El Instituto Paraguayo del Indí­gena (INDI) debe asumir un desafío amplio e integral para de alguna manera reconstruir proyectos relegados durante años por la desidia de sus administradores y que las­timosamente dejaron muy al margen de la protección del Estado a los pueblos origi­narios.

El abandono también fue contaminando sus poblaciones con líderes que se aprove­chan de las muchas necesidades que tie­nen estas y se prestan a intereses de políti­cos, autoridades o funcionarios públicos, que poco favor al respeto de los derechos humanos hacen. Esta compleja situación requiere del Estado estrategias compro­metidas con el bienestar real de las fami­lias nativas.

La cruda realidad que afrontan las comunidades indígenas ya no es solo de pobreza, sino también de abusos, todo tipo de abusos: y parte del detonante que venimos viendo lastimosamente pasa por las adicciones, la delincuencia, la prosti­tución, la coacción sexual, que ocurren en las narices de todos, autoridades y ciu­dadanía. Las condiciones infrahumanas en las que vemos a mujeres indígenas con niños en brazo, menores mendigando en calles y avenidas son el reflejo de cómo el Estado y la sociedad –que operan a través de sus instituciones y de organizaciones privadas– están aplazadas y que viven jac­tándose del desarrollo de programas para esta franja de la población vulnerable.

Ayer, la homilía de Caacupé dedicó una parte de la prédica a la lamentable situa­ción de los hermanos indígenas que, ade­más de sufrir años de olvido por parte del Estado, cayeron en todo tipo de vicio, presa de un Estado ausente por décadas. Hay demasiados jóvenes indígenas, entre­gados al alcohol y a la droga.

“Otra preocupación que surge de las pro­pias comunidades es el arrendamiento de tierra a gente de afuera. Hay líderes que ya no sirven a sus comunidades, sino a sí mismos y existe falta de unidad dentro de algunas comunidades. Son males que ustedes mismos deben arrancar; y lo pue­den conseguir”, decía el presbítero que desarrolló la homilía. Lo dicho se traduce en una inquietud de siempre y que es el primer gran problema por resolver si que­remos realmente un Estado con cober­turas más inclusivas, sostenibles en el tiempo.

Así como hay líderes indígenas ines­crupulosos, hay muchas instituciones o miembros de entidades que lucran con las miserias de estas comunidades. Este es el primer inconveniente para atender si el plan es el bienestar y el respeto por sus culturas.

Las autoridades tienen esa gran misión de unir a los pueblos nativos en una causa común de mejor calidad de vida, recupera­ción de sus tierras, valorización cultural y un trabajo profundo de erradicar las adic­ciones que afecta a una buena parte de la población nativa urbanizada, para poder extirpar también la delincuencia a la que lamentablemente han caído, obligados por ausencia de políticas públicas acordes.

Mientras existan líderes o jefes deslea­les con estas poblaciones, instigados por corruptos de afuera de sus comunidades, los intentos por solucionar sus necesida­des serán solo parches.

Las autoridades deben acudir a ese lla­mado de sanear las organizaciones indí­genas. El INDI tiene que interiorizarse y ayudar de forma cercana a estos pueblos. Tratar de ir reemplazando el asistencia­lismo por planes que fomenten una rees­tructuración social con los que se les otor­guen herramientas de sustento.

El trabajo de educar, concienciar, formar comunidades menos dependientes de la asistencia, con posibilidades de acceder a inversiones por parte del Estado que los ayude a trabajar de acuerdo con sus cul­turas no puede seguir esperando. Defi­nitivamente, urge rescatarlos del some­timiento a sus propios líderes desleales como a autoridades nefastas y darles ese espacio protagónico en el que tienen mucho que aportar.

La corrupción no es un mal exclusivo de la clase política, existen todo tipo de agentes de este flagelo, en algunos casos vestidos de corderos que camufladamente que­brantan nuestros derechos. El Gobierno reagrupó varias instituciones con el objetivo de una lucha frontal contra la corrupción, los avivados que usan a cier­tos referentes de comunidades indígenas en detrimento de sus intereses necesaria­mente deben ser foco de esta iniciativa.