El descalabro causado por la administración de Mario Abdo Benítez al frente del país durante los últimos cinco años apenas asoma –como la punta del iceberg– para dar una muestra acabada del festival de despilfarro, desprolijidades y corrupción vividos en el último quinquenio.
Estos vicios que fueron una práctica casi sistemática en todas las instituciones del Estado durante el gobierno anterior hayan tenido su punto de oprobio más ofensivo en la gestión de una dependencia clave (y “apetecible” para los corruptos): el Instituto de Previsión Social (IPS). El manejo de la previsional, tanto con Andrés Gubetich y, sobre todo, con Vicente Bataglia, estuvo en el centro de las críticas, con denuncias de malos manejos, licitaciones dirigidas, cuestionamientos sobre la administración de los fondos de salud y hasta una dudosa ley que permitía endeudar a la entidad para adquirir empréstitos de financieras y bancos (donde está depositada gran parte de los recursos del IPS) para pagar a las proveedoras, una suma que superaba los 240 millones de dólares.
Pero mientras no se termina aún de salir del asombro con el rosario de irregularidades, aparecen nuevos hechos ofensivos. A través de denuncias anónimas y la labor de seguimiento realizada por autoridades actuales de la previsional esta semana se logró desmantelar una red de “gestores” que en coordinación con funcionarios del ente ofrecían nombramientos, contrataciones y recategorizaciones en la institución a cambio de dinero. Este sería apenas la punta del ovillo, puesto que esta rosca desmantelada sería parte de una red mayor, que actúa y opera bajo el mismo fin.
Estas roscas, verdaderas redes delictivas, actuaron siempre al amparo de funcionarios de la institución, pero tampoco hay que engañarse que mandos medios aunque forman parte del engranaje son apenas eslabones que tendrían conexión con altas autoridades de la previsional.
El desmantelamiento de esta rosca, y las sospechas de que apenas sería un eslabón de una cadena más larga y con más protección, se produce en la misma semana que desde la previsional se denuncia que en el período 2018-2023, con Marito en la silla de López, ingresaron a la entidad unos 11 mil funcionarios.
La escandalosa cifra es un abuso, cuando la atención de los casos de covid-19, en la reciente pandemia, solamente requería a unos 3.000 a 4.000 funcionarios, según lo destacó el propio presidente del IPS, Jorge Brítez. Entonces, ¿por qué la cantidad excesiva? Porque responde a criterios de prebenda, clientelismo político, entre otros, aseguró en una nota periodística el titular de la previsional.
La conducción negligente y canallesca que permitió la contratación de esta cantidad de personas, muchas de ellas ni siquiera aparecen por dependencias de la entidad, privó a los asegurados del IPS a tener servicios de salud dignos y acorde a lo que se espera dado el aporte que hacen miles de trabajadores de todo el país.
Hoy, la administración actual busca por todos lados depurarse de sus viejas prácticas y vicios. La dirección tomada por el nuevo equipo nombrado por el gobierno de Santiago Peña, la de transparentar la gestión, procurando ofrecer más y mejores servicios médicos, prescindiendo de personal ocioso, castigando a los planilleros, y persiguiendo las roscas enquistadas en la institución es el camino correcto.
El IPS siempre ha sido un botín para muchos jerarcas de la política criolla y la “patria contratista”, que a lo largo de los años se adueñó de las licitaciones más jugosas de la entidad, para prestar los servicios más deplorables que la institución haya tenido. Los días de ese manejo alegre, desprolijo, negligente y criminal acabaron. Miles de asegurados esperan y aguardan con esperanza que las actuales autoridades manejen los recursos de la previsional con responsabilidad, criterio y honestidad.
La conducción negligente y canallesca que permitió la contratación de esta cantidad de personas, muchas de ellas ni siquiera aparecen por dependencias de la entidad, privó a los asegurados del IPS a tener servicios de salud dignos.