La FIFA falló a favor del club ucraniano Dinamo de Kiev, que demandó al Olimpia por la falta de pago de unos 5.500.000 dólares, a cambio del 50% del pase del jugador Derlis González. El atleta fue contratado en época del ex presidente Marco Trovato, quien fue inhabilitado de por vida de parte de la FIFA, al ser declarado culpable en el sonado caso de amaño de partidos, en torneos paraguayos.
El plazo de 45 días para saldar la millonaria deuda vence el próximo viernes 26 de noviembre y en filas de Olimpia se espera la sanción, ya que públicamente se ha reconocido, que pese a ciertos intentos, no se puede completar el dinero para hacer frente al reclamo.
Se estima que Olimpia recibirá como sanción la prohibición de contratar jugadores nacionales y extranjeros hasta que se pague la deuda. Si persiste el incumplimiento persiste hasta finales de marzo del 2023, durante el tercer mercado de pases luego de la sanción, se empezarían a descontar puntos.
SUSPENDIDO
Olimpia, que reservará a sus titulares para el partido contra Libertad, justamente no podrá alistar el viernes a Derlis González, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y se encuentra suspendido. Cabe recordar que Olimpia jugará dentro de una semana la final de la Copa Paraguay, el 1 de diciembre, frente a Sol de América, rival conocido al que enfrentó el domingo pasado por el torneo Clausura.
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Corte ratifica absolución de una persona en caso de supuesta estafa
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros Luis María Benítez Riera, Manuel Ramírez Candia y Carolina Llanes, ratificó la absolución de culpa y pena de Farid Ismael Yinde, quien fue juzgado por los delitos de estafa y tentativa de estafa.
Esta decisión se tomó al declarar inadmisibles los recursos extraordinarios de casación presentados por el abogado querellante, Guillermo Duarte Cacavelos, y la agente fiscal Esmilda Álvarez.
Con esta resolución judicial se demostró que no existió ningún delito por parte de Yinde Ríos. De este modo, la demanda civil contra la empresa multinacional Villa Oliva Rice S.A. —donde se reclama la suma de G. 3.181.960.050— seguirá su curso.
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La defensa de Yinde Ríos estuvo representada por el abogado Roberti Cardozo, quien demostró durante el juicio oral que su defendido no cometió ningún hecho punible. Dicha situación fue validada inicialmente por el Tribunal de Sentencia que lo absolvió de culpa y pena. El fallo fue confirmado posteriormente por la Cámara de Apelaciones y, finalmente, ratificado por la Corte Suprema de Justicia.
Antecedentes
Los antecedentes del caso indican que la causa penal se inició con la denuncia presentada por la multinacional mencionada, a través de su presidente, Marcos Alex.
Este indicó ante el Ministerio Público que Farid Yinde habría estafado a la firma extranjera al incumplir un contrato para recuperar créditos fiscales y, a su vez, quedarse con pagos indebidos.
Por su parte, la defensa sostuvo que la denuncia de la empresa fue montada con el único fin de evitar el pago de los honorarios profesionales de Yinde.
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El precio del silencio
DESDE MI MUNDO
- Por Carlos Mariano Nin
- marianonin@gmail.com
Confieso que cada vez que escucho la palabra “sanción” asociada a la libertad de expresión, algo me incomoda. No me gusta.
No porque crea que todo está permitido, ni porque piense que el insulto sea una virtud. Tampoco porque considere que la grosería deba convertirse en argumento.
Me incomoda porque conozco la historia.
Las sociedades no suelen perder sus libertades de un día para otro. No ocurre con una explosión ni con un decreto espectacular.
Casi siempre sucede de manera gradual, con pequeñas concesiones. Con castigos que parecen razonables. Con decisiones que muchos celebran porque afectan a alguien con quien no simpatizan.
Hasta que un día descubrimos que el miedo se volvió costumbre.
Lo sabemos de sobra los paraguayos. Lo aprendimos durante décadas de dictadura, cuando el silencio fue ocupando espacios que antes pertenecían a la palabra, al pensamiento y a la crítica.
Esta semana, la FIFA decidió retirar de forma definitiva la acreditación mundialista al periodista paraguayo Jorge “Chipi” Vera, luego de sus exabruptos contra un árbitro tras la expulsión de un jugador de la selección paraguaya. Dijo en palabras lo que muchos pensamos.
Pero no voy a defender los insultos.
Las palabras tienen consecuencias y quienes trabajamos en los medios sabemos que la responsabilidad forma parte del oficio. En la radio y en la televisión existen normas, horarios de protección al menor y organismos encargados de velar por su cumplimiento.
Pero mientras observaba la polémica, mi preocupación caminaba por otro lado.
Pensaba en el poder, en quién establece los límites y quién tiene la capacidad de aplicarlos.
Porque el fútbol dejó hace tiempo de ser solamente fútbol. Se convirtió en una estructura global con influencia económica, política y cultural sobre millones de personas. Una organización capaz de decidir quién participa, quién accede y quién queda fuera.
Y allí aparece una cuestión que merece atención.
Cuando las instituciones más poderosas comienzan a regular cada vez más aspectos de la expresión humana, la línea entre la disciplina y el control se vuelve difusa.
La FIFA no es la única. El fenómeno atraviesa a buena parte del mundo moderno. Plataformas digitales, corporaciones, gobiernos y organismos internacionales avanzan sobre espacios que antes pertenecían al debate público, al disenso o simplemente al derecho de equivocarse.
La intención suele presentarse como razonable: promover el respeto, evitar excesos, mantener la convivencia.
Sin embargo, la historia enseña que la libertad rara vez desaparece por un acto dramático. Generalmente se desgasta por acumulación o por pequeñas renuncias. Por la costumbre de obedecer antes de hablar.
Por eso este episodio trasciende a un periodista y a una organización deportiva.
Habla de una época.
Una época en la que las herramientas para sancionar crecen más rápido que las herramientas para escuchar y muchas personas empiezan a medir cada palabra no por convicción, sino por temor a las consecuencias.
Y cuando el miedo ocupa el lugar de la conciencia, la libertad comienza a encogerse sin hacer ruido, imperceptible al comienzo. Así como una luz que se apaga lentamente mientras todos seguimos mirando hacia otro lado.
Pero esa… es otra historia
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Senado remite al Ejecutivo el Registro Nacional de Estudiantes “superdotados”
La Cámara de Senadores sancionó la propuesta que dispone la “identificación, inscripción y asistencia, en la educación básica y superior, de los estudiantes con altas capacidades”, más conocidos como “superdotados”. El documento fue remitido al Poder Ejecutivo para su promulgación o veto con la aprobación inicial de Diputados.
El pleno del Senado solo logró reunir 15 de los 30 votos necesarios para ratificar su rechazo al proyecto que es impulsado por los diputados liberales Luis Federico Franco Alfaro, Carlos Alberto Pereira Rieve y la colorada María Cristina Villalba.
Los senadores argumentaban que, de promulgarse, generará una duplicidad legislativa innecesaria debido a la existencia de la ley de Educación Inclusiva. La misma estipula la creación de un Registro Nacional de Estudiantes con alta capacidad intelectual y faculta al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) a establecer acuerdos con gobiernos departamentales y municipales para el desarrollo conjunto del proceso de identificación y seguimiento.
En el proyecto se establece la identificación temprana para la atención individualizada, oportuna y completa para la debida inscripción y asistencia, en la educación básica y media, de los estudiantes con altas capacidades.
A la vez hace referencia a su aplicación obligatoria y general para las instituciones públicas, privadas y privadas subvencionadas por el Estado de todos los niveles.
También hace referencia a la capacitación de docentes de todos los niveles educativos y detalla que el MEC, en coordinación con las municipalidades y gobernaciones, establecerá los criterios, elementos y mecanismos de evaluación psicopedagógicos que permitan identificar a los estudiantes con alta capacidad intelectual.
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Caso Thirza: anulan condena y disponen nuevo juicio oral para acusados
La Cámara de Apelaciones anuló las sentencias condenatorias impuestas a tres personas acusadas por la muerte de la niña Thirza Portillo, quien falleció durante una intervención odontológica en una clínica que no estaba habilitada para operar.
Asimismo, el tribunal de apelación ratificó la responsabilidad penal de la odontóloga Sandra Obertino y del anestesista Adrián García por homicidio doloso eventual, por lo que el nuevo juicio se realizará únicamente para determinar las penas que deberán cumplir.
Mientras tanto, respecto al endodoncista Vicente Godoy, condenado inicialmente por homicidio culposo, se ordenó la realización de un nuevo juicio oral desde cero.
Las sentencias anuladas correspondían a 8 años de prisión para Sandra Obertino, 7 años para Adrián García y 4 años y 8 meses para Vicente Godoy.
En relación con Obertino, el Tribunal sostuvo que existió una incongruencia en la fundamentación de la pena impuesta. El fallo señala que, aunque se argumentó una alta energía criminal, máxima gravedad en el hecho y un elevado número de puntos en contra, la pena aplicada estuvo cerca del mínimo legal.
Respecto a García, la Cámara consideró que el Tribunal de Sentencia debió valorar adecuadamente el alto grado de reprochabilidad y las circunstancias en las que actuó al momento de individualizar la pena.
En cuanto a Godoy, los camaristas concluyeron que la sentencia presentaba inconsistencias en la fundamentación sobre la tipificación de su conducta como homicidio culposo, por lo que dispusieron un nuevo juzgamiento.
Por otra parte, el Tribunal de Apelación confirmó la absolución de los acusados por el hecho punible de comercialización de medicamentos no autorizados, al considerar que dicho delito no fue acreditado durante el juicio oral y público.