El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) anunció que en semanas más honrará su compromiso de abonar casi el 90 % de la deuda que contrajo el Estado paraguayo durante el gobierno anterior, por obras viales que no tenían presupuesto. El pago de la deuda no es nada despreciable: asciende a la considerable suma de 290 millones de dólares, dentro de un total de 330 millones que fue el “clavo” dejado por la administración de Mario Abdo Benítez. Este anuncio, enmarcado en el contexto de una herencia económica pesada, ha generado expectativas sobre la reactivación de obras viales paralizadas y su potencial impacto en la economía del país.
La deuda que se fue acumulando en los últimos cinco años con las empresas constructoras fue un tema de debate y de reclamos, que naturalmente afectó no solo las relaciones financieras entre el Gobierno y el sector privado, sino también el desarrollo de infraestructuras viales esenciales. La decisión del MOPC marca un paso significativo hacia la resolución de un problema heredado que ha lastrado el progreso en el campo de la construcción y mantenimiento y continuidad de las rutas.
La noticia de que se pagarán 290 millones de dólares de la deuda total de USD 330 millones sugiere un compromiso real por parte del gobierno de Santiago Peña de cumplir con sus obligaciones financieras y restablecer la confianza con las empresas del sector, algo que se había perdido en la última etapa de la gestión Abdo. Este gesto no solo aliviará las tensiones económicas que han afectado a las empresas vialeras, sino que también se espera que tenga un impacto positivo en la reactivación de las millonarias obras viales que permanecieron en pausa debido a la falta de recursos y a las propias deudas que adquirieron también las constructoras con sus propios acreedores.
La reactivación de estas obras no solo significa la continuación de proyectos esenciales para la conectividad y el desarrollo regional (como la Ruta Bioceánica, entre otros), sino que también conlleva beneficios socioeconómicos significativos. La reanudación de la construcción, mantenimiento o ampliación de rutas implica un aumento en la demanda de mano de obra, lo que se traduce en la creación de nuevos puestos de trabajo para miles de personas en el sector, que en un importante porcentaje quedaron cesantes. Este impacto se extiende positivamente también a la cadena de suministro y servicios relacionados.
La generación de empleo en el sector de la construcción en general es crucial en un momento en que la economía enfrenta desafíos significativos y en donde el rol del Gobierno es clave para poder apuntalar los avances en esa materia. La creación de empleo no solo contribuye a la estabilidad financiera de los empleados y sus familias, sino que también estimula el consumo interno y fortalece la base económica del país.
Es clave destacar que la reactivación de la actividad económica en el sector vial tiene efectos multiplicadores en otras industrias emparentadas, impulsando la demanda de materiales de construcción, maquinaria y servicios conexos que reflejan beneficios mutuos.
En conclusión, el anuncio hecho por el viceministro de Administración y Finanzas del MOPC, Marco Elizeche, de honrar una parte sustancial de la deuda con las vialeras marca un hito en la resolución de problemas económicos persistentes. La reactivación de obras viales paralizadas no solo representa un avance tangible en términos de desarrollo de infraestructura, sino que también desencadena un efecto dominó positivo al generar empleo, impulsar la actividad económica y mejorar la conectividad a nivel nacional.