La reaparición de focos de fiebre aftosa en distintas regiones del mundo y la detección de nuevas variantes del virus fuera de sus zonas habituales, vuelven a poner el foco en la gestión sanitaria del sector ganadero.

Desde la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec) señalan que este escenario configura un contexto dinámico que exige decisiones basadas en prudencia, rigor y consistencia.

En el caso de Paraguay, el país mantiene un estatus sanitario consolidado a lo largo de los años mediante el trabajo coordinado entre el sector público y privado, con la vacunación como herramienta central para sostener la estabilidad productiva y el acceso a mercados internacionales.

En ese sentido, la Appec plantea que cualquier análisis sobre la estrategia sanitaria debe contemplar no solo criterios técnicos, sino también sus implicancias económicas, financieras, sociales y comerciales, dado su impacto en el sistema productivo y en la confianza de los mercados.

Para el gremio, el actual esquema de vacunación, basado en la articulación público-privada, continúa siendo un pilar de la sanidad animal en Paraguay y una herramienta clave para mantener la capacidad de respuesta ante eventuales emergencias sanitarias.

En un contexto internacional marcado por nuevos desafíos, remarcan la importancia de sostener estrategias que prioricen la previsibilidad, la seguridad sanitaria y la continuidad del comercio, considerando además que los principales mercados del país no han condicionado el acceso a la eliminación de la vacunación.

Finalmente, desde la Appec subrayan la necesidad de mantener sistemas de vigilancia activos y reforzar las medidas de bioseguridad como base para preservar el estatus sanitario nacional, reiterando su compromiso con el cumplimiento de los protocolos y el trabajo coordinado dentro de la cadena cárnica.

El diputado colorado Carlos Núñez Salinas se refirió al debate de la reforma de la Caja Fiscal, la cual considera una tarea urgente para cuidar las pensiones y jubilaciones de los trabajadores públicos, de hoy y de mañana. Sostuvo que este debate no es solo responsabilidad del Gobierno o del Congreso Nacional, sino que es un desafío que interpela a toda la sociedad.

Durante una comunicación con La Nación/Nación Media, el legislador señaló que mantener el sistema actual haría que la mayoría pague impuestos para sostener privilegios que ponen en riesgo la jubilación de miles de funcionarios públicos.

“La urgencia es evidente. Resulta insostenible que en el futuro la Caja Fiscal se financie plenamente con los impuestos del 65 % de los trabajadores que, paradójicamente, jamás accederán a una jubilación. Por ello, debemos escuchar y respetar a docentes, policías y militares, pero también corregir las desigualdades: no es justo que algunos se jubilen muy jóvenes mientras otros esperan hasta los 60″, expresó Núñez a LN.

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El congresista recordó que, en la última década (2015-2025), el sistema jubilatorio fiscal ha acumulado un déficit superior a los 1.100 millones de dólares, generado principalmente por los sectores de docentes, militares y policías.

Señaló que esta brecha financiera se ha convertido en una pesada carga para la clase trabajadora, que sostiene al Estado a través de sus impuestos, mientras el costo se traduce en una menor capacidad de inversión en servicios públicos esenciales. Indicó que el problema no es solo contable: ha profundizado inequidades y amenaza la sostenibilidad de la jubilación de todo el servicio civil, comprometiendo el futuro de miles de trabajadores.

“Los especialistas advierten que la reforma no admite más demoras. Si el proyecto de ley no avanza, para el año 2028, el déficit deberá ser cubierto íntegramente con impuestos, desfinanciando áreas igualmente prioritarias como la salud, la educación, la infraestructura y la seguridad ciudadana. En otras palabras, el costo de la inacción será pagado por toda la sociedad, y no únicamente por quienes hoy se benefician de un sistema desbalanceado", remarcó Núñez Salinas.

“El proyecto afecta principalmente a docentes, policías y militares, servidores públicos que merecen respeto y reconocimiento por su labor, pero cuya situación dentro del sistema genera un marcado desbalance e inequidad intergeneracional, pues en promedio, acceden a la jubilación alrededor de sus 50 años, aún en plena edad productiva, mientras que otros sectores deben superar los 62 años para obtener los mismos beneficios”, puntualizó Núñez a Nación Media.

Agregó que esta diferencia no solo es injusta, sino que erosiona la confianza de un sistema difícil de sostener. No obstante, señaló que es comprensible que los gremios perciban la reforma como una amenaza a derechos adquiridos.

Sin embargo, sostuvo que sostener las reglas actuales compromete la jubilación de miles de otros servidores públicos y perpetúa un modelo financieramente inviable. Por lo que considera que la verdadera discusión debería centrarse en como garantizar un sistema justo, equitativo y sostenible para todos.

“Como sociedad, debemos aspirar a mejorar las condiciones de todos los trabajadores, otro desafío acuciante es extender el derecho a la jubilación a toda la clase trabajadora. Hoy, apenas tres de cada siete personas ocupadas acceden a la seguridad social, un dato que refleja la fragilidad del mercado laboral paraguayo y coloca al país entre los de menor protección social en la región", analizó.

“La reforma de la Caja Fiscal, por tanto, debe ser vista como el primer paso de un proceso más amplio: el de construir un sistema de seguridad social inclusivo, equitativo y sostenible. No se trata únicamente de corregir un déficit financiero, sino de redefinir el contrato social entre el Estado y sus ciudadanos. La pregunta que debemos hacernos no es si la reforma es necesaria, sino que, si estamos dispuestos a asumirla con la responsabilidad y la unidad que el momento exige", concluyó.

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En la zona del departamento de Concepción, la operación Escudo Guaraní, compuesta por aviones tucanos de la Fuerza Aérea Paraguaya, interceptó un vuelo ilegal y obligó al piloto a descender en una propiedad privada.

La fiscal de la zona, Carolina Quevedo, se trasladó en el sitio con una orden de allanamiento e ingresó a la propiedad y logró incautar varios elementos probatorios.

De acuerdo a los primeros reportes, Quevedo entró al predio donde fue obligada a aterrizar la avioneta ilegal e incautó bidones de combustible de aviación y un bidón con supuesta acetona, material para preparar droga.

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Del mismo modo, las autoridades lograron la detención de dos ciudadanos brasileños que estaban en dos vehículos y en cuyo interior se encontró gran cantidad de armas presumiblemente de gruesos calibres.

Gracias al trabajo de Inteligencia y a los aviones tucanos se pudo lograr la interceptación de la aeronave y obligar al piloto a descender en una propiedad donde ya están las autoridades realizando los primeros procedimientos de rigor.

La aeronave AT-27 Tucano realizó patrullaje aéreo en coordinación con el radar de la Prefectura Aeronáutica. El tucano interceptó la aeronave irregular y procedió a la fase de identificación, posteriormente se intentó establecer comunicación en múltiples ocasiones, sin obtener respuesta alguna.

Actualmente, las aeronaves A-29 Super Tucano y dos helicópteros UH-1H continúan sobrevolando el sector, realizando labores de búsqueda en coordinación con el equipo táctico de tierra del Codi.

La operación Escudo Guaraní sigue en curso, reafirmando el compromiso de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el crimen organizado transnacional y las organizaciones terroristas internacionales.

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Una pareja fue víctima del hurto de su camioneta en la ciudad de Fernando de la Mora -Zona Norte y ahora esperan que las autoridades policiales actúen para poder recuperar el rodado. Igualmente se pide la colaboración de la ciudadanía para poder ubicar el vehículo.

En la noche de este jueves se registró un hecho de robo de vehículo sobre las calles Mainumby casi Arasá, de Fernando de la Mora. Los delincuentes se apoderaron de una camioneta de la marca Isuzu, modelo D-MAX, doble cabina color rojo, con chapa HER 588, propiedad de Ramón Ignacio Delvalle.

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Las imágenes de circuito cerrado muestran a un desconocido acercándose al rodado en medio de la noche para poder hurtarlo de la vía pública, donde se encontraba estacionado. Tras percatarse del hecho, el propietario acudió a la Comisaría 2ª Central de Fernando de la Mora para formalizar la denuncia e iniciar así las pesquisas para intentar su localización.

La víctima y su familia ahora solicitan ayuda de la ciudadanía para tratar de recuperar esta camioneta, que era considerada como una herramienta de trabajo y principal medio de transporte. En caso de tener información sobre el paradero del vehículo, se pide dar aviso a la comisaría más cercana o al Sistema 911 de la Policía Nacional.

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