En ningún país es correcto destinar en gran porcen­taje los recursos públicos que provienen del dinero de los contribuyentes sobrevalo­rando el pago de salarios de los funcionarios estatales. Si así se procede entonces hay que corre­girlo.

Nuestro país en el sentido men­cionado no ha sido la excepción de aquella tendencia dominante de carácter estatista que no toma en cuenta el esfuerzo del sector privado. Sin embargo, el gobierno actual del presidente Santiago Peña por medio del Ministerio de Economía viene corrigiendo esa errónea modalidad de compor­tamiento. El Ejecutivo nacional lleva a cabo una tarea elogiable en beneficio de la ciudadanía contri­buyente, como debe darse en las sociedades libres con democracias constitucionales.

El hecho de que anteriormente se destinaban el 70 por ciento de los ingresos tributarios a gastos sala­riales y ahora se haya reducido al 52 por ciento, prueba que esta­mos ante un cambio positivo en la relación entre el Estado y el ciuda­dano.

Pero todavía hay algo más a seña­lar. Junto con la reducción impor­tante del 70 por ciento al 52 de ingresos impositivos a gastos salariales que, por cierto, se con­vierte en el más bajo en términos históricos a la fecha, el gobierno actual también está consiguiendo el aumento de los ingresos al fisco, todo lo cual le permite contar adicionalmente de ese modo con 870 millones de dólares para el próximo ejercicio fiscal.

Analizados estos hechos, el rumbo del Gobierno es correcto. Esto implica igualmente dispo­ner de más recursos para apli­carlos en aquellas áreas nece­sarias y urgentes como sin duda lo son la salud, la educación, la seguridad y programas socia­les cada vez más abarcativos para que las familias meneste­rosas y vulnerables cuenten con la debida contención social que les permita contar con mejores oportunidades.

Es por eso que en el campo de las finanzas públicas relacionado con la actividad de los órga­nos estatales en relación con los ingresos, los gastos y el presu­puesto en general, debe impera­tivamente disponerse del dinero del pueblo con la debida contra­prestación. Es para tal efecto que los contribuyentes pagan tributos para que el gobierno de turno los disponga en con­cepto de gastos a fin de cumplir con sus obligaciones estableci­das en la Constitución Nacional y demás leyes.

Si los ciudadanos en categoría de contribuyentes son los que mantienen la actividad estatal, entonces esos recursos deben ser correspondidos con el buen uso de los mismos, donde la eficien­cia, la calidad, la transparencia y la rendición de cuentas sean los indicadores a cumplirse desde los respectivos órganos gubernamen­tales.

El hecho de que se hayan dismi­nuido ostensiblemente los ingre­sos tributarios para el pago de salarios desde el 70 al 52 por ciento merece el apoyo de todos los ciudadanos más allá de las banderas políticas, siendo esta medida una prueba de respeto del Gobierno hacia el pueblo contri­buyente. Es una prueba más de que vamos a estar mejor.