contra el gobierno de Luis Ángel González Macchi.
Los camaristas que confirmaron el fallo judicial son Paublino Escobar, Jesús María Riera Manzoni y Lourdes Cardozo. Los mismos rechazaron que el juicio fuera nulo por las interrupciones y recesos, señalando que las pausas se debieron principalmente a incidentes y recusaciones planteadas por las propias defensas, y que no se demostró un perjuicio real al derecho de defensa.
Ahora la defensa de los condenados puede recurrir a la Corte Suprema de Justicia y en caso de ser así, los integrantes de la máxima instancia judicial deberán definir si corresponde confirmar la sentencia condenatoria.
Antecedentes
El 2000 fue un año crítico para Paraguay, marcado por la tensión política y las crisis institucionales. En medio de un clima de desconfianza hacia el gobierno de González Macchi, varios sectores dentro de las fuerzas de seguridad fueron acusados de conspirar contra el gobierno.
La detención de los supuestos implicados en el golpe de Estado se vio acompañada de denuncias sobre torturas durante los interrogatorios, hechos que luego fueron elevados a juicio.
La acusación principal recayó sobre Bower, quien en su rol de ministro del Interior habría sido responsable directo de las operaciones de detención e interrogatorio de los implicados. Durante el juicio, se presentó evidencia de que las torturas fueron sistemáticas y tenían como objetivo obtener información que confirmara las supuestas conspiraciones.
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