En los próximos días las autorida­des del Gobierno nacional cum­plirán 10 meses al frente de la conducción del país en medio de las esperanzas de la ciudadanía. En este corto tiempo ya ha concretado gran canti­dad de proyectos que estaban aguardando la acción de los poderes públicos. Pero resta aún un mayor número de propues­tas que se están procurando llevar a cabo para remediar los males que se tienen y desarrollar nuevas iniciativas para pro­curar mayor cantidad de realizaciones. El trabajo hecho hasta ahora demuestra las ideas existentes y revela el rumbo que se pone como meta.

El objetivo de la entidad gubernamental es hacer que las personas vivan mejor, con suficiente trabajo para alcanzar sus obje­tivos económicos, que los que no tienen casa propia lleguen a esa meta con facili­dades y que en general el país avance con más inversiones económicas que avivarán el progreso de todos los sectores de la vida nacional.

Para conocer las principales metas que se ha propuesto el Gobierno, es bueno remar­car su fuerte preocupación social. Pues cualquier avance económico se mide final­mente por el bienestar de la gente.

Esta idea quedó clara en la reciente expo­sición de la ministra de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de nuestro país, Mónica Recalde, en la reciente reunión de la Con­ferencia Internacional del Trabajo de la OIT, desarrollada en Ginebra, Suiza. En la ocasión afirmó que la seguridad econó­mica y social de nuestra población es el eje central de la acción del Gobierno nacional. Porque existe la convicción de que “forta­leciendo la institucionalidad del trabajo, dotando de mejores herramientas a nues­tra población trabajadora a través de la for­mación y capacitación laboral y aprove­chando la estabilidad macroeconómica de nuestra economía, podremos lograr una transición justa hacia una sociedad más próspera”.

Señaló que debido a su preocupación social, las principales líneas de acción del Gobierno se encaminan a concretar polí­ticas efectivas para el acceso a empleos de calidad y la seguridad social. Por eso el presidente Santiago Peña se ha puesto como una de sus principales metas de gobierno la creación de 500 mil nuevos puestos de trabajo y el combate al empleo ilegal existente.

La ministra Recalde remarcó como idea central buscar la justicia social como base de una paz duradera, una prosperidad compartida, la igualdad de oportunidades y una transición justa. Teniendo en cuenta que la línea de pensamiento y acción de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es la justicia social en el mundo labo­ral, la secretaria de Estado apuntó que el Gobierno de nuestro país coincide con esa posición política. También hizo hincapié en que el diálogo y la participación en el mundo de los trabajadores son herramien­tas para alcanzar un desarrollo social sos­tenible.

A raíz de las deficiencias y la falta de con­troles legales del pasado, la historia del país está llena de situaciones que hacen que la injusticia social sea una enfermedad toda­vía muy fuerte. Por eso para la mayor parte de los trabajadores no rigen en los hechos prácticos las leyes del trabajo; existe una gran cantidad de personas que labora en el mercado negro, que no existe jurídica­mente como trabajador legal, y está al mar­gen de las normas vigentes. Un altísimo porcentaje de obreros y empleados no ha sido incluido como asegurado al Instituto de Previsión Social (IPS), no cuenta con los beneficios sanitarios correspondientes ni podrá obtener su jubilación cuando cumpla la edad correspondiente.

Por eso son altamente reconfortantes y prometedoras las palabras de la ministra de Trabajo cuando asegura que pondrán en práctica políticas efectivas para acceder a empleos de calidad y la seguridad social. Y las promesas del presidente de crear nuevos puestos de trabajo y el combate a los empleos que están al margen de la ley.

Esta tarea no incumbe solo al Gobierno, que tiene el importantísimo rol de hacer cumplir y vigilar la observancia estricta de las leyes. Gran parte del sector pri­vado empleador que está en falta tiene que ponerse las pilas, desterrar la ilegalidad cumpliendo las normas existentes, abo­nando los aportes al IPS, tratando a sus trabajadores como personas dignas. Solo así se podrá caminar seguro para la obten­ción de la justicia social que se pretende desde lo alto del poder político.