Bajo la batuta de Francisco “Chiqui” Arce, el plantel principal de Cerro Porteño realizó ayer el entrenamiento más importante de cara al duelo por la séptima fecha con Resistencia, a jugarse en el Defensores del Chaco mañana desde las 20:15.
En el plano netamente futbolístico, “Chiqui” plantó el mismo equipo de la fecha pasada, y con el correr de los minutos lo fue modificando permitiendo el ingreso de Alan Benítez por derecha, de Daniel Rivas por Alan Rodríguez y de Carlos Rolón por Willian Riveros.
Con esto, el once que Arce viene puliendo es con Jean Fernandes, Alberto Espínola, Alexis Duarte, Carlos Rolón o Willian Riveros y Daniel Rivas.
Mientras que en el mediosector estarían Alan Benítez, Rafael Carrascal, Ángel Cardozo Lucena y Claudio Aquino, en tanto que adelante mantendrá a Robert Morales y Marcelo Moreno Martins.
Por otro lado, en campamento azulgrana surge la incógnita sobre la recontratación o no de Alan Benítez, cuyo contrato fenece en junio de este año, ya que hasta ahora ningún directivo habló con él ni con su representante.
Por parte del futbolista existe muy buena predisposición y ganas de seguir vistiendo la azulgrana.
DURO CASTIGO
El Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol sanciona a las hinchadas organizadas de Cerro Porteño por los hechos de violencia ocurridos en el encuentro ante Sol por la fecha 5ª del Apertura 2022.
La medida indica la prohibición del acceso a todos los estadios en los que se realicen eventos deportivos organizados por la APF por el plazo de 8 meses, debiéndose computar a dicho efecto el tiempo transcurrido con motivo de la sanción provisoria impuesta por Resolución N° 005/2022 del 8 de marzo del 2022. Igualmente solicita la sanción debidamente a los agresores.
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Tribunal de Apelación dio luz verde al juzgado para audiencia preliminar a Miguel Prieto
El Tribunal de Apelación dio vía libre para que al juez Humberto Otazú pueda llamar a audiencia preliminar del intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto. Esto, a fin de definir si eleva o no a juicio la causa por supuesta de lesión de confianza, administración en provecho propio y asociación criminal, en la causa de presunta corrupción municipal por la compra de alimentos durante la pandemia.
El intendente esteño se encuentra en un proceso judicial con audiencia preliminar pendiente por el presunto perjuicio patrimonial que asciende a la suma de G 306.188.500, por pago concretado por mercaderías inexistentes, durante su gestión al frente de la Municipalidad de Ciudad del Este, en época de pandemia.
Ante esto, el Tribunal de Segunda Instancia confirmó la decisión del juez que había rechazado un recurso de la defensa. En la resolución, los camaristas alegan que la sola presentación de la acción de inconstitucionalidad, en este caso, no impide que el proceso avance, desestimando así el cuestionamiento de la defensa de Prieto.
Con la confirmación de la resolución del juez Humberto Otazú por parte del Tribunal de Apelación Penal Especializado en Delitos Económicos y Crimen Organizado Primera Sala, se deberá fijar una fecha para la diligencia pendiente.
El líder del movimiento Yo Creo es sospechado de haber liberado recursos del municipio mediante licitaciones públicas direccionadas a empresas amigas, de acuerdo a la investigación de los fiscales Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez.
En la carpeta fiscal se menciona que el dirigente político de la oposición entre el mes de marzo y junio del 2020, con la colaboración de los miembros de su estructura, supuestamente habrían convocado y promovido una licitación por la vía de la excepción para la adquisición de insumos para la fabricación de panificados para familias de escasos recursos ante la entonces crisis sanitaria generada por la pandemia de covid-19.
Sin embargo, de acuerdo a los elementos recabados por el equipo de agentes fiscales todo el proceso de compra pública estaría direccionado y amañado a los efectos de favorecer a una estructura jurídica que sería funcional a Prieto.
Otros imputados
Además del intendente Prieto, otras 11 personas afrontan cargos por el millonario perjuicio a la comuna esteña, tras la adquisición de insumos para la fabricación de panificados, para familias de escasos recursos durante la pandemia, con supuestos fines sociales.
Los demás imputados son Buena Ventura Morínigo, propietario de Tajy Construcciones (proveedor adjudicado); Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi S.A.; Robert Osmar Florentín Silvero, socio de Vanemi; Richard Ayala Ávalos, oferente de la licitación; Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la UOC de la municipalidad.
La lista sigue con Sebastián Martínez Insfrán, director de desarrollo social y actual concejal; Alex Yamal Samhat González, jefe de planta procesadora de alimentos de la municipalidad y administrador del contrato; Sabino Peralta Martínez, Higinio Ramón Acuña, jefe de adquisición y suministros de la comuna; Cirle Elizabeth Alcaráz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio y Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
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Codi enfrenta nuevas amenazas, dice ministro
- Lourdes Torres
- lourdes.torres@nacionmedia.com
El ministro de Defensa, Óscar González, se refirió a las nuevas amenazas que enfrenta el Comando de Operaciones de Defensa Interna (Codi), que son el terrorismo y el crimen organizado, los cuales van de la mano y constituyen un peligro para la sociedad toda.
“El Codi lleva adelante tareas de inteligencia, así como en el caso del EPP, para determinar su ubicación de los principales grupos criminales, ya sean estos narcotraficantes, o que estén desarrollando hechos criminales de otro tipo. Siempre y cuando estos grupos criminales tengan armamento de guerra, o cuenten con entrenamiento pseudomilitar y, sobre todo, tengan esa intención de socavar el poder soberano del Estado”, destacó a La Nación/Nación Media.
Las acciones de las fuerzas militares estarán enmarcadas y ajustadas a lo que establece la ley, indicó. Señaló que ninguna operación se estará realizando sin la autorización y el acompañamiento de la Justicia.
Recordó que por decisión del jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Santiago Peña, se instruyó llevar al sur del país un trabajo coordinado entre las fuerzas militares y las fuerzas de la Policía Nacional, para lo cual fue creada la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC).
“Por decreto se extiende la jurisdicción del Codi-FTC a los tres departamentos del Sur, que son: Ñeembucú, Misiones e Itapúa, para coadyuvar con la Policía Nacional y la Secretaría de Emergencia Nacional incluso, en caso de que estas instituciones lleven a cabo alguna operación de gran envergadura y que necesiten el apoyo de las fuerzas operativas.
Destacó el operativo Ignis, que tuvo como resultado 9 criminales sicarios abatidos, la detención de otras 9 personas, la confiscación de varios armamentos, cartuchos e incluso una ametralladora antiaérea.
La operación de secuestro y destrucción de más de 58.000 kilos, aproximadamente, de marihuana toda prensada que estaba a pocos kilómetros de la frontera con Brasil es otro logro. Este hecho fue un duro golpe para el crimen organizado.
“El resultado del Codi fue impedir que los grupos terroristas, tanto de los autodenominados EPP, ACA y EML, hayan cumplido los objetivos que se habían marcado: la toma del poder por la fuerza, urbanizar sus hechos criminales y establecer células de terroristas en todos los departamentos del país. Nada de esto lograron”, concluyó.
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Peña ordenó que máquinas y personal militar asistan a pobladores de San Lázaro, Concepción
El ministro de Defensa, Óscar González, informó que el presidente de la República, Santiago Peña, ordenó el desplazamiento de máquinas y personal del Comando de Ingeniería que se encuentra en Arroyito, departamento de Concepción, hacia la zona de San Lázaro para realizar trabajos de limpieza de canales por las inundaciones que afectan esa zona.
Igualmente, el secretario de Estado mencionó que el presidente Peña ordenó una base de operaciones aéreas en la localidad de Fuerte Olimpo, departamento de Alto Paraguay para poder realizar el rescate de compatriotas que están varados en las zonas de Toro Pampa, María Auxiliadora, San Carlos y en algunas estancias vecinas.
González sostuvo que la base de operaciones se decidió instalar en Fuerte Olimpo porque la mayoría de las personas que están varadas son pobladores de esa zona.
La base de operaciones aéreas estará compuesta por un helicóptero de la Policía Nacional, que estará apoyado desde Asunción por un avión de la Fuerza Área Paraguaya y esta aeronave ya llevó días a atrás más de 2 mil litros de combustible para el helicóptero de la Policía Nacional. Cabe recordar que ayer no se pudo realizar rescate por las condiciones adversas del tiempo en la zona.
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La persecución fue tan grotesca que ni a nuestros abogados se les permitió la defensa, apuntó Ortiz
La alianza de Mario Abdo Benítez con el exembajador de los Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield, no solo facilitó y permitió una abierta injerencia extranjera en los asuntos internos del país, sino que además generó una fuerte tensión política y mediática que acarreó un enorme perjuicio económico a empresas paraguayas, sumado al fuerte impacto en la economía de muchas familias paraguayas.
Tabacalera del Este S.A. (Tabesa) es una de las principales generadoras de fuentes de trabajo y millonarios aportes al Estado; pero las sanciones del Departamento del Tesoro norteamericano la sacaron del mercado estadounidense derivando en despidos y cierres de operaciones clave.
Esto generó una merma anual de aproximadamente USD 40 millones en contribuciones tributarias, reveló su director, José Ortiz, y agregó que el trasfondo de las sanciones fue claramente político, debilitar la figura del entonces accionista y candidato a la presidencia del Partido Colorado, Horacio Cartes. “El nivel de persecución fue tan grotesco, tan evidente, que ni siquiera se les permitió a nuestros abogados dialogar con la embajada”, reclamó Ortiz.
Filtración de documentos
Respecto a la filtración de documentos enviados por el exembajador Ostfield a su país, Ortiz dijo que demuestran el grado de injerencia que ejercía, ya que defendió al que consideraba “su aliado”, el entonces presidente Mario Abdo Benítez.
“Al señor Cartes no se le dio la mínima posibilidad de defenderse. Él (Ostfield) actuó de abogado de Mario Abdo. Aclaró que sus empresas han vendido al sector privado y no al Estado, ignorando cuántas rutas iba a hacer. Otro dato importante es que dice que se les ataca a sus colaboradores”, señaló el titular de Tabesa.
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El problema no fue con EE. UU.
El empresario señaló además que las sanciones equivocadas por parte de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), y muy probablemente informada por el embajador Ostfield, es de marzo del 2023.
“Recién en agosto del 2024, ya con todo el daño colateral y con toda esa arbitrariedad encima, reconocen que nosotros teníamos la razón y que los documentos que enviamos son creíbles. El señor Cartes ya no era accionista, pero le renovamos la sanción por la asistencia financiera a Horacio Cartes”, indicó.
Al respecto, Ortiz señaló el nivel de arbitrariedad que existía, y la repercusión en el contexto político, se ve como EE. UU. es un país arbitrario; hasta que viene el senador Marco Rubio al Paraguay y cae la ficha de que el problema no era con Estados Unidos, sino entre el embajador Ostfield en complicidad con Mario Abdo, sumado al mal uso de las instituciones del Estado para enviar información falsa.
“Ahí surge un cierto alivio cuando nos damos cuenta de que Estados Unidos no es tan arbitrario como pensábamos. Sino que esto fue gestado aquí, pero que no hubo derecho a la defensa y el daño económico a una persona, a sus empresas y a cientos de empleados está hecho”, concluyó.
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