Era de esperarse que, así como conspiraron cobardemente bastardeando funciones de sensibles organismos estatales de control maniobrando información para perseguir al adversario político, la gavilla del expresidente Mario Abdo Benítez acuda a las chicanas para escapar de la Justicia.

Los colaboracionistas del esquema terrorista que caracterizó al gobierno de Abdo con filtraciones manipuladas se esconden en sus cuevas. No es lo mismo un show mediatizado de una exposición con powerpoint promocionado por medios de comunicación amigos, que argumentar, justificar y probar ante la Justicia acusaciones politizadas.

El expresidente Mario Abdo Benítez, su porrista hoy diputado Mauricio Espínola, los exfiscales secuaces de uno de los gobiernos más denunciados por corrupción, René Fernández, exministro anticorrupción; Arnaldo Giuzzio, exministro de la Secretaría Antidrogas y del Interior; Carlos Arregui, exministro de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad), y sus colaboradores, Carmen María Pereira Bogado, exalta funcionaria de Seprelad; Guillermo Preda Galeano, exalto funcionario de Seprelad; Francisco Pereira Cohene, otro funcionario de Seprelad, y el joven exasesor de inteligencia de Giuzzio, de nombre Daniel Farías Kronawetter, tienen la obligación de responsabilizarse por sus actos ante el Ministerio Público y demás organismos correspondientes.

En la imputación fiscal aparecen uno por uno los roles que tuvieron estos personajes que utilizaron información de carácter reservada para fines políticos.

Si realmente reunían las evidencias fidedignas para atribuir al adversario político los presuntos delitos financieros, este proceso de investigación penal es el escenario adecuado para que puedan llevar al objetivo al banquillo de los acusados. Pero no, hasta ahora no saltaron más que referencias de oficios y consultas financieras que inescrupulosamente fueron tergiversados en campaña electoral en el intento de captar votos.

Se alinearon al odio de Abdo a quien no importó confabularse con la mediocre oposición, traicionar los principios del partido que lo llevó a la Presidencia de la República, todo por sus ansias de dar un golpe bajo con intereses totalmente proselitistas.

La Fiscalía citó a declarar por el caso de filtraciones a la mencionada camarilla de Abdo que fueron imputados por revelación de secretos privados por funcionarios o personas con obligación especial, inducción a un subordinado a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas. Los primeros convocados, Fernández y Giuzzio, chicanearon para no acudir a indagatoria, típica acción para trancar investigaciones.

No es la primera chicana que los excolaboradores de Abdo plantean para esquivar a la Justicia, desde la imputación vienen entorpeciendo el proceso.

Llama la atención que principalmente los exministros involucrados, siendo exagentes del Ministerio Público y jactándose de inocentes, pidiendo auxilio hasta a los miembros de organismos internacionales obstaculicen un proceso en el que, si tienen la verdad de sus respectivos lados, nada tienen para perder.

Se les agotó el libreto bien replicado en sus medios amigos, se les acabó el privilegio del mal uso del poder político, se terminó la época de bastardeo de las instituciones y deben, como todos los paraguayos, rendir cuentas ante la Justicia.

La Justicia debe aplicar celeridad en la investigación de la mencionada como de otras causas. No se puede vivir tirando la piedra y escondiendo la mano, peor aún, vulnerando instituciones que se rigen por normas constitucionales.

La gavilla de Abdo ha causado mucho daño al país con filtraciones irresponsables, distorsionadas, arriesgando la imagen país y las garantías institucionales. Hasta ahora no han asumido ni demostrado con pruebas las acusaciones, por lo tanto existen razones para pensar que son infundadas o si tienen lógica, es el momento de que defiendan sus acciones.

Sin distinción de colores, quienes tienen cuentas pendientes con la Justicia deben hacerse responsable y así sentar precedente que quienes osen prostituir las instituciones recibirá el castigo que corresponde.