Solo una persona sin un mínimo código de decencia y con una estructura mental perversa puede minimizar y tratar de ironizar una amenaza de muerte, repitiendo expresio­nes que certifican la putrefacción moral de un gobierno y de sus hombres y muje­res más visibles, tal como lo hizo el señor Mario Abdo Benítez respecto a la adver­tencia que había recibido el ex presi­dente de la República Horacio Cartes de que podrían atentar en contra de su vida. Advertencia que nació de los propios orga­nismos de seguridad de la actual adminis­tración. Y decimos que el mandatario repi­tió un libreto que le pasaron porque hemos visto y comprobado en los últimos años que es incapaz de razonar por sí solo. Ha superado ampliamente a cualquier político que dedicó su carrera a hilar un rosario de absurdos, desatinos y adefesios lingüísti­cos. En los tiempos recientes, su libretista preferido es, también, un ex presidente, con quien lo une la misma categoría de irredenta maldad, resentimiento de clase y predisposición a utilizar los recursos del Estado, sin pudor alguno, para provecho personal y familiar. Estamos frente a un círculo que ha extraviado toda credibilidad posible, inspirado solo en los privilegios del buen pasar, mientras miles de familias se están hundiendo en la extrema pobreza. El mismo turbio círculo que desesperada­mente pretende seguir encaramado a los placeres del poder, sepultando bajo escom­bros de latrocinios su misión de servicio y su función de transformación social, cultu­ral, política y económica.

A este grupo de facinerosos, desembozada­mente corrupto, de lenguaje procaz y ordi­nario, que revela el origen de sus emisores, ya le queda poco tiempo. Contaminaron todas las instituciones públicas, absoluta­mente todas, con atrocidades administrati­vas en grado de metástasis. No hay un solo día en que nuestros medios no denuncien un acto de corrupción. Con procedimien­tos burdos, desvergonzados y sin ningún sonrojo se dedicaron en los últimos cua­tro años a desvalijar las arcas del Estado. Actúan con total desparpajo, como si robar fuera una cualidad natural y obligatoria del funcionario público, deshonrando a quie­nes cumplen con sus responsabilidades con dedicación y honestidad. Que son, por lo general, quienes menos ganan.

Si la pandemia representó una de las peo­res crisis de las últimas décadas (incluso, mundial), el gobierno de Mario Abdo Benítez es una verdadera tragedia para todos los estamentos sociales, pero, prin­cipalmente, para aquellos que venían luchando con abnegado sacrificio para mejorar su nivel de calidad de vida. La voracidad irrefrenable del Presidente, del Vicepresidente, de los ministros, secreta­rios ejecutivos y directores de entes bina­cionales ha condenado a miles de fami­lias a una inseguridad alimentaria grave. El despilfarro y la improvisación fueron determinantes para que otros miles de trabajadores perdieran sus puestos labo­rales. Mientras, nuestros compromi­sos internacionales por deudas alcanzan picos nunca antes experimentados. Ese paisaje de desolación, miseria y luto es la herencia execrable que dejará el señor Abdo Benítez al próximo gobierno que asumirá el 15 de agosto del 2023.

Los recursos que se llevaron para com­prar estancias, construir mansiones, incluso para sus hijos, adquirir vehícu­los de costos millonarios y prohibitivos para el común fueron recursos escamo­teados a los estudiantes, a los obreros, a los campesinos, a los padres de familia y a las mujeres sostén de sus hogares. Lo hicieron sin ningún remordimiento por­que hace años perdieron o, quizás, nunca tuvieron, aunque sea una delgada feta de conciencia. Este gobierno de abyec­tos y ladrones no puede dictar cátedra de moralidad a nadie. No tiene autori­dad moral ni ética personal para criticar a sus adversarios políticos. Ha caído tan bajo que ni siquiera sus desaforados gri­tos llegan a los oídos ciudadanos. Y como dijimos ayer, los electores ya saben por quiénes votar. Y entre esas opciones no figuran, precisamente, los candidatos y precandidatos del movimiento oficialista Fuerza Republicana.

El castigo electoral en las urnas, el próximo 18 de diciembre, será una señal clara y firme de enérgico repudio a este gobierno de ladrones y corruptos. Pero no será suficiente. La Justicia tendrá que actuar también para que nadie quede impune. Será el primer paso obligado hacia la transformación del Paraguay en un país diferente y saneado.