La futura sede del juzgado de primera instancia de Capiatá avanza y ya se encuentra en etapa final, por lo que en meses ya podría culminar la obra. El ministro superintendente del departamento Central, Eugenio Jiménez, realizó días atrás una visita para verificar los avances en la construcción en la futura sede judicial de la mencionada ciudad.

Esta nueva sede albergará los Juzgados de Primera Instancia en lo Penal, Civil, Laboral, y Niñez y Adolescencia, con el objetivo de acercar los servicios judiciales a la ciudadanía y mejorar el acceso a la Justicia, en línea con los objetivos de la Corte Suprema de Justicia.

La obra culminada tendrá una superficie de 10.899 m2 y la apertura de dichos juzgados permitirá facilitar aún más el anhelado acceso a la Justicia por parte de la ciudadanía de la Circunscripción Judicial de Central, con lo que se cumplirá el mayor objetivo trazado por el máximo tribunal de la República, en el marco de la política de dotar de mejor infraestructura a todo el sistema judicial.

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La Corte Suprema de Justicia tiene prevista la construcción de la nueva sede del juzgado de primera instancia de la ciudad de Fernando de la Mora. La obra cuenta con una superficie de 15.210 metros cuadrados, distribuidos en tres niveles que albergarán a los Juzgados de Primera Instancia Penales, Civiles y Comerciales, Laborales, Penales Adolescentes y de Niñez y Adolescencia; cuatro tribunales de sentencias, cuatro salas de juicios orales, órganos de apoyo jurisdiccional, dependencias administrativas de seguridad y servicios.

En otro bloque independiente al principal de dos niveles funcionarán dos Juzgados de Paz y programas de apoyo como un salón múltiple para cien personas y una cafetería. Igualmente, contará con estacionamientos diferenciados. La nueva sede estará ubicada sobre la calle Jerusalén y Humaitá, de la ciudad de Fernando de la Mora.

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Los diputados representantes de Misiones, Carlos Arrechea (colorado), y Arnaldo Valdez (liberal), dentro del marco de una comisión especial que estudia el conflicto territorial entre los distritos de San Patricio y Santiago del Departamento de Misiones, se reunieron con Fabián Almada, intendente de San Patricio y concejales departamentales.

Esta comisión especial busca hallar una solución a un problema con el que vienen tropezando los pobladores de ambos distritos, desde hace varios años. El diputado Arrechea mencionó que son aproximadamente 10 mil hectáreas las que se encuentran en disputa.

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De acuerdo a los datos recabados en los padrones antiguos de Santiago de las Misiones, figura que el territorio que reclama San Patricio siempre perteneció al distrito de Misiones. Sin embargo, no hay ni un documento o ley que avalen dichas aseveraciones.

La municipalidad de Santiago asevera que realiza inversiones en las compañías afectadas, pero que los lugareños pagan sus impuestos en la comuna de San Patricio.

“Esto se está volviendo más candente, y ya existen posiciones radicalizadas entre los pobladores de la zona, lo cual es preocupante, y por ende hay que solucionar lo antes posible para que esto no se agudice, porque esto es una bomba de tiempo”, dijo el diputado Arrechea.

El legislador misionero tambipen mencionó que ya tuvieron una reunión con las autoridades de Santiago, con el objeto de buscar un equilibrio y un consenso, de modo a encontrar una solución lo antes posible. “Es una situación que se viene arrastrando por más de 30 años; se originó cuando se creó la comunidad de San Patricio, no se estipularon los límites”, significó.

Agregó que, antiguamente, San Patricio era una compañía de Santiago, de la cual se independizó, pero que, lamentablemente, no se estipularon los límites.

En ese contexto, el intendente remarcó que, a través de este tipo de reuniones, tiene la esperanza de encontrar una metodología de solución, seguramente, por medio de una ley que pueda reparar los límites históricos.

“No buscamos rivalizar con nuestros vecinos, solo queremos encontrar un medio de solución, para que cada uno tenga lo justo, y sea un procedimiento equitativo por el bienestar de ambos distritos”, significó finalmente.

Para concluir, el parlamentario Carlos Arrechea, expuso que es el principio de una mesa de trabajo, de varias a las que se van a abocar, hasta encontrar una solución viable, justa, y equitativa.

“Si bien es cierto hay posiciones bien fuertes, bien marcadas, hay una muy buena apertura y predisposición de ambas partes para sentarnos a hablar respetuosamente con mucha tolerancia”, concluyó Arrechea.

Finalmente, anunció que en una próxima reunión fueron convocados representantes de la Dirección de Catastro, Dirección del Servicio Geográfico Militar (DISERGEMIL) y otras instituciones.

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En una reunión de la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo, realizada este martes, se establecieron los objetivos, prioridades, y cronograma de trabajo para la protección, promoción y vigencia de los derechos humanos en Paraguay, informaron desde el Ministerio de Justicia.

Destacan que el proyecto tiene la colaboración de la Organización de las Nacionales Unidas (ONU), y según las autoridades de esta cartera de Estado, estiman que el nuevo plan estará listo antes de fin de año.

Indicaron que en proyección al 2028, representantes de las instituciones que componen esta Red de DDHH obtuvieron los detalles de los avances de la formulación del IV Plan de Acción de la Red.

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Al respecto, el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, destacó el trabajo conjunto de todas las instituciones que componen la Red, al tiempo de agradecer la colaboración internacional mediante las Naciones Unidas.

“Nuestro compromiso es claro, seguir trabajando de manera conjunta con dedicación y responsabilidad, para avanzar en la implementación de políticas públicas que garanticen la protección de los derechos humanos, de acuerdo con nuestras obligaciones internacionales y la realidad de nuestro país. Creemos firmemente que el IV Plan de Acción marcará un nuevo hito en esta labor, consolidando los avances realizados y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento”, expresó Nicora.

Mencionó que el objetivo general es desarrollar acciones que favorezcan mejorar los mecanismos de defensa, protección y promoción de los derechos humanos a través de la articulación y coordinación de las políticas, planes y programas de los Organismos y Entidades del Estado (OEE), que integran la Red de Derechos Humanos del Poder Ejecutivo.

En ese sentido, precisaron que se proyecta conformar mesas temáticas, que estudien caso por caso las situaciones que se presenten en materia de DDHH, con especial prioridad para aquellas circunstancias que surjan desde grupos en situación de vulnerabilidad.

Autoridades del Ministerio de Justicia, estiman que antes de fin de año se tendrá lista la redacción final del plan, que extendería su vigencia hasta el año 2028, con rigurosas exigencias en el cumplimiento de los preceptos en cuanto a DDHH.

Acompañaron al ministro Nicora, el viceministro de Justicia, Rafael Caballero; la directora General de DDHH de la Vicepresidencia de la República y coordinadora de la Comisión Interinstitucional para el cumplimiento de las Sentencias internacionales, María Peralta; el asesor de la Oficina del Alto Comisionado de las NNUU para los DDHH, José Galeano; la consultora de las NNUU, Nora Lezcano; el director general de Derechos Humanos, Rafael Escobar; la directora de Políticas Públicas en DDHH, Araceli Vargas; y funcionarios de las instituciones involucradas.

Con esta reunión, se dio un paso importante hacia la aprobación final del IV Plan de Acción de la Red de Derechos Humanos, que marcará un nuevo hito en la gestión pública en materia de derechos humanos en Paraguay. El plan será un referente en la región y abrirá nuevas oportunidades para la protección y promoción de los derechos fundamentales en el país.

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La Comisión Bicameral de Investigación (CBI) Antilavado recibió a representantes del Ministerio Público, fiscales de la Unidad Especializada de Delitos Económicos; seguido del contralor general de la República Camilo Benítez, acompañado de su equipo técnico, el cual ante la consulta del presidente, accedió a que su comparecencia sea pública.

En las siguientes audiencias se presentaron el Ministro de Tecnología, Información y Comunicación (Mitic), Gustavo Villate, junto con sus asesores. Además de varios representantes de la Fundación Servicios de Salud Animal (Fundassa).

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Posterior a estas reuniones, el plenario de esta mesa de investigación recibió como invitados a Santiago Ortiz, secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, acompañado de otros miembros de la comisión directiva del gremio. Uno de los puntos más debatidos se concentró en el derecho a la libre expresión y el derecho a la réplica ante informaciones falsas.

En ese sentido, Ortiz manifestó que el interés del sector es ponerse a disposición de la CBI, pero a la vez ejercer la defensa de la principal bandera del SPP que es la libertad de expresión, la cual es defendida desde 1979, incluso desde la época de la dictadura.

Recordó que ya tuvieron una reunión privada anteriormente, donde la principal preocupación tenía que ver con la filtración de datos y publicación de datos vinculados a colegas del gremio. Mencionó además sobre la necesidad de contar con un discurso público favorable y de promoción de la libertad de expresión y del ejercicio del periodismo.

En otro momento, Ortiz pidió a la clase política mayor tolerancia a la hora de recibir las críticas por parte de algunos periodistas o medios de prensa, teniendo en cuenta el cargo público que ocupan.

A su turno, el senador Gustavo Leite, vocero de la CBI aseguró que como legisladores están listos para aguantar las críticas que vengan, porque es el rol público. Además, garantizan la defensa de los derechos. Ahora bien, sobre la información que se está ventilando en la cual lo vinculan, y por decisión de la Comisión está levantada en la página web del Senado donde la información ya es pública.

Asimismo, cuestionó la divulgación de noticias falsas, que en la fecha el diario ABC Color publicó unos supuestos estatutos, que no corresponde al estatuto real de la constitución de la fundación en la que él forma parte junto con su esposa, ya sea por mala información o por mala intención.

Indicó que ya solicitó el derecho a réplica y que incluso ya se les envió el estatuto real, que no es el que se ha publicado. Lamentó que hasta el momento no tuvo el derecho a réplica, mientras que “la mentira sigue siendo la noticia”, cuestionó a los miembros del SPP.

“Yo no voy a llorar, ni me voy a rasgar la vestidura, aguantamos toda nuestra vida pública, porque es pública. Pero esto es una violación a la ética del periodismo. Así como nosotros les garantizamos sus derechos, ustedes están en la obligación de garantizar que los periodistas del Paraguay le den la réplica a la gente. Pero claro, entiendo que muchas veces no pueden hacer mucho más”, acotó.

Por ello, insistió en que el mensaje es de equidad y ecuánimes. Indicó que los miembros de la CBI tienen la capacidad de aguantar los golpes que vengan, pero necesitan que la prensa, que los periodistas tengan la capacidad de “allanar la cancha”.

“No solamente porque tengan medios poderosos, pueden inventar mentiras y seguir viviendo en la mentira; y cuando inventan una mentira y hay un derecho a réplica, publiquen la réplica y que la gente saque sus propias conclusiones” enfatizó.

Leite aseguró que los periodistas tienen la libertad de decir y criticar lo que quieran, pero cuando se equivocan tienen la obligación de dar la réplica a la persona afectada. “Siéntanse parte de este trabajo, no se puede construir democracia sin periodistas, no se puede construir democracia sin medio de comunicación libres. Pueden decir lo que quieran, pero cuando se equivocan, den el derecho a la réplica, tienen que corregir, porque si no estamos construyendo algo torcido”, acotó.

A su turno, el diputado Héctor Figueredo señaló que esta Comisión es de Investigación, es decir que su trabajo está aún en proceso, y que cuando se tengan los resultados serán públicos y todo accederán a esa información.

En tanto, abogó que cada sector haga su trabajo, la prensa de informar y opinar todo lo que quepa en derecho. Solicitó no criminalizar el trabajo de los miembros de la CBI, así como los miembros del gremio de periodistas solicitaron no criminalizar la profesión.

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