Se está estudiando un nuevo aumento del salario mínimo obli­gatorio. De acuerdo a nuestra legis­lación en la materia, el salario de los trabajadores debe aumentar de acuerdo al Índice de Precios del Consumidor (IPC) o la inflación acumulada, para el caso en concreto, entre mayo del año pasado y el de este año, lo que daría –tomando en cuenta la inflación acumulada– una suma que no superará los 120 mil guaraníes.

Esto es lo que hoy se tiene y es la manera de perpetuar un modelo que no le conviene al trabajador.

El salario mínimo oficial como sabemos es el valor que se abona por el trabajo que una persona realiza y en nuestro país el sueldo básico apenas alcanza a no más de 3 de cada 10 trabajadores. Esto significa que el resto de la población trabajadora no tiene ningún aumento en sus haberes cuando se decreta un ajuste del mínimo oficial porque sencillamente se encuentran en la informalidad; esto es, no están sujetos a las leyes de salario mínimo y no cuentan con un seguro social.

La realidad es que cada vez que aumenta el salario mínimo obligatorio se benefician unos pocos, no más del 30 por ciento de la Población Económicamente Activa (PEA). Al respecto y esto debe decirse, la pobla­ción más joven que a la fecha se encuen­tra en la informalidad bien podría ingre­sar al sector formal si se tuviera en cuenta por ejemplo que el valor que se abona por el trabajo sea remunerado de acuerdo a la productividad.

Pero ocurre que los miles de jóvenes, tanto de la ciudad como del campo, que no cuen­tan con la preparación más adecuada y que cada vez que aumenta el salario oficial finalmente son los más perjudicados, esto es, no solo permanecen en la informalidad donde ya se encuentran, sino también les aleja de conseguir un empleo mejor remu­nerado.

No resulta pues equilibrado que solo 3 de cada 10 trabajadores vean incrementa­dos sus haberes cada vez que se establece un aumento del salario oficial obligatorio, siendo el resto de los trabajadores mayo­ritariamente perjudicados. Y esto tiene una causa: el salario oficial es como una barrera artificial cada vez más alta que impide a los informales ser parte del mer­cado laboral formal.

El salario, y hay que decirlo para no men­tir como algunos lo hacen, es la valía que se paga a una persona por un trabajo que rea­liza. Las personas, especialmente los jóve­nes y aquellos que no cuentan aún con la debida preparación para un trabajo deter­minado, son llevadas hacia la informalidad cuando el valor del salario está por encima de sus productividades.

¿Significa esto que el salario mínimo debe ser derogado? En ningún modo, lo que se sostiene es que el salario obligatorio debe ser referencial, no debe ser superior a la productividad de una persona pues le sig­nifica desempleo e informalidad, situación que precisamente es lo que ocurre en nues­tro país compuesto por miles de jóvenes que desean trabajar y así pagar sus estu­dios y ayudar a sus familias.

Esta es la explicación y no otra por la cual nuestros jóvenes no acceden a un empleo formal, a ser sujetos de crédito y hasta no seguir estudiando luego de terminar su formación en las escuelas y colegios, lo que implica igualmente que no puedan prose­guir sus estudios superiores.

El salario mínimo sin correspondencia con la preparación de una persona tam­bién le perjudica al trabajador cuya pro­ductividad es superior al salario mínimo oficial; esto es, en lugar de ganar más que el mínimo legal obligatorio, esa persona que debería ganar por encima del mínimo legal pues solo termina percibiendo el mínimo, siendo esta situación una injus­ticia que no se corresponde con el sentido de justicia, esfuerzo y preparación que una persona realiza a lo largo de su vida laboral.