Nuestro país está culminando un año con buenas cifras mediante las excelentes recau­daciones frente a los gastos relativamente prudentes que está reali­zando. Los números son elocuentes y dan pie a un moderado optimismo para reci­bir el 2025 con la idea de continuar por la senda adecuada.

El hecho de que el Estado está gastando porcentualmente menos dinero frente a sus ingresos que en años anteriores es un punto positivo en la administración del país. Si uno recauda 100 y gasta 101, tiene un déficit del 1 %. Esta situación es mucho mejor que si con ese mismo ingreso estu­viera erogando 105, con lo que el saldo negativo es mayor.

Técnicos del área económica del Gobierno explicaron que uno de los logros que se está obteniendo en este año es que el déficit fiscal acumulado hasta noviembre último es de 1,8 % del producto interno bruto (PIB) y que este resultado está en línea con el déficit de 2,6 % que está previsto en el Presupuesto General de la Nación para el año 2024.

El hecho de que el déficit fiscal está decli­nando es un tema que hay que celebrar como un paso más hacia los logros finan­cieros que se propone la administración estatal. Acercarse al equilibrio macro­económico, que es una preocupación para cualquier administración que quiere hacer bien las cosas, es un logro que se irá alcan­zando de manera paulatina.

Se entiende por déficit fiscal el que los gas­tos de un Gobierno superan sus ingre­sos en un período de tiempo. Es un con­cepto económico de gran importancia que ayuda a entender la salud financiera de una nación. Si el déficit del fisco es elevado, representa un hecho preocupante, porque indica que está gastando mucho más de lo que es capaz de recaudar, y que para gas­tar el dinero que no tiene está recurriendo a endeudarse prestando plata de entida­des financieras que cobran intereses por ello. Recurrir a los préstamos para enfren­tar los gastos de funcionamiento de una administración es la señal más clara de que la situación económica no está muy bien, aunque en la medida en que los requeri­mientos son pequeños y manejables no resultan preocupantes. Por eso la Ley de Responsabilidad Fiscal establece que el déficit estatal no tiene que superar el 1,5 % del PIB. Porcentaje del que se está muy cerca para volver a los niveles anteriores a la pandemia del covid-19.

Las cifras del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan que de enero a noviembre los ingresos totales registraron un aumento del 16,8 %. Esto se debe a que las recaudaciones tributarias continua­ron creciendo, con un incremento del 20,7 %. Por su lado, los gastos tuvieron un alza del 16,2 % debido especialmente al pago de los intereses de la deuda pública, mayores gastos en la adquisición de medicamen­tos para los hospitales públicos y al incre­mento de salarios en sectores considera­dos estratégicos, como los ministerios de Educación y Ciencias, de Salud Pública y las fuerzas públicas.

Uno de los propósitos de los técnicos que manejan la economía es que en el 2025 se llegue el déficit fiscal al 1,5 % del PIB para cumplir las disposiciones de responsabi­lidad en el manejo del dinero público. La decisión política del Gobierno para ate­nerse a las recomendaciones de los espe­cialistas está demostrada en la aprobación de la nueva Ley del Presupuesto General de la Nación para 2025 en que se ven aco­tados los gastos a niveles considerados prudentes para que no se disparen inde­bidamente y se conviertan en derroches innecesarios.

Uno de los aspectos plausibles del presu­puesto del año venidero es que aumentará la erogación de fondos para los sectores sociales. Sin sacrificar asuntos importan­tes hará hincapié en los programas desti­nados a ayudar a la gente más necesitada, como Hambre Cero en las Escuelas y la asistencia alimentaria para adultos mayo­res, que es una de las novedades. La ayuda a los ancianos irá más allá de la alimenta­ción, pues aparte de la comida se quiere dar un auxilio integral que contemple activi­dades grupales y apoyo multidisciplinario.

La apuesta estatal es sanear las finan­zas públicas para que haya menos déficit y mejorar la situación de los sectores socia­les necesitados mediante la utilización de los recursos provenientes del pago de impuestos y cargas fiscales.