La generación de empleo, una de las promesas más fuertes en campaña de la dupla presidencial electa es una de las grandes expectativas que tiene el pueblo soberano que les otorgó la confianza. Ahora queda iniciar ese proceso de crear las condiciones que ayuden a incluir a la población laboral a los excluidos y en este escenario, sin pérdida de tiempo el sector industrial ya manifestó que, hay que acabar con la impunidad del contrabando, uno de los flagelos principales que boicotea al sec­tor productivo atentando sistemáticamente contra los puestos de trabajo de la gente.

Hay un optimismo renovado y muy latente de que se pueda disminuir ese desem­pleo tan cruel que reprime del derecho a la calidad de vida a cerca de 300 mil perso­nas, entre desempleados y en situación de subempleo, según las estadísticas oficiales. El contrabando es un enemigo que resulta letal para el empleo, hay que acabar y eso solo se logrará con el correcto funciona­miento de los órganos de control, pero esen­cialmente acabando con la impunidad, que es el insistente pedido de los industriales y todo el sector productivo.

En estos días, en entrevista radial, desde el gremio de industriales reiteraban la nece­sidad de que la “ley impere” ante la impu­nidad que es el aliado del flagelo. “Noso­tros tenemos que lograr que la impunidad termine” mencionaba con vehemencia el representante de la Unión Industrial Para­guaya (UIP), agregando que la caída de la economía informal o subterránea es la clave para avanzar hacia la prosperidad econó­mica. La preocupación es una manifestación que se ha dado de manera continua en este gobierno, sin embargo, la mayor interven­ción que suele verse a través de los medios o redes sociales, son decomisos de algunos litros de combustibles o productos de lim­pieza, alimentos en cantidades menores.

La Unidad Interinstitucional para la Pre­vención, Combate y Represión al Contra­bando (UIC), que se había creado en este gobierno y que prometía una lucha frontal por aire, tierra y agua al contrabando con resultados que iban a tener un impacto alta­mente positivo en el mercado local, no dio mayores resultados de eficiencia. El trabajo de esta coalición es continuamente cuestio­nado, porque el ingreso en la clandestinidad ridiculiza las acciones que pudieran reali­zarse desde el Estado.

El contrabando de combustible. Alimentos, limpieza se burlan de las medidas de fisca­lización que pudieran existir. Los últimos años han ingresado de manera burda, exa­gerada y copan las calles, rutas, avenidas, la vía pública, comercios, con total impunidad. Se estima que al mes unos 100 millones de litros de combustible en negro entra al mer­cado local, privando de unos G. 50 millones mensuales de impuestos al Estado.

En los últimos meses hasta la industria de la construcción como los ceramistas han ele­vado voz de protesta, una situación más que lamentable por el empleo que generan las cerámicas en sus respectivas comunidades.

En las últimas semanas también salieron a protestar contra la entrada masiva de pro­ductos veterinarios de contrabando al país. Además del perjuicio económico, alertaron del daño que pueden ocasionar en el rubro agropecuario el uso de insumos sin certifi­cación de calidad.

Los industriales del sector avícola y hasta de carne vacuna hay hecho también reclamos en algunos momentos, porque cíclicamente son afectados y boicoteados por ingreso ile­gal de estos productos.

La situación no puede seguir normalizán­dose, justificándose en muchos casos en que la inflación obliga a comprar ilegal de afuera. Los empresarios están confiados y pendientes de las acciones que se puedan ir aplicando en esta transición y con el arribo del nuevo gobierno.

Queda el enorme desafío de fortalecer estrategias unificadas entre empresarios, organismos de control, de orden y seguridad como los judiciales para que ante cualquier detección se imponga la fuerza de la ley.

Somos conscientes de que necesitamos recu­perar la economía, más aún después de esos dos duros años de pandemia por el covid-19 y este es el momento de aunar esfuerzos apun­tando a esa calidad de vida que necesaria­mente debe ser con mayor equidad.

Si tenemos un sector empresarial indus­trial productivo, atento y colaborativo a las acciones que promuevan combate duro con­tra la ilegalidad, el Estado debe responder con iniciativas rigurosas que no se doble­guen ante las presiones populistas. Todos ganamos con la legalidad y si tenemos un gobierno bien administrado, precavido téc­nicamente, que los recursos sean direccio­nados en servicios impostergables, veremos el resultado de que vale la pena formalizar nuestra economía.