La tradicional marcha campesina que en marzo de cada año cita en Asunción a diferentes organiza­ciones de productores del campo, esta vez tuvo una adhesión particular con la manifestación de varios partidos polí­ticos que aprovecharon la convocatoria para ganar un poco de vidriera y hacer desfilar a sus potenciales candidatos para las generales de 2028. En este contexto, el Gobierno, al que atacan en el intento de ganar espacio, les dio lecciones de compro­miso social y responsabilidad institucio­nal brindando las garantías estatales para el desarrollo del evento.

Si bien no hay mucha renovación para no decir cero alternancias en sus nucleacio­nes, los mismos espantavotos de siempre se agarraron del micrófono para llegar a los presentes, ya que las iniciativas propias de levantar importante cantidad seguido­res van a pique de fracaso en fracaso en los últimos tiempos. Una vez más, el gobierno del presidente Santiago Peña demostró altura en su gestión para el ejercicio de los derechos fundamentales, en este caso el de manifestarse. La administración estatal se ocupó en brindar todas las garantías, princi­palmente la de seguridad.

Sin escatimar el Gobierno dispuso el servi­cio de 12.000 policías distribuidos en pun­tos claves de la capital del país, de manera de resguardar el buen desarrollo de la mar­cha campesina, de la que se colgó este año la oposición mediática que se amontonó para ganar protagonismo. Es así como varios impresentables se favorecieron con los flas­hes de las cámaras y se colaron de la tradi­cional protesta, pese a que ni saben de dónde vinieron los campesinos que pelean desde hace décadas reivindicaciones que les ayu­den a mejores condiciones productivas.

Todo vale en el intento de algún espacio político. Por un lado, clamaban una Justicia más eficiente, mientras aparecieron arriba de la tarima gente como Rafael Filizzola que chicaneó un proceso judicial por más de una década.

Otro como Miguel Prieto, con una adminis­tración minada por denuncias de irregula­ridades que van desde repartija de licitacio­nes a operadores y leales, sobre precios en contrataciones públicas, compras en condi­ciones fraudulentas de alimentos durante la pandemia, hicieron gala de la hipocresía con un descaro sin límites que no ocultaron la intención política con miras presidencial a las próximas elecciones presidenciales.

Una exsenadora que no se resigna de dejar el circo y que fue destituida por corrupción al ser descubierta en maniobras administrati­vas en el comisionamiento de funcionarios que eran sus subordinados. Un gobernador de Central con rosario de cuestionamientos por lapidaria gestión en sus tiempos de inten­dente de Villa Elisa como el caso de Ricardo Estigarribia, que repartió contratos de la municipalidad a su clan familiar, fungieron de grandes salvadores y férreos combatien­tes contra la corrupción y la impunidad.

¡Qué ironía! Lejos de marcar presencia en un acto tan respetado como el encuentro anual de los campesinos en la capital y dejar propuestas, proyectos concretos que enca­minen soluciones reales de los trabajadores del campo, como es costumbre los oportu­nistas politiqueros de la oposición solo apro­vecharon la convocatoria para figurar, bus­car perspectivas para que el dron refleje una muchedumbre a la que no son capaces de aglutinar como partidos políticos.

Lo importante era demostrar el poder de convocatoria de unos partidos opositores que todavía no pueden afinar un proyecto en común antes que respaldar y acompañar al campesinado con propuestas factibles a mediano y largo plazo. Ese es el triste rol de la oposición, colarse de eventos emblemá­ticos para una demostración de una fuerza que no la tienen única y exclusivamente electorales con cero contenidos para los fines sociales.

El campesinado, una vez más la templanza del campesinado, dejó lecciones de civili­zación, pese a los males que los aquejan y el descontento que pudieran arrastrar contra este y otros gobiernos anteriores. Las pre­cauciones tomadas por la administración central del país ayudaron a que las manifes­taciones se desarrollen sin incidentes, como debe ser en un Estado que hace respetar la democracia en la que todos tienen la posibi­lidad de elevar su voz de protesta.

Estas condiciones de seguridad y liber­tad son fundamentales en el ejercicio del derecho ciudadano, en este caso para dar garantías a la manifestación de un sufrido sector como el campesinado, pese a que de ella se colgaron los oportunistas de siempre, expertos en lamentos e ineptos en aportar proyectos reivindicativos.