La entidad binacional Itaipú debe aclarar las dudas como los cuestionamientos que comenzaron a inundar en redes sociales sobre el apresurado concurso para incorporación de personal por vía del Proceso Selectivo Externo (PSE), principalmente por la responsabilidad administrativa y social, ya que los reclamos afectan la seriedad de la competencia.
La iniciativa de contratación de personal que parecía sana y transparente comenzó a fisurarse, por la velocidad con la que se lleva adelante, pero también fueron apareciendo denuncias de posibles adecuaciones conforme al perfil de algunos amigos. La binacional no puede comprometer de esta forma los recursos públicos, está en la obligación de explicar a la ciudadanía las razones del apuro y las “coincidencias” de los requerimientos con la formación que tienen varios del entorno.
Lo más grave es que comenzaron a saltar denuncias de que personas ya instaladas adentro de la entidad y que obviamente son familiares, amigos o adherentes de algunos funcionarios están a la pesca de blanquear sus respectivas situaciones a costa de un concurso que ganó mucha notoriedad por el volumen de contratación y por la ilusión que genera en la población. Es perverso y hasta criminal jugar con las expectativas de la gente que busca oportunidades, ni una sola duda debiera haber en este aspecto.
El anuncio que se hizo por las vías institucionales invita a concursos para funcionarios nuevos, las avivadas para colocar a los que ya están instalados dentro son denuncias de boicot que no se pueden tolerar.
En un momento delicado de transición, empezaron un llamado que prevé incorporar el equivalente al 40 % del funcionariado que ingresó por el PSE en los últimos 7 años, una medida muy jugada como para que salten especulaciones de trampa.
La edad limitante de manera muy extrema es otro reclamo generalizado, hay personas que con sacrificio obtuvieron títulos universitarios y lograron especializaciones, conocimientos que de entrada quedan bloqueados por el máximo etario, dispuesto en las exigencias.
No se puede hacer un concurso a la bartola de una contratación tan importante y voluminosa. La binacional como las demás instituciones de la República se encuentran en un proceso de traspaso administrativo, de cortes financieros, las movidas económicas que se hagan deben extremar cuidados y más si se trata de compromisos con el empleo de la gente.
El Estado y las próximas administraciones de sus diferentes instituciones deben velar por la transparencia, la seriedad como la responsabilidad en la contratación de personal, por los aspirantes como por el dinero de los contribuyentes. Los concursos deben recuperar la credibilidad de los postulantes y que los méritos sean salvaguardados en estos procesos para que la inversión en funcionarios sea rentable en términos de servicios a la ciudadanía.
El caso de Itaipú y el cuestionado concurso desató varias denuncias tanto en redes sociales como datos que llegaron a nuestra redacción. El Gobierno saliente debe tener cordura y frenar los descontrolados trámites que apuran antes de la asunción de la nueva administración estatal, pero principalmente se debe cuidar la salud de estas competencias, los postulantes merecen respeto en sus derechos.
Así también, el gobierno entrante debe actuar con sensatez en los cambios e intervenciones que hará en la estructura del Estado, en honor a la confianza que se les otorgó a través de las urnas. Potenciar los recursos humanos con capacitaciones acordes, generar productividad, pero principalmente profesionalizar al funcionariado público es una tarea demasiado importante que no se puede volver a postergar en estos años.
Es así que Itaipú, Yacyretá y las grandes instituciones estatales no pueden seguir siendo vulneradas por suspicaces incorporaciones discriminatorias. Las fuentes de trabajo que se generen desde cualquier entidad pública deben redundar en beneficio de la gente, en la calidad de vida de la población, ese el desafío.
Estos meses deben aprovecharse para ir ordenando la casa y crear las condiciones para que la próxima administración estatal asuma su rol con tranquilidad y cumpla con las metas. Seguir dilatando acciones verdaderamente importantes, urgentes para la República, es someterse al masoquismo, las tareas deben abocarse a la promesa que conmovió al electorado: vivir mejor.