Los datos estadísticos sobre la rea­lidad de los trabajadores del país indican que solo una pequeña parte está debidamente protegida por los servicios del Instituto de Previsión Social (IPS). Esto porque muchas entida­des patronales no cumplen con las normas que obligan a inscribir a sus empleados a la institución previsional, prefieren eludir las leyes y operar en negro. Esto demues­tra también que hasta ahora las entidades estatales involucradas no han operado con la suficiente eficiencia para hacer cumplir la ley. Y revela al mismo tiempo que no han existido políticas efectivas para solucionar este grave inconveniente legal que tiene serias consecuencias sociales y económicas en la sociedad paraguaya.

Normalizar esta situación que tiene décadas de existencia es uno de los trabajos que el Gobierno que asumió en agosto pasado tiene por delante, tarea que requerirá la colabora­ción del sector privado involucrado.

De acuerdo con estudios realizados por entidades especializadas, de cada 100 tra­bajadores que operan en el país solo 25 aportan al IPS, lo que significa que los 75 restantes no lo hacen y están fuera del alcance de los beneficios de la institución. Son cifras que muestran el feo rostro de la realidad que atañe a la mayor parte de la sociedad paraguaya.

El Centro de Estudios Económicos (CEE) realizó un trabajo estadístico que indica que el 75 % de la población económica­mente activa no tiene el seguro social del IPS. Lo que indica que está operando en la informalidad, con todo lo que ello implica desde el punto de vista legal. La población económicamente activa representa el 51 % de la población total del país, que es de 6.109.644 personas, según el último censo. De acuerdo con el estudio, hasta diciem­bre último en IPS había 914.115 cotizantes titulares y 1.557.467 asegurados.

Estos números revelan con mucha preci­sión el gran porcentaje de entidades que no operan dentro de la legalidad y lo mucho que se tiene que hacer en ese campo, sea para incrementar la recaudación de la enti­dad previsional como para proporcionar la protección sanitaria y la posibilidad de jubilarse a tantos trabajadores.

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguri­dad Social es el organismo estatal encar­gado de velar por la vigencia de los dere­chos de los trabajadores del país. Tiene la obligación de hacer que los empleadores cumplan con todas las normas relaciona­das con la protección de las personas que dependen laboralmente de ellos. Por lo que debe encarar una política de gran alcance para regularizar la situación de tantas empresas que hasta ahora no están cum­pliendo las leyes de protección laboral. Para esta tarea debe trabajar de manera conjunta y coordinada con otras institu­ciones, como el IPS, la Policía Nacional e instituciones privadas.

Por otro lado, las entidades gremiales que agrupan a las empresas, como la Feprinco, la UIP y otras de la misma índole, también deben involucrase haciendo que los patro­nes que no están observando las leyes den cumplimiento a sus obligaciones como corresponde. En el Congreso Nacional se deben proponer normas que obliguen a los que contratan trabajadores a actuar legal­mente, así como se exige el cumplimiento de las disposiciones impositivas.

El IPS no tiene que quedar pasivo ante esta situación, porque aparte de ser el principal perjudicado monetariamente, le corres­ponde el compromiso de hacer que la pro­tección previsional alcance a todos los que trabajan.

Desde el punto de vista legal, es una ver­güenza para todo el país que de cada cua­tro personas que laboran solo una esté aportando al IPS. Mirando desde el lado humano, es casi criminal que se esté jugando de ese modo con la mayoría de los trabajadores, privándoles de la protección que legalmente les corresponde. Conside­rando la situación desde cualquier posi­ción, es un hecho inaceptable que requiere de una pronta corrección mediante la acción de los organismos estatales compe­tentes y la colaboración de los gremios de trabajadores y patronales que están invo­lucrados en el tema.

La esclavitud está fuera de las leyes para­guayas y de las normas internacionales. No hay por qué aceptar pasivamente que la mayoría de los trabajadores sigan en un régimen de semiesclavitud por la debilidad de algunas instituciones estatales y la falta de compromiso social de los que no quie­ren cumplir con las leyes.