El Poder Ejecutivo junto con el Poder Judicial remitieron hace días al Congreso un proyecto de ley denominado Registro Unificado Nacional (RUN) por el que se pretende dar un importante paso para regularizar la titulación inmobiliaria en nuestro país.

Luego de la correspondiente delibera­ción, en este momento dicho documento ya cuenta con la aprobación en el Senado y fue remido ahora a la Cámara de Diputa­dos donde también se espera su aproba­ción sin mayores dilaciones. El proyecto debe ser catalogado sin temor a equívo­cos de carácter reformista en cuanto a su afectación sobre el ordenamiento admi­nistrativo del Estado.

La situación que hoy se tiene en el Catas­tro es de tal magnitud que las demoras son una falta de respeto a las personas que acuden todos los días a esta y a otras ins­tituciones relacionadas con la propiedad. El retraso en los expedientes son un freno para la radicación de inversiones y de con­fianza hacia nuestras instituciones, cues­tiones que precisamente con el RUN se pretende corregir.

Con el RUN se busca que varias institu­ciones trabajen juntas, órganos estata­les que no pueden seguir desvinculados como hasta ahora tomando en cuenta que tienen el mismo objetivo. De este modo, la Dirección General de los Registros Públicos (DGRP), el Servicio Nacional de Catastro (SNC) y el Departamento de Agrimensura y Geodesia se fusionarán para ofrecer a la ciudadanía respuestas diligentes y eficientes.

Las razones de este proyecto de ley no pueden ser más prácticas y sobre todo en atención a lo que el país necesita y la ciu­dadanía exige. En efecto, tropezamos con dos problemas relacionados con la titula­ción de inmuebles.

El primer problema es que coinciden con el mismo nombre y características títu­los inmobiliarios, lo que es inadmisible porque significa que un mismo inmueble cuenta con dos y hasta varios títulos. El segundo problema está en los engorrosos trámites llevados a cabo por el interesado y/o sus representantes. Esto hace que el ciudadano se vea obligado a pasar por un calvario de situaciones para lograr la titu­lación de su propiedad.

Solo si tomamos en cuenta estos dos pro­blemas nos daremos cuenta de que esta­mos ante hechos de directa relación con la seguridad jurídica, tema no menor por cuanto que incide con la radicación de inversiones. Se requiere, por ende, de una mejor coordinación entre los correspon­dientes órganos estatales encargados de un tema vital para el progreso como lo es el sector inmobiliario.

No podemos esperar que estos problemas sean resueltos por sí mismos. Los hechos dan testimonio de que si se desea más y mejores inversiones pues entonces la ges­tión y la titulación en el sector inmobilia­rio deben contar con un procedimiento dinámico, transparente, accesible para la ciudadanía y con menos tiempo para su resolución en el registro de propiedad. Este proyecto de ley tiene carácter his­tórico si tomamos en cuenta lo que hasta hoy sucede, pues el caos procedimental y jurídico conduce irremediablemente a la ineficiencia, a más gastos para el contri­buyente y hasta a la corrupción.

Estamos seguros de que, de aprobarse este proyecto de ley que crea el RUN remitido por el Poder Ejecutivo y el Judicial al Con­greso, se estará dando un avance significa­tivo para el desarrollo de nuestro país.