La FIFA falló a favor del club ucraniano Dinamo de Kiev, que demandó al Olimpia por la falta de pago de unos 5.500.000 dólares, a cambio del 50% del pase del jugador Derlis González. El atleta fue contratado en época del ex presidente Marco Trovato, quien fue inhabilitado de por vida de parte de la FIFA, al ser declarado culpable en el sonado caso de amaño de partidos, en torneos paraguayos.
El plazo de 45 días para saldar la millonaria deuda vence el próximo viernes 26 de noviembre y en filas de Olimpia se espera la sanción, ya que públicamente se ha reconocido, que pese a ciertos intentos, no se puede completar el dinero para hacer frente al reclamo.
Se estima que Olimpia recibirá como sanción la prohibición de contratar jugadores nacionales y extranjeros hasta que se pague la deuda. Si persiste el incumplimiento persiste hasta finales de marzo del 2023, durante el tercer mercado de pases luego de la sanción, se empezarían a descontar puntos.
SUSPENDIDO
Olimpia, que reservará a sus titulares para el partido contra Libertad, justamente no podrá alistar el viernes a Derlis González, quien llegó a su quinta tarjeta amarilla y se encuentra suspendido. Cabe recordar que Olimpia jugará dentro de una semana la final de la Copa Paraguay, el 1 de diciembre, frente a Sol de América, rival conocido al que enfrentó el domingo pasado por el torneo Clausura.
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Extraño pedido de camaristas en caso de abuso sexual en el que el acusado es hermano de fiscala
El presidente del Tribunal de Apelación de San Lorenzo, Gustavo Bóveda, en el marco del proceso penal por abuso sexual en niños que enfrenta el hermano de una agente fiscal, pidió de forma sorpresiva y llamativa al Juzgado de Garantías de Lambaré el expediente judicial y la carpeta fiscal. Además de Bóveda, el Tribunal de Alzada está integrado también por los camaristas Alicia Orrego y Dionisio Nicolás Frutos.
De acuerdo con la información que se maneja, el pedido de los camaristas respondería a la intención de favorecer al acusado, puesto que ya habrían actuado de la misma manera en casos similares de abuso. Este hecho debería alertar a los integrantes del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) y al ministro superintendente de Central ante posibles actuaciones irregulares.
Piden ratificar juicio oral
Meses atrás, la fiscala Andrea Ríos Dos Santos solicitó al mismo Tribunal de Apelación que ratifique íntegramente la resolución que elevó la causa a juicio oral y público. Ríos Dos Santos contestó la apelación de la defensa, la cual pretende introducir como prueba un test de credibilidad que ya fue rechazado en el Juzgado de Garantías y cuya exclusión ya había sido confirmada por la propia Cámara de Apelación de Central.
El expediente se encuentra en manos de los camaristas desde hace tres meses sin que hasta el momento se haya dictado una resolución, lo que genera sospechas sobre presuntas maniobras para favorecer al procesado. Ante esto, se espera que la Justicia actúe conforme a derecho.
La Fiscalía sostiene que la prueba propuesta por la defensa no es necesaria, debido a que el Tribunal de Sentencia está plenamente facultado para valorar de forma directa los elementos introducidos al juicio, escuchar a los profesionales intervinientes y resolver las objeciones de las partes.
Asimismo, argumenta que tampoco resulta útil una pericia cuyo objeto sea volver a valorar medios probatorios ya existentes, puesto que no aportaría un conocimiento técnico autónomo, sino una simple opinión sobre el mérito de otras pruebas.
Finalmente, el Ministerio Público sostiene que el pedido de la defensa es excesivo, ya que supone una nueva evaluación general de las actuaciones practicadas, sin delimitar qué aspecto científico requiere aclaración ni qué insuficiencia técnica pretende subsanar. Por lo tanto, corresponde confirmar el auto de apertura a juicio oral y público, rechazando la pretensión de la defensa.
Acusación
El Ministerio Público presentó una contundente acusación contra el procesado, arrimando un total de 62 elementos probatorios recolectados durante la etapa investigativa. Asimismo, ofreció la declaración de 21 testigos para el juicio oral entre otras pruebas contundentes como:
- declaraciones testificales
- un diagnóstico médico
- contención psicológica con relato del hecho
- informes psicológicos
- la Cámara Gesell
- un informe fonoaudiológico
- un informe psicopedagógico inicial
- y un perfil neurocognitivo.
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Latorre confirma avance en modificación de reglamento para sancionar ausencias
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre afirmó que avanza la modificación del reglamento interno para establecer controles más estrictos sobre las ausencias por parte de los legisladores.
“Hoy lo volvimos a conversar en mesa directiva. Se está afinando la propuesta que va a ser presentada para la modificación del reglamento y abordar este problema que tiene que ver con la asistencia”, confirmó a los medios de prensa.
El congresista colorado explicó que la propuesta busca abordar las dificultades relacionadas con la asistencia en el colegiado más grande que tiene este país, integrado por representantes de los diferentes partidos políticos con presencia legislativa, de la capital y los 17 departamentos.
A su criterio, el actual mecanismo de justificaciones resulta muy flexible y vulnerable, por lo que se considera necesario establecer mayores exigencias. “La lógica es endurecer las justificaciones porque hoy, lamentablemente, el sistema es demasiado blando y finalmente es vulnerable a este tipo de situaciones”, refirió.
Aclaró que la propuesta deberá ser presentada ante la mesa directiva y posteriormente será el pleno de la cámara el que tendrá la decisión final sobre su aplicación. “Yo soy un convencido de que la situación nos obliga a realizar esa modificación”, remarcó.
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Feminicidio de María Fernanda: tribunal debe dictar sentencia para principal acusado
El Tribunal de Sentencia, integrado por los jueces Raúl Marecos, Vidal Santacruz y Roberto Estigarribia, se encuentra deliberando el fallo de primera instancia para el adolescente acusado del feminicidio de María Fernanda Benítez, hecho ocurrido en Coronel Oviedo. El nombre del procesado se omite debido a que era menor de edad al momento del crimen. Por este motivo, es juzgado bajo la legislación penal adolescente y se expone a una pena máxima de 8 años de privación de libertad.
Semanas atrás, otro Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos implicados en el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, dada la gravedad del caso. El colegiado, integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme, emitió su veredicto final tras concluir el debate oral, escuchar a todas las partes y otorgar a los procesados el derecho a declarar.
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La joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada de instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, fue hallada culpable y condenada a 10 años de cárcel. Posteriormente, a las 00:23 del miércoles, Ricardo Villamayor recibió una pena de 3 años de prisión por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia. A las 01:05, Franco Antonio Acosta fue condenado a 5 años de privación de libertad por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal.
Finalmente, a las 01:22, el colegiado sentenció a 4 años y 6 meses de cárcel a Armando Silva y Karent Villar, padres del adolescente sindicado como principal responsable. Ambos fueron encontrados culpables de exposición al peligro, simulación de un hecho punible y frustración de la persecución penal.
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Feminicidio de María Fernanda: tribunal aplicó penas de entre 10 y 3 años de cárcel a los acusados
Un Tribunal de Sentencia de Coronel Oviedo condenó a los cinco adultos acusados por el feminicidio de la joven María Fernanda Benítez Martínez. La lectura de la sentencia comenzó poco antes de las 23:00 del martes 25, atendiendo a la gravedad del juzgamiento a los acusados.
El colegiado integrado por los jueces Luis Ovelar, Víctor Vera y Andrea Riquelme emitieron su veredicto final tras finalizar el debate oral y escuchar a todas las partes. Además, durante la jornada de hoy dio la posibilidad de brindar algunas declaraciones a los procesados.
A la joven Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo, acusada por instigación al feminicidio, asociación criminal y omisión de aviso, los jueces la encontraron culpable a las 23:59 y la condenaron a una pena de 10 años de cárcel.
A continuación, Ricardo Villamayor, acusado por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia, a las 00:23 del miércoles fue condenado a 3 años de cárcel.
A las 01:05, Franco Antonio Acosta, acusado por complicidad en tentativa de aborto y frustración de la persecución penal, fue condenado a 5 años de privación de libertad.
Finalmente, a las 01:22, este colegiado decidió que los padres del joven de 17 años sindicado como principal responsable del feminicidio, Armando Silva y Karent Villar, sean condenados a 4 años y 6 meses de cárcel, luego de ser encontrados culpables por exposición al peligro, simulación de hecho punible y frustración de la persecución penal.
Antecedentes del caso
El fiscal Fermín Segovia pidió 10 años de prisión para Mikhaela Chiara Yasy Rolón Melgarejo por su presunta participación en el feminicidio. En tanto que, para los padres del autor principal 4 años y medio; para Franco Antonio Acosta 4 años de cárcel por complicidad y para Ricardo Villamayor solicitó 3 años de pena privativa de libertad por ocultamiento de indicios y omisión de denuncia.
El feminicidio de María Fernanda Benítez Martínez, de 17 años, se reportó el 27 de mayo del 2025 en la ciudad de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, pero el hallazgo del cuerpo de la joven se dio recién el 31 de mayo de ese mismo año. Este estaba enterrado y totalmente calcinado en un patio baldío del barrio Villa del Maestro.
El presunto autor material del crimen al ser menor de edad al momento del hecho enfrenta un juicio en paralelo bajo el régimen penal adolescente con un pedido de pena máxima de 8 años.
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