Sin escrúpulos, altas autoridades del Ministerio de Justicia operaron para un montaje sin precedentes y presen­tar al público a supuesto informante del caso de los secuestrados Óscar Denis y Félix Urbieta. Lanzaron a una persona privada de libertad como fuente que habría proveído los datos de locación donde presuntamente fueron enterrados los cuerpos de ambas vícti­mas, información que fuera ventilada por fun­cionaria del Buen Pastor y desató la tormenta que sacude al gobierno de Mario Abdo Benítez.

Un procedimiento de terror se aplicó desde el Ministerio de Justicia, para arrear a la prensa amiga tratando de mitigar el incendio que gene­raron las declaraciones de la ex coordinadora del Buen Pastor Ana Dina Coronel. La deses­peración por desviar la atención y la falta de escrúpulos de leales sin moral que acuden a cualquier artimaña para conservar el cargo condujeron a otro riesgo: el exponer la vida de la persona privada de libertad a quien vendieron como supuesta informante ante las cámaras.

¿Qué es lo que le preocupa al Gobierno? ¿Por qué buscan redireccionar el problema cen­trando el foco en la fuente y no seguir las pistas dadas por la funcionaria y que fueran cercena­das a la Fiscalía y a los órganos de inteligencia y seguridad?

Cuando se destapó la olla en la que guarda­ron la sensible información que pudiera ser al menos una pista para dar con el paradero de los secuestrados, el ex ministro de Justicia Édgar Olmedo, hoy miembro del Consejo de la Magis­tratura, en una cobarde reacción había pri­mero negado contar con el dato. Sin embargo, ante las evidencias, el posible peritaje con el avance de las investigaciones, tuvo que desde­cirse y reconocer que cajoneó el informe que le proporcionó la subalterna.

Mismo comportamiento tuvo el hoy minis­tro de Justicia, Daniel Benítez, quien tam­bién recibió el dato y se mantuvo callado. En el esquema de silenciosos está el hoy asesor de seguridad Artemio Vera, quien se había ente­rado del dato por parte de la misma funciona­ria, cuando este estaba en el cargo de director de Establecimientos Penitenciarios.

Es decir, todos estaban avisados y todos se mantuvieron callados. ¿Por qué?, es la gran pregunta. Desacreditaron una información que, dicho por el agente fiscal del caso, para el Ministerio Público tiene verosimilitud y es altamente valiosa. Esta es la razón por la que este séquito de leales de pacotilla de Olmedo, protegido de Abdo, clavados en el Ministerio de Justicia, incluido el mismo Édgar Olmedo, deben ser barridos de sus puestos, porque generan sospecha e inestabilidad en medio de este tsunami que sacude al país.

Todas las excusas planteadas desde el Gobierno resultaron baratas. Inmediatamente al destape que hizo la funcionaria de la cárcel de mujeres, el Ministerio Público había confir­mado que ya tienen identificada a la fuente, así como la validez de los datos, y manifestaron el resguardo de esta. Es inconcebible aceptar el montaje que tras esto activó el Gobierno a tra­vés de su director de Concepción, que en detri­mento de su investidura como de la investiga­ción, se dedicó a llamar a los medios para poner ante las cámaras a supuesto informante del caso. Irresponsable, desde todo punto de vista.

Violaron los protocolos de seguridad que rigen de carácter obligatorio para el procedimiento de ingreso a medios de comunicación y entre­vistas a las personas privadas de libertad. Expusieron a una reclusa que, además, difícil­mente sea la fuente que quieren plantar para desvirtuar los datos proporcionados por la ex coordinadora del Buen Pastor y que a toda costa quieren desviar para otro lado indicán­dose con estas maniobras que no hay voluntad de seguir las huellas de la búsqueda.

Estos escándalos deben soportar las familias de los secuestrados desconsoladas por la des­gracia que les toca vivir y un Gobierno insen­sible e irresponsable que demuestra más frial­dad que interés en darles noticias de sus seres queridos víctimas de secuestro.

Cierran las puertas a la Justicia, hay una evidente intención de dejar morir los datos concernientes a los secuestrados. Esto, sin embargo, no es una novedad. No es la primera vez que órganos de seguridad bajo mando de leales a cuestionados del Gobierno se abo­quen al cajoneo de informaciones o desvíen operativos en sensibles causas. Ocurrió con A Ultranza, los grandes jefes del crimen orga­nizado lograron escapar con facilidad, gra­cias a la inoperancia de la Senad, omisiones infantiles como la dirección equivocada de las casas de los supuestos peces gordos del narcotráfico, etc.

La situación de este Gobierno se va agravando nomás a medida que nos enteramos de cómo pecan de omisión haciendo con estos silencios un guiño a los delincuentes.

No es posible que sigan humillando a la fami­lia de los secuestrados ni jugando con el des­tino de las víctimas. Las autoridades políti­cas deben dejar un poco de lado sus alianzas con esta administración estatal y exigir que los protagonistas de estos escándalos dejen los cargos públicos y rindan cuentas a la Justicia.