La FIFA falló a favor del club ucraniano Dinamo de Kiev, que demandó al Olimpia por la falta de pago de unos 5.500.000 dólares, a cambio del 50% del pase del jugador Derlis González. El atleta fue contratado en época del ex presidente Marco Trovato, quien fue inhabilitado de por vida de parte de la FIFA, al ser declarado culpable en el sonado caso de amaño de partidos, en torneos paraguayos.
El plazo de 45 días para saldar la millonaria deuda vence el próximo viernes 26 de noviembre y en filas de Olimpia se espera la sanción, ya que públicamente se ha reconocido, que pese a ciertos intentos, no se puede completar el dinero para hacer frente al reclamo.
Se estima que Olimpia recibirá como sanción la prohibición de contratar jugadores nacionales y extranjeros hasta que se pague la deuda. Si persiste el incumplimiento persiste hasta finales de marzo del 2023, durante el tercer mercado de pases luego de la sanción, se empezarían a descontar puntos.
SUSPENDIDO
Olimpia, que reservará a sus titulares para el partido contra Libertad, justamente no podrá alistar el viernes a Derlis González, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y se encuentra suspendido. Cabe recordar que Olimpia jugará dentro de una semana la final de la Copa Paraguay, el 1 de diciembre, frente a Sol de América, rival conocido al que enfrentó el domingo pasado por el torneo Clausura.
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EE. UU. retira visa a ministro de Transportes de Chile
El ministro de Transportes de Chile, Juan Carlos Muñoz, confirmó el viernes que es uno de los tres funcionarios chilenos sancionados por Estados Unidos acusados de “socavar la seguridad regional”.
“Efectivamente, he sido informado recientemente de que mi visa para ingresar a Estados Unidos ha sido revocada por ese país. Lo que lamento profundamente”, dijo Muñoz en un video enviado a la prensa.
El gobierno chileno criticó la decisión del gobierno de Donald Trump y convocó al embajador de Estados Unidos en Chile para conocer más detalles sobre la sanción y la identidad de los afectados.
- Fuente: AFP
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Crónica del primer “crimen por placer” condenado en el país
En la madrugada de este 8 de febrero se cumplen 12 años de un suceso que nadie imaginó que podría ocurrir en nuestro país: el asesinato de un ser humano por el “mero placer de matar”. El terrible crimen se registró en el barrio San Cristóbal de Asunción y captó la atención de toda la nación, alcanzando incluso repercusión internacional.
La víctima fue el locutor radial Agustín Emmanuel Bogado Quintana, de 32 años, quien fue asesinado en su propia vivienda con una manopla de hierro. Los responsables del horrendo hecho fueron la pareja conformada por Isaías Raúl Torres y Gissella Eliana Milea Otto, posteriormente condenados a 40 años de cárcel tras ser hallados culpables.
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Durante el juicio oral, el Tribunal de Sentencia —presidido por la jueza Mesalina Fernández e integrado por Gloria Hermosa y Alba González— explicó que este fue el primer caso de “crimen por placer” en recibir una condena en Paraguay. Los acusados, que en aquel entonces tenían 27 años, recibieron una pena de 30 años de cárcel más 10 años como medida de seguridad, totalizando 40 años de privación de libertad.
Elementos de prueba
Según las pruebas debatidas en el juicio, Torres (de nacionalidad argentina) y Otto ofrecían favores sexuales desde 2013 a través de un perfil falso en redes sociales para seleccionar a sus potenciales víctimas. Fue así como la mujer sedujo al comunicador entre un total de 37 “candidatos”. A través de unos 4.000 mensajes de texto recuperados por el Ministerio Público, se demostró cómo planearon el crimen con saña y alevosía, confirmando que el móvil fue estrictamente el placer de quitar una vida.
Final trágico para la condenada
El 27 de noviembre de 2018, Gissella Eliana Milea Otto se quitó la vida en el penal del Buen Pastor. Su cuerpo fue hallado en su celda; utilizó una soga para colgarse de una viga mientras las demás reclusas se encontraban en el área común.
Blas Martínez, quien se desempeñaba como director de Institutos Penales en ese momento, confirmó el hallazgo de una nota dirigida a su madre: “Yo ya estaba planeando esto desde hace rato y quiero que me perdones, mamá”. El funcionario resaltó que la mujer atravesaba un cuadro de depresión severa y se encontraba bajo tratamiento psicológico al momento del suicidio.
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“Delivery justiciero” habría tenido motivos personales para matar a motochorro
Tras la detención del “delivery justiciero” en la ciudad de Asunción, la Policía Nacional inició las investigaciones del caso y tienen altas sospechas de que el “justiciero” habría actuado deliberadamente porque tenía problemas personales con el delincuente. El hombre cuenta con prisión preventiva por homicidio doloso.
Según el reporte policial, esta semana se logró identificar y detener al que fue bautizado como el delivery justiciero por la ciudadanía, luego de que intentara recuperar las pertenencias de una mujer que fue asaltada. En su afán de justicia, acabó con la vida del asaltante. Ahora enfrenta un proceso e investigación por el hecho.
Se trata de Daniel David González alias “Kapeto”, trabajador de delivery que está siendo procesado y cuenta con prisión preventiva por asesinar a Jorge Daniel González Martínez. Este último asaltó a una mujer en plena vía pública de Asunción, el 19 de diciembre del año pasado.
“En principio lo manejamos como justicia por mano propia, pero estamos recibiendo informaciones que esto tendría otro tipo de motivación, como sería una pelea previa entre la víctima y el victimario. Queremos confirmar o descartar esa situación”, expresó el comisario David Delgado a la 1080 AM.
Agregó que más allá de hacer justicia por el asalto a la mujer el delivery, aparentemente tenía problemas personales con el fallecido, y ya lo venía siguiendo desde hace tiempo. Lo que llamó la atención es que, luego de asesinarlo, desapareció sin dejar rastros alguno hasta su reciente detención.
El hombre está imputado por homicidio doloso y fue captado en imágenes de seguridad a la que accedió la Policía Nacional, pero no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, residía en el barrio Tablada zona de donde es oriundo el fallecido.
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Estafa a colonos: Cámara de Apelación debe destrabar proceso de acusados
El Tribunal de Apelación de la circunscripción judicial de San Pedro debe destrabar el proceso penal que enfrenta el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, acusado por estafa agravada, y producción de documentos de contenido falso en el marco del proceso por estafa por ventas inexistente de tierras en el Chaco, cuyas víctimas son colonos de la zona de Río Verde, departamento de San Pedro.
La defensa de Bogarín presentó una reposición y apelación en subsidio, es decir, cuestionó la determinación adoptada por el juez Vicente Coronel, quien fijó para el 16 de diciembre la audiencia preliminar en la que se debía estudiar si el caso se eleva a juicio oral y público.
En caso de que la Cámara de Apelación no resuelva la chicana del acusado antes del 16 de diciembre, la audiencia preliminar quedará suspendida hasta que se destrabe el presente proceso penal.
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La acusación
Los acusados en el presente caso son el exfuncionario de la Cámara de Diputados, William Bogarín, e Ilse Paredes y José Ljubetic. Los procesados están sindicados de estafar por la suma de USD 1.600.000 a colonos menonitas de Río Verde, departamento de San Pedro, bajo la promesa de adquirir 8.000 hectáreas de tierras en el Chaco.
El documento fiscal sostiene que los hechos sucedieron en el año 2017, cuando el acusado Ljubetic se presentó ante la familia Friesen como supuesto abogado y experto en trámites de tierras. Ganándose la confianza de los inversionistas, primero desaconsejó la compra legítima de unas propiedades ofrecidas por terceros, alegando que podrían caer en manos de estafadores.
Una vez consolidada su credibilidad, ofreció gestionar para ellos la adquisición de dos lotes de 4.000 hectáreas cada uno, supuestamente pertenecientes al Indert, ubicados en la Colonia Ñande Mba’e, distrito de Mariscal Estigarribia. Ljubetic aseguró contar con un “equipo jurídico”, integrado por los abogados William Bogarín e Ilse Paredes, quienes efectivamente participaron en la elaboración de escritos judiciales y administrativos con contenido falso, utilizados para sostener el engaño.
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