Luego de escuchar varios testimonios de cómo sobrevivían las familias en la zona crítica de la Chacarita y la gran transformación que se está logrando en el populoso barrio de Asunción; el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja destacó que se está marcando un hito histórico en lo que respecta a la política de viviendas en el país.

Recordó que el proyecto comenzó bajo la presidencia del exmandatario Horacio Cartes y cuando el actual presidente de la República, Santiago Peña, ejercía el cargo de ministro de Hacienda, consolidando un esfuerzo que comenzó casi hace una década.

“Este logro ha sido posible gracias a un esfuerzo conjunto entre el Gobierno, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pero sobre todo, la ciudadanía de esta comunidad. Este proyecto se trabajó sobre un área de 15 hectáreas, con una inversión de casi 11 millones de dólares que formó parte de un préstamo total de 30 millones de dólares y cuyas inversiones se realizaron en el resto del país”, precisó el ministro Baruja.

En el proyecto Chacarita Alta se ha mejorado la provisión de agua potable, se crearon canales de desagüe pluvial y cloacal, se reforzó la estructura urbana con calles y pasillos accesibles, se construyeron espacios de esparcimiento.

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Además, se fortaleció la seguridad de la comunidad con la instalación de cámaras de vigilancia, monitoreo, y mejoramiento del alumbrado público. Se inauguró un Centro de Atención de los Adolescentes, en conjunto con el Ministerio de la Niñez.

El ministro Baruja destacó que a partir del 15 de agosto del 2023, con liderado por el presidente Santiago Peña, se ha dado un fuerte impulso, ya que en estos dos primeros años de la actual gestión ya se ha ejecutado 65 % del proyecto.

“Hemos prácticamente cuadruplicado la gestión comparativamente con años anteriores, lo que demuestra nuestra capacidad de acelerar los resultados, cumplir compromisos y transformar la Chacarita Alta más rápido que nunca”, enfatizó.

Asimismo, resaltó que la Chacarita Alta es un ejemplo de que las políticas públicas deben tener continuidad, sin importar el signo político o movimiento que acompañe la gestión gubernativa.

“Este ha sido un Gobierno que ha dado continuidad política a las políticas públicas, como fueron la culminación del Hospital de Coronel Oviedo y el Gran Hospital del Sur; y hoy el proyecto de Chacarita Alta”, destacó.

No obstante, lamentó que no siempre ha ocurrido esto, lo cual indicó que debe servir como ejemplo, para que situaciones de políticas públicas como fue por ejemplo el tema del transporte público.

“Especialmente como el caso del metrobús que, por cuestiones de celos, envida y maldad, en su momento fueron interrumpido que hoy podría haber dado una gran solución a la ciudanía paraguaya. Ejemplo como este que nunca más se repita en el Paraguay, sigamos avanzando y construyendo más viviendas sostenibles mejorando la calidad de vida de nuestro país”, concluyó.

En otro momento, el ministro Baruja destacó que el trabajo de construcción en del barrio Chacarita Alta, ha sido un proyecto sostenible que ha logrado un reconocimiento a nivel mundial.

“En pocos días más, el proyecto Chacarita Alta, ha sido nominado a un premio internacional, que próximamente será anunciado, lo cual demuestra que este ha sido un trabajo que se ha concretado de una manera excelente”, resaltó.

Informó que este proyecto está beneficiando de forma directa a 1.000 familias. Entre ellas, 218 familias que han recibido mejoramiento de sus viviendas, otras 164 viviendas mejoradas y ahora se entregó 54 viviendas sostenible.

“Estas viviendas son el compromiso con el futuro, con hogares duraderos, eficientes, y pensados para mejorar la calidad de vida de las familias”, enfatizó el titular del MUVH.

El representante del BID, Manuel Fernandini, destacó que la pobreza no se combate solamente con mayores ingresos, sino que requiere también de oportunidades espacios dignos y políticas públicas que abrace la inclusión.

“Hoy no solo se inaugura obras de infraestructuras y viviendas, sino que se alcanza un hito a favor de la dignidad, la inclusión, y la esperanza de las familias que viven aquí. Desde el grupo BID y en línea con nuestra estrategia país para el periodo 2025-2029, buscamos apoyar al gobierno del Paraguay en su objetivo de expandir el acceso a las viviendas”, mencionó.

Destacó que al estar juntos hoy en este acto, es el resultado de un largo camino del compromiso y colaboración en el marco de mejoramiento de vivienda y hábitat financiado por el BID.

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En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se estudió el proyecto que pretendía crear un fondo especial para accidentados. La iniciativa ya había sido estudiada por la Cámara Alta, donde votaron por el rechazo, y en esta oportunidad, los legisladores se ratificaron en su postura por lo que la iniciativa pasó al archivo.

“En la Comisión de Hacienda en la primera vuelta ya se había rechazado tomando en cuenta el informe del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La Comisión de Hacienda tuvo dictamen por el rechazo y queda a disposición del pleno”, dijo el senador Natalicio Chase.

La propuesta legislativa tampoco contaba con el visto bueno de otras comisiones como la de Legislación y de Cuentas y Control, que aconsejaron mantener la postura en el sentido del rechazo. Esta iniciativa tenía como proyectista al diputado colorado Hugo Meza.

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La intención del proyecto era la creación de un fondo nacional para cubrir gastos de atención y de rehabilitación de víctimas de accidentes de tránsito, debido a la alta incidencia de estos siniestros y su impacto en el sistema de salud.

En este sentido, pretendía distribuir los ingresos provenientes de cuatro fuentes distintas, que iban a ser distribuidos entre el Ministerio de Salud, la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben) y la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis), quienes debían canalizar la ayuda para las personas afectadas.

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El equipo técnico del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) acudió este martes a la Cámara de Senadores para analizar en una audiencia pública el proyecto de ley que prevé la reforma del transporte público.

En su intervención, el ministro Carlos Fernández Valdovinos habló de un cambio de enfoque en el financiamiento del sistema, con el objetivo de dar previsibilidad a las inversiones y acelerar la modernización del servicio, a través de un fideicomiso de administración que concentre y gestione los recursos del sector, para garantizar un flujo constante para sostener la operativa y las mejoras.

“Es un esquema que da certeza al sector privado y permite proyectar a largo plazo”, aseguró Fernández Valdovinos y remarcó que la meta es contar con un transporte público más eficiente, seguro y cómodo para los usuarios.

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Valdovinos explicó que el fondo se nutrirá de tres fuentes: el billetaje electrónico, las multas aplicadas a las empresas y el actual subsidio al transporte, que ronda los USD 50 millones anuales y cubre el 47 % del costo de la tarifa.

Dijo que en lugar de destinar ese dinero exclusivamente a compensar el precio del pasaje, el MEF plantea canalizarlo hacia un plan de renovación de flota e infraestructura. “Podemos usar los USD 50 millones anuales del subsidio para inversiones estratégicas, como renovar la flota de ómnibus, y así transformar y modernizar el transporte público para beneficio de la ciudadanía”, precisó.

Con este esquema, el Gobierno apunta a cambiar la cara del servicio, dejando atrás unidades obsoletas y mejorando la experiencia diaria de miles de pasajeros.

Entre los aspectos más innovadores del proyecto, se propone separar la provisión de flota de la operación del servicio, estableciendo contratos diferenciados para evitar la dependencia de los operadores actuales en la adquisición de buses.

Como medidas inmediatas, se realizará una ampliación del servicio nocturno Búho, la incorporación de 30 buses eléctricos en un plan piloto y el uso de plataformas digitales como Google Maps para brindar información a los usuarios.

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La Cámara de Senadores rechazó el proyecto de ley que prohíbe el ingreso de celulares en las cárceles y el documento vuelve a la Cámara de Diputados, donde se pondrá a consideración la ratificación o aceptación del rechazo del Senado. El proyectista, el diputado José Rodríguez, indicó que sorprende el resultado de la Cámara Alta y que insistirá con su propuesta.

“Me dijeron que rechazaron. Eso va a volver a la Cámara de Diputados, y voy a pedirle a mi bancada y a otros colegas para poder ratificar la versión de la Cámara de Diputados. Se aprobó sin muchos problemas (en Diputados), era un trabajo que veníamos realizando con el exviceministro de Política Criminal, Víctor Benítez. Él me avisó ayer (por el jueves), y me dijo que hay que ver los argumentos de los senadores, el por qué rechazaron”, dijo Rodríguez en conversación con la 650 AM, este viernes.

“Fue un trabajo en conjunto, tuvimos pareceres favorables, entonces me extraña (el rechazo). Esta mañana voy a ir al Senado a leer los argumentos de los senadores. Voy a leer bien los argumentos y voy a luchar para que la versión de Diputados se vuelva a ratificar. Voy a hablar con los ministros de Justicia, del Interior y el presidente de la República, para ver que opinan y sacar la mejor versión”, apuntó.

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Explicó que el objetivo de esta normativa es que los funcionarios u otras personas que introduzcan celulares, tengan una sanción. “Hoy en día, ni siquiera sumario administrativo se les hace a los funcionarios y guardiacárceles que introducen los celulares, y desde la cárcel llaman, extorsionan y muchas cosas más”, aclaró.

Agregó que en la ley se plantea esa sanción con pena privativa de libertad a los colaboradores de justicia que ingresen los aparatos celulares sin autorización. “Por supuesto que nosotros respetamos la libre comunicación y el derecho a la defensa, pero lo que nosotros planteamos era lo que no estaban autorizados, los que ingresan (celulares) sin permiso”, señaló.

Concluyó que los procesados y condenados cuentan con los derechos establecidos para su comunicación en casos especiales, pero esto tiene que ser autorizado. “Claro que los procesados y condenados pueden hablar con sus abogados, pero sin autorización era algo ilegal, porque, desde adentro, muchos les escriben a la gente, les piden plata, miles de delitos se cometen con los celulares que no están autorizados dentro de las penitenciarías”, puntualizó.

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