Desde hace algunos años, los medios de comunicación pretenden instalar sus propios relatos para superponerse a la realidad misma. No son los únicos, pues el mismo propósito aspiran diferentes ámbitos de la sociedad: económico, político, gremial y organizaciones diversas que, muchas veces, cuentan con el acompañamiento de los órganos de difusión masiva.
No debemos, naturalmente, generalizar, porque, así como existen ambiciones mezquinas para tratar de imponer particulares puntos de vista a los demás, también encontramos personas y sectores de la prensa que no han renunciado a sus convicciones éticas para buscar la verdad objetiva, aquella que trasciende la subjetividad de los individuos. Por supuesto que no es nueva la intención de distorsionar y manipular los hechos y los procesos, que aumentó de dimensiones con una posmodernidad relativista, donde las opiniones procuran tener categoría de certeza absoluta.
Así, para entrar directamente en terreno, la Comisión (de rango constitucional) de Carácter Transitorio para la Investigación de Hechos Punibles de Lavado de Activos Contra el Patrimonio del Estado, Contrabando y otros Delitos Conexos, fue denominada “comisión garrote” porque, eventualmente, podría desnudar algunos presuntos ilícitos ligados a un conglomerado de empresas. Todas las gestiones que realiza esta comisión son sistemáticamente desacreditadas e impugnadas por los grupos que podrían ser afectados. La narrativa desarrollada a su conveniencia golpea con tenacidad, anhelando impactar en la conciencia ciudadana.
Lo mismo ocurre con la reciente ley promulgada por el Poder Ejecutivo por la que “Establece el control, la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones sin fines de lucro”, que los mismos medios de comunicación rebautizaron –con declarada mala fe– como “ley anti-ONG”. Y, también, como “garrote” (palabra que buscan desesperadamente que la ciudadanía asimile como tal) en contra de la “sociedad civil”. Solo a los efectos de ratificarnos en lo que venimos hace rato apuntando: la sociedad civil es un concepto amplio que no se restringe al limitado mundo de las “organizaciones sin fines de lucro”. En todo caso, es una representación que nadie en particular puede adjudicarse, salvo la misma sociedad cuando asume el cuerpo de multitudinarias manifestaciones populares, reclamando su espacio en los debates nacionales.
En un mundo global muchos autoasignados referentes intelectuales y de opinión de nuestro país todavía creen que seguimos siendo una isla rodeada de tierra en materia de información y comunicación. Hace rato que las barreras de nuestra mediterraneidad han sido traspuestas, al menos para conocer lo que ocurre en otras naciones, especialmente en América Latina. Deberían saber que la metodología fascista de interferir toda información que provenga del exterior y propalar su exclusiva propaganda interior ya no es posible en la práctica.
Las redes sociales nos conectan a todos por igual dentro de un régimen democrático como es el nuestro. Se leen y hasta se pueden imprimir libros, folletos, tesis doctorales, informes y estudios analíticos de las más diversas extracciones y posiciones ideológicas. Solo las mentes perezosas se mantienen en la oscuridad.
Chile es un referente infranqueable para cualquier expresión política, social y cultural. En materia de calidad democrática está en el tercer lugar, después de Uruguay y Costa Rica. De modo que es un caso que puede ser citado como ejemplo. En el 2008, mediante una licitación pública convocada por el Ministerio Secretaría General de la Presidencia, se elaboró el informe “Transparencia y rendición de cuentas en organizaciones sin fines de lucro”, por medio de un equipo liderado por el doctor y magíster en Sociología, doctor en Estudios Latinoamericanos y catedrático del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Chile.
Haremos breves citas a razón de nuestro espacio, pero con el compromiso de continuar ilustrando sobre este tema: “Se entiende por rendición de cuentas o accountability en OSFL como un ‘proceso cuyo fin es dar a conocer los resultados alcanzados por la organización, en un periodo determinado, que se desarrolla de manera colaborativa con diversos actores, impactando positivamente en la gobernanza de la organización’” (Chile Transparente, 2008).
Y aquí viene el caracú que hace corcovear a nuestros actores locales: “Se comprende como transparencia activa ‘el deber de las organizaciones, públicas y privadas, de publicar y diseminar cierta información esencial, a través de medios accesibles y en forma permanente y actualizada. Es así como las OSFL necesitan ser proactivas (transparencia activa) y deben divulgar la información relevante para sus distintos grupos de interés, a fin de crear confianza. Una forma eficaz de hacerlo es mediante una política de transparencia institucional, que debe incluir la publicación de la información sobre las actividades de la organización (dónde, cuándo, para cuándo, con cuánto dinero y quién es responsable) –las negritas son nuestras–, las finanzas detalladas y los gastos desagregados, además de un código de ética.
De esta manera, los grupos de interés pueden monitorear a la organización, conocerla más a fondo e interesarse en participación con la OSFL’”. Nada más que agregar. El material será de mucha utilidad a la hora de reglamentar la ley. No es ningún demérito aprender de experiencias ajenas. Sobre todo, si son positivas para la convivencia diaria, la transparencia y la honestidad intelectual.