La gratuidad de la educación uni­versitaria pública ha recibido el mayor blindaje posible con el decreto emitido el lunes 15 por el Gobierno. Los alumnos de tales casas de estudio tienen la seguridad jurídica que ninguna otra administración les ha ofre­cido para dedicarse a la formación acadé­mica que corresponde sin ninguna carga monetaria.

El presidente Santiago Peña firmó el Decreto 1524 que reglamenta el Arancel Cero, con el que garantiza la gratuidad de la admisión y la concurrencia a las clases en todas las universidades públicas del país. El documento oficial establece el blindaje de los fondos y es una garantía para la con­tinuidad del referido programa que afecta a los estudiantes universitarios de entidades nacionales.

El mandatario resumió la relevancia del documento emitido, resaltando que con él se va a proteger el bien tan preciado que es la educación. “Hoy el Arancel Cero tiene más fuerza, blindaje y garantías que nunca antes había tenido; juntos seguire­mos haciendo el resurgir de nuestro país para que llegue a su destino de grandeza”, afirmó.

El referido decreto establece que serán considerados gastos prioritarios los crédi­tos presupuestarios asignados en los térmi­nos de la Ley de Hambre Cero a las univer­sidades públicas de la nación. Lo que quiere decir que la plata que se prevé en el presu­puesto de la nación en la ley referida tendrá preferencia y estará primero que los fondos para otros destinos.

El dinero que se transferirá a las universi­dades no podrá ser inferior al 100 % de las solicitadas por las entidades, y tampoco será objeto de topes ni recortes presupues­tarios. Esta disposición es única, pues habi­tualmente no se entrega todo el dinero soli­citado por las entidades públicas al Tesoro de la nación, pues depende de las disponibi­lidades de la caja estatal.

Con relación a la ley de presupuesto que rige para este año, se faculta al Ministe­rio de Economía y Finanzas a realizar las modificaciones que correspondan para incluir los recursos que demandará la apli­cación del Arancel Cero.

Hay que resaltar que mediante las dis­posiciones tomadas por el Gobierno para fortalecer la aplicación del Arancel Cero se está dando la seguridad absoluta a los recursos que requiere. Pues con el blindaje anunciado se están protegiendo sobrada­mente los fondos que se necesitan para solventar los servicios de la educación terciaria. Lo que quiere decir, en térmi­nos prácticos, que los estudiantes de las universidades estatales no pagarán nin­gún servicio ni arancel para realizar sus actividades académicas, ya que el dinero previsto en el presupuesto para el efecto no se podrá tocar ni recibir otro destino. La ley habla de que los fondos provendrán de la Fuente 10, recursos del Tesoro, que es la caja grande que tiene el Estado para financiar sus principales actividades. El 85 % de los fondos de esa fuente proviene de los impuestos estatales, otra parte corres­ponde a los royalties de la Itaipú y una por­ción importante viene de transferencias de las empresas públicas, aranceles o comi­siones que cobra el Estado. Lo que significa que habrá suficientes recursos para solven­tar las erogaciones para las universidades públicas.

Con las medidas adoptadas por el Gobierno, los estudiantes que se están movilizando para forzar la consecución de sus reclamos ya no tienen motivo para con­tinuar con el paro. No tiene sentido seguir pidiendo cosas que ya se han obtenido y continuar con la medida de fuerza. Las autoridades nacionales han dispuesto las normas jurídicas y los recursos financieros para el Arancel Cero y todo lo que implica.

Altos exponentes del Gobierno demos­traron su predisposición para conversar con los estudiantes para buscar el enten­dimiento. Falta ahora la actitud de la otra parte, que no debe proseguir con la medida de fuerza que perjudica a los que quieren estudiar. Ha llegado la hora de concertar un acuerdo que permita continuar con la nor­malidad de la vida estudiantil, que no con­siste en peleas ni enfrentamientos estéri­les, sino en proseguir la vida académica con sus obligaciones y responsabilidades.

Los estudiantes de las universidades públi­cas deben considerar que tienen un gran compromiso con la ciudadanía. No ten­drían que dar las espaldas a la gente que los beneficia con sus aportes para que pue­dan estudiar de manera gratuita. Más bien deben apoyarla con actitud positiva mediante su dedicación al estudio.