El Paraguay está entre los cuatro países con mayor tasa de infor­malidad laboral en esta parte del continente. Lo dice la Organiza­ción Internacional del Trabajo (OIT), que lo incluye en el grupo en que están Ecuador y Perú, junto con Bolivia cuya informalidad asciende al 80 %, y es el peor ubicado. Entre los mejor situados por el menor porcen­taje de irregularidad están Uruguay, con 22 % y Chile, con 25 % de informalidad. A los que siguen Costa Rica, Brasil y Argentina, según el organismo internacional.

Nuestro país no está último en esa lista indeseable, pero se encuentra entre los peo­res, lo que no es una situación para ponerse contento sino para preocuparse y trabajar para cambiar ese panorama negativo.

Se entiende por informalidad laboral los empleos que no tienen protección social ni legal (sin IPS), no están regulados por nin­guna institución ni cuentan con contrato escrito, y los ingresos salariales son infe­riores a lo establecido legalmente. Afecta principalmente a personas en situación de pobreza, que se encuentran en una enorme desigualdad con los trabajadores legales. Están excluidos del sistema de salud, tienen bajos ingresos y no podrán acceder a la jubi­lación. Por todo ello constituyen una espe­cie de parias de la ciudadanía.

El Gobierno nacional, al que preocupa la situación mencionada, ha dictado dispo­siciones para tratar de avanzar en la for­malización de los trabajadores. Una de las prioridades del Ministerio de Trabajo es justamente disminuir la situación de infor­malidad de los trabajadores y el incremento de la cantidad de los que están protegidos por las normas legales.

Teniendo en cuenta ese propósito, en agosto pasado dictó el Decreto n.º 4.416 en el que se establece la Estrategia Integrada de For­malización del Empleo 2025-2028. Como señaló una fuente estatal, ese decreto es un instrumento de política pública que tiene como propósito orientar la promoción del empleo formal, la reducción de la informa­lidad laboral y la mejora de las condiciones de trabajo en nuestro país.

La ministra de Trabajo, Mónica Recalde, explicó en su momento la importancia de la disposición mencionada ya que con su aplicación se pretende hacer que el trabajo decente sea “una bandera que vamos a lle­var adelante todas las instituciones que ejercemos el control de la calidad de vida, bienestar e ingreso de los trabajadores”.

Resaltó que, con la institucionalización del derecho al empleo de los trabajado­res, se está dando un paso decisivo “para enfrentar uno de los mayores desafíos que tenemos como sociedad: la informalidad laboral. Esta política pública, construida a través del diálogo tripartito e interinstitu­cional, establece acciones claras para sim­plificar normas, fortalecer el control y la educación en derechos laborales, incorpo­rar innovación tecnológica y articular polí­ticas que faciliten el acceso a empleo formal y de calidad”.

El programa pretende consensuar y desa­rrollar acciones que incidan sobre los mecanismos del empleo informal. Esto mediante la creación de entornos favora­bles para generar empleo, el cumplimiento de los derechos laborales, el aumento de la productividad y la vigilancia del proceso de transición que lleva a la formalización.

Para llegar a ese objetivo, se proyecta un crecimiento del 6 % en el número de tra­bajadores que ingresan al sistema del IPS entre el 2025 y el 2028. Se ha tomado como base los 707.638 aportantes al IPS que había en el inicio del período del gobierno actual, en el 2023. Haciendo el recuento del número de trabajadores formales durante el 2025, el INE revela que la cantidad de personas ocupadas en el tercer trimes­tre del año pasado fue superior al de igual período de 2024. Encontró 146.304 perso­nas más fuera del trabajo informal, lo que refleja el avance que se ha conseguido en ese lapso. Es una cifra importante que muestra el resultado de las acciones que se están lle­vando a cabo.

De acuerdo con la opinión de algunos espe­cialistas, esta nueva situación “refleja el impacto de un modelo económico que prio­riza la estabilidad macroeconómica, la atrac­ción de inversiones y el fortalecimiento del sector privado, generando más oportunida­des laborales con salario, cobertura social, seguro médico y jubilación”. Estadísticas del sector privado revelan que en el 2025 las empresas han creado un buen porcentaje de empleos formales, lo que contribuye a dis­minuir la población de trabajadores ilegales. Aun así, la informalidad laboral sigue muy elevada y requiere mayores esfuerzos del Gobierno y de las empresas privadas.