Las clases del sistema educativo nacional comienzan el lunes 23, como estaba previsto en el calendario oficial. Así indicaron fuentes del Gobierno y voceros de los gremios docentes que habían amenazado con una huelga para esa fecha. Por consiguiente, más de 1.500.000 alumnos de las escuelas públicas volverán a las aulas, lo que constituye una buena noticia y representa un compromiso con uno de los sectores más tiernos y delicados de la sociedad paraguaya.
Numerosas instituciones educativas del sector privado ya han comenzado su actividad académica, con lo que la última semana de febrero la totalidad de los escolares y estudiantes del país estarán en las aulas.
Fuentes del Gobierno indicaron que desde el primer día de clases los chicos de las escuelas públicas tienen asegurada su alimentación con la puesta en marcha del programa Hambre Cero en las Escuelas. Más de 7.000 instituciones educativas del Estado de los 263 municipios de todo el territorio nacional alimentarán a sus alumnos desde el primer día de clases, porque los insumos alimenticios ya están dispuestos para su utilización en cada local de enseñanza.
Para asegurar la buena marcha del programa, lo ideal es que tanto los funcionarios de las diversas entidades educativas y los padres de familia colaboren en lo necesario. Los ministerios de Educación y de Desarrollo Social están coordinando las tareas necesarias para asegurar que desde el primer día los alumnos reciban los alimentos previstos y la atención necesaria.
Este será el segundo año en que la totalidad de los alumnos de las escuelas públicas recibirán la alimentación del programa estatal, con lo que se está garantizando la buena atención prevista por el Gobierno desde el inicio de su gestión. Hambre Cero en las Escuelas es un programa emblemático que ha cambiado la vida de los escolares, que ahora tienen una mejor nutrición para garantizar su instrucción y que hizo que las instituciones públicas cuenten con mayor cantidad de alumnos.
La posibilidad de la huelga docente por ahora no amenaza el inicio de las clases del lunes venidero, porque los sindicatos esperarán hasta el 25 de marzo, fecha en que la Cámara de Senadores tratará el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal. Se aguarda que para ese día los sindicatos docentes lleguen a un acuerdo con los legisladores para encontrarle una salida consensuada a la reforma del sistema jubilatorio.
Uno de los directivos del Sindicato Nacional de Directores (Sinadi) aseguró que se respetará el inicio de clases fijado para el 23 de febrero, por lo que invitó a los padres de familia a enviar sus hijos a las instituciones escolares en esa fecha.
La actitud asumida por los maestros y profesores de respetar el inicio del calendario escolar es muy positiva. Porque ningún tipo de reclamo ni gestión gremial tiene que perjudicar a los alumnos, como ha ocurrido en las ocasiones en que pararon las clases. Pues el interés de ningún gremio ni grupo debe estar por encima del derecho de los niños de recibir la instrucción educativa correspondiente.
Es probable que si la reforma de la Caja Fiscal que se estudiará en el Senado no responde a los deseos de los gremios de educadores, los sindicalistas quieran recurrir al paro. Ese es el temor que existe teniendo en cuenta lo ocurrido en ocasiones anteriores. Por eso se debe trabajar para institucionalizar el diálogo con los sindicatos de los docentes a fin de que las diferencias se puedan dirimir sin castigar a los niños.
Los representantes sindicales deben entender que su principal obligación como maestros es tener conciencia de que no deben actuar contra el derecho de los chicos, cuya instrucción y educación se ha puesto en sus manos con confianza. Deben comprender que la mejor actitud pedagógica es actuar respetando los derechos de sus alumnos.
Los errores cometidos en esa materia con anterioridad representan una importante lección para no volver a ese tipo de equivocaciones. Porque si para algo sirven las caídas es para tratar de no volver a caer.
Con relación a la reforma de la Caja Fiscal de Jubilaciones, los docentes deben saber que no se modificarán los desembolsos de la gente que ya está jubilada y que los ajustes que se están proponiendo son para garantizar que en el futuro haya suficientes fondos para cumplir debidamente con los pagos.

