Productores frutihortícolas del país se reunieron recientemente en el Congreso con representan­tes de gremios de la producción fabril para expresar sus quejas contra el gobierno porque deja entrar artículos de contrabando que se comercializan en todo el país, hecho que afecta seriamente a la producción nacional. No solo lamentaron la incidencia del ilícito en el mercado, tam­bién protestaron por la falta de protección de parte de las autoridades nacionales al sector, que requiere diversos tipos de apo­yos para enfrentar la situación adversa. Indicaron que quieren seguir ampliando su producción, si es que las autoridades les aseguran la comercialización en el mer­cado nacional.

La demanda de los productores de frutas y productos hortícolas no es la única ni principal queja de los sectores que trabajan en el país contra la influencia del contra­bando. Es una más de los más diversos gru­pos de gente que trabajan legalmente y que necesitan que el Estado y sus instituciones les dé, por lo menos, la seguridad de que podrán vender libremente el fruto de sus esfuerzos. Sin la interferencia de los delin­cuentes que, con toda libertad, se atreven a delinquir tranquilamente por falta de una enérgica acción gubernamental, los opera­rios de la producción nacional reclamaron la falta de políticas y acciones adecuadas del gobierno para contrarrestar el ilícito, y también pidieron suficiente apoyo para poder colocar sus productos.

Los trabajadores frutihortícolas son solo un sector más en la larga lista de grupos económicos afectados por la delincuen­cia tolerada por las autoridades, que se extiende en la más diversa gama de las acti­vidades económicas del país.

Los exponentes de la industria, agrupa­dos en la Unión Industrial Paraguaya (UIP) y los gremios del comercio, perma­nentemente están exigiendo mayor con­trol del ilícito por parte de los organismos gubernamentales, dado que su incidencia negativa en la vida del país es cada vez más fuerte.

El presidente del gremio fabril, Enrique Duarte, explicó que el contrabando es tan fuerte y tiene tanta incidencia, que afecta a una cuarta parte de la economía nacional. Resaltó que el impacto pernicioso tiene tal magnitud, que se traduce en una pér­dida que oscila entre el 24% y el 28% del producto interno bruto (PIB). Haciendo el cálculo sobre el valor de este, se puede con­cluir que el daño que produce el ilícito a la economía paraguaya se puede cuantificar en alrededor de 10.000 millones de dólares (unos 70 billones de guaraníes), que es el 72,3% del presupuesto estatal (96,7 billo­nes).

En medio de los análisis de los números en que se cuantifican las pérdidas causa­das por el ilícito, el empresario resumió en una frase la dolorosa situación actual que afecta al Paraguay. Señaló la relación que existe entre el gobierno y la delincuencia, ya que es evidente que hay una conexión entre ambos con estas palabras: “El con­trabando se desarrolla a la sombra y genera una promiscua relación entre el poder político y el crimen organizado; esa es una realidad que tenemos que tener en cuenta”.

Lo afirmado por el empresario industrial no es solo una frase bien lograda, es sobre todo una verdad inmensa que no se puede dejar de considerar y que exige accio­nes valientes para denunciar la lamenta­ble realidad, y sobre todo, para exigir a las autoridades nacionales políticas de acción y campañas eficientes para actuar contra las fuerzas del crimen.

Muchos de los hechos acaecidos en nuestro país durante este año que va culminando han demostrado con claridad la lamen­table connivencia de algunos sectores políticos y del gobierno con la delincuen­cia. Altos funcionarios, como el vicepresi­dente de la República, y algunos que ejer­cían como ministros del Ejecutivo, como Arnaldo Giuzzio, han sido acusados de tener connivencia con el crimen organi­zado, por dar solo los ejemplos más conoci­dos. Estas lamentables aristas de la reali­dad no las pueden desconocer el presidente de la República y sus más altos colabora­dores.

Si hasta ahora no han sido capaces de luchar con energía contra el delito y sus exponentes, llegó la hora de que comien­cen a proceder como corresponde. Que se desprendan de las escorias y abando­nen la inacción contra los delincuentes. El gobierno tiene la obligación legal de inter­venir contra los malhechores para defen­der a su pueblo y construir la paz social.