La situación del transporte público en Paraguay, tanto en áreas urbanas como en el interior del país, es un problema que se arrastra desde hace décadas, afectando a miles de pasajeros que dependen de este servicio básico para sus traslados diarios.

Durante años el servicio se ha caracterizado en denominadores comunes como la falta de eficiencia del servicio, la insuficiencia de rutas y el deterioro de los buses utilizados por las distintas empresas, lo que han transformado el acto de desplazarse en un verdadero calvario para la población. Este problema no solo ha impactado en la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también ha contribuido a la congestión del tráfico y a la degradación del medioambiente.

La falta de una infraestructura eficiente y la limitada oferta de servicios de calidad no solo provocaban inconvenientes significativos para los usuarios, sino costosos problemas para las empresas que prestan el servicio.

Hoy, la infraestructura ha mejorado ostensiblemente gracias a caminos de todo tiempo y a la habilitación de vías de enorme calidad y seguridad, como la emblemática ruta PY02, que fue ampliada recientemente en todo su trayecto, y la próxima remodelación y ampliación de la ruta PY01, la otra gran vía que tiene el sistema de caminos del Paraguay.

Sin embargo, el servicio que prestan gran parte de las empresas que operan hacia el interior del país –salvo honrosas excepciones– no permite avizorar grandes mejoras para los miles de pasajeros que utilizan los buses de corta, media y larga distancia. Desde casi siempre, y con pocas excepciones, el precio del pasaje nunca ha estado acorde al servicio.

Lo que se espera hoy es que el pasaje refleje lo que paga el usuario, reciba una contraprestación decente y digna. En el caso del transporte urbano para el Área Metropolitana y la ciudad de Asunción es aún mucho más necesario que el Estado establezca las condiciones para que ello suceda.

Se ha visto que desde la presidencia de Horacio Cartes, en el 2013, a esta parte, los gobiernos de turno han insistido en la renovación de la flota, en algunos casos incluso recibiendo facilidades para concretarla. Pero esta renovación no genera satisfacción de usuarios porque el servicio es pésimo, con reguladas permanentes que generan largas colas en las paradas.

El rol de supervisor y ordenador que tiene el Estado no se puede delegar, más aún en un tema tan sensible como el transporte, que solo en el Área Metropolitana moviliza a 1,5 millones de pasajeros. Otros miles más se desplazan en el interior del país, por lo que es necesario que las autoridades se enfoquen en dar soluciones. Más aún cuando el Estado otorga generosos subsidios para que el servicio funcione. Pero no funciona.

La implementación efectiva de estas medidas es esencial para que la población pueda experimentar mejoras tangibles. Se espera que el Gobierno se comprometa no solo a corto plazo, sino también a establecer políticas a largo plazo que transformen de manera sostenible el transporte público. Aunque la reducción del precio del combustible –que desde la llegada de Santiago Peña al Palacio de López se produjo en dos ocasiones– es un paso en la dirección correcta, se espera que el Gobierno continúe implementando otras medidas.

En resumen, el Viceministerio de Transporte emerge como una institución clave para la búsqueda de soluciones concretas desde el Estado a los problemas del transporte público. Es imperioso, obligatorio y necesario que el Gobierno se enfoque de modo integral a enmendar las deficiencias del sistema, implementando medidas que vayan más allá de simples paliativos. Este gobierno tiene la gran oportunidad de hacer historia en ese campo.