La serie de robos y asaltos que en estos últimos meses desafiaron fuertemente a los organismos de seguridad y que activaron varias investigaciones de inteligencia policial generaron considerables resul­tados como detenciones e imputaciones. Sin embargo, estos procedimientos pue­den resultar insuficientes en el combate a la inseguridad, por las alternativas jurídicas que ofrecen en algunos casos, o sencillamente por la desidia de nues­tra Justicia que muchas veces favorece al delincuente.

Se requiere que desde el Ministerio Público, así como de las demás institu­ciones del Poder Judicial que deben cas­tigar los delitos cometidos, se impulsen tareas más coordinadas, firmes, junto con los organismos del orden y la segu­ridad para que los delincuentes que atemorizan a la ciudadanía, principal­mente a la clase trabajadora, sientan el peso de la ley.

Robos menores, hurto de motocicletas, de cuatro ruedas, los asaltos a comer­cios, el “tradicional” despojo de celu­lares son tipos de hechos delictivos que continuamente tienen a la Policía Nacional en operativos de intervención y de aprehensiones.

Por otro lado, están los casos de grandes asaltos y el modus operandi del atraco a cajeros automáticos que comenzó a per­filarse como nuevo oficio de los malvi­vientes organizados en peligrosas ban­das que fueron atrapados en algunos casos.

Por mencionar, uno de los operativos grandes de desmantelamiento de estas bandas delictivas fue el mediatizado en la semana y que refiere un riguroso trabajo de investigación e inteligen­cia de la Policía Nacional para lograr la detención de seis hombres que estarían implicados en los esquemas de asaltaca­jeros automáticos. El procedimiento se realizó en una vivienda en el barrio Las Lomitas, de la ciudad de Ñemby, inter­vención en la que se incautaron varias evidencias, según los informes.

Los reportes oficiales también sociali­zaron hace unos días la imputación de dos sujetos por el sonado caso de 2.200 celulares, perpetrado hace casi un mes en Ciudad del Este.

Ambos sucesos mencionados fueron hechos delictivos de grueso calibre, que según la Policía Nacional manejó una fuerte logística como de infraestruc­tura, principalmente de armas de fuego, municiones y transporte.

Los detalles de los procesamientos revelaron que el sindicado líder de la banda dedicada al robo de teléfonos contaba con 10 órdenes de captura por casos de asalto. Es decir, seguía libre, pese a sus cuentas con la Justicia.

Otra detención realizada por la Policía hace un par de semanas es la de un hom­bre descubierto en flagrancia cuando se predisponía a robar una peluquería, el presunto ladrón tiene un prontuario con 16 antecedentes y con una orden de captura pendiente.

Casos de personas con serios antece­dentes y que pasaron por prisión varias veces, pero que volvieron a ganarse la calle o simplemente se pasean burlando sus pendientes con la Justicia, son comunes. Esto con el agravante de rei­terar hechos delictivos.

Las cárceles suelen ser moradas transi­torias para los ladrones que por razones inexplicables se escabullen de las san­ciones penales.

Si queremos superar la inseguridad, además de detener ladrones, deben apli­carse las penalidades de la ley, con todo el rigor. Los órganos jurídicos tienen que agotar todos los recursos legales disponibles para que quienes cometen hechos punibles, en la escala que fuera, asuman las consecuencias de sus malos actos.

El esfuerzo requerido es grande y la coordinación entre las instituciones encargadas debe ser puntillosa. No basta con perseguir a los ladrones y hospedar­los en prisión un tiempo; hay que apuntar a una Justicia eficiente y, por supuesto, mecanismos terapéuticos para reinser­tar a aquellos infractores que todavía estén a tiempo de recuperar su vida.