En los últimos días se produjo otro hecho de lamentable tor­peza en el Gobierno, debido a las improvisaciones y errores cometidos en la información relacionada con los secuestrados por la guerrilla crimi­nal. Resulta que funcionarios con alta res­ponsabilidad en el Ministerio de Justicia tenían datos importantes sobre la posible situación de gente que está desaparecida y en poder de los criminales. Y quedó de manifiesto que tan delicada información sobre casos de seguridad no se comunicó a los organismos competentes que tienen que investigarla y procesarla para su escla­recimiento.

Todo surgió cuando la ex directora de Esta­blecimientos Penitenciarios de Mujeres del Ministerio de Justicia Ana Dina Coro­nel dijo que había comunicado a uno de sus superiores inmediatos que le habían infor­mado que los restos del ex vicepresidente de la República Óscar Denis, secuestrado por la guerrilla criminal del Norte, estarían enterrados en el sitio en que vive la comu­nidad indígena Mbokaja’i, en las cercanías de Pedro Juan Caballero, departamento de Amambay. También señaló que había puesto en conocimiento de sus superiores que, según los datos obtenidos, otro de los secuestrados, el ganadero Félix Urbieta, también falleció, pues se había tirado a un curso de agua para escapar de sus capto­res cuando pasaban por un río. Según la ex funcionaria, estos datos los dio a conocer a sus superiores, hace alrededor de cinco meses, después de recibirlos de sus fuentes.

El hecho de que los altos funcionarios que recibieron las informaciones no las pasa­ran a las instancias correspondientes cons­tituye una grave falta en el procesamiento de informes de importancia para el país. Aparte de ser una muestra de ineficacia de las instituciones de este gobierno. Pues lo lógico y elemental es que en casos como estos, los primeros que deben ser avisa­dos de las novedades son los organismos de investigación, como los agentes fiscales y fuerzas del orden.

Algunos alegan que el error puede deberse a la incompetencia de ciertos funciona­rios sin mayor compromiso o, en el peor de los casos, a que existe interés de ocultar­los por sus posibles consecuencias para el Gobierno en el momento político actual. De todas maneras, se trata de un hecho que representa un fuerte mazazo a la credibi­lidad de los organismos públicos. Además de ser un duro golpe al sentimiento de las familias de los secuestrados que siempre están aguardando contar con nuevos datos sobre sus seres queridos cuya situación está en la más oscura nebulosa.

Al margen de cualquier tipo de considera­ción política o de interpretación comuni­cacional, una cosa ha quedado bien nítida, y es que el Gobierno ha dado una nueva muestra de incapacidad en la conducción de los asuntos del país. Que los paragua­yos estamos a merced de funcionarios y de instituciones a los que importan bien poco el cumplimiento de sus obligaciones. Y todo ello debido a la falta de una conduc­ción adecuada por parte de las autoridades y a la inexistencia de una política que tenga como objetivo principal el servicio al país y su gente.

Si los funcionarios que tienen la responsa­bilidad de conducir los organismos públi­cos no saben qué hacer o no tienen interés en proceder adecuadamente en cosas tan delicadas como las que nos ocupan, esta­mos condenados a seguir siendo víctimas de más torpezas. Y a tener que aguantar más errores en el trascurrir de los días.

El país no tiene por qué admitir las negli­gencias mencionadas ni tener que sopor­tarlas, porque es obligación de las autori­dades y sus funcionarios actuar de acuerdo con lo que disponen las leyes y los procedi­mientos normales establecidos. Para esa tarea fueron contratados y se les paga el salario que reciben.

Las autoridades nacionales tienen que evi­tar seguir cometiendo más desaciertos y asumir sus responsabilidades de manera efectiva. Deben corregir los errores, recti­ficar los procedimientos equivocados para que no se vuelvan a dar hechos que lamen­tar y garantizar de ese modo la normalidad. Para ello deben establecer normas rígidas a la hora de manejar los asuntos más delica­dos, tienen que desplazar a los ineficientes y castigar a los que cometieron infraccio­nes para rectificar lo mal hecho.

El Gobierno debe saber que la ciudadanía paga sus impuestos no para financiar los desarreglos, sino la eficiencia del Estado.