En política se adoptó la malsana costumbre de que todos los medios son válidos para ganar las batallas electorales. Muchos prefieren las armas sucias para intentar desacreditar a sus adversarios. Lejos de exponer sus propias virtudes, apelan a hurgar en la vida íntima de los demás. Hecho que de por sí ya desnuda la inescrupulosidad de sus autores. Su inmoralidad queda definida por sus gestos. Y las expresiones de su bajeza son amplificadas por algunas corporaciones mediáticas que se convierten en aliadas para enfrentar al enemigo común. Que también sirven para determinar la absoluta falta de ética de estas cadenas periodísticas. Si asumen posiciones partidistas deben hacerlo sin las máscaras de una supuesta independencia e inexistente imparcialidad con las que pretenden embaucar al público. Por ejemplo, los ataques contra el movimiento Honor Colorado, sus líderes y precandidatos son tan alevosos como patéticos. Hay perfidia en cada información que es montada sobre mentiras y distorsiones. Y resulta, al mismo tiempo, ridícula, pues es tan desvergonzada la forma de actuar, tanto para agredir al otro como para defender al compañero de ruta, que ya pierde cualquier pizca de credibilidad.
Todo esto viene al caso a raíz de la presentación realizada por el señor Santiago Peña ante el Ministerio Público en contra de Mauricio Espínola, ministro asesor político adjunto del presidente Mario Abdo Benítez. El funcionario público divulgó a través de las redes sociales los montos percibidos por el precandidato a la Presidencia de la República en su carácter de director de un banco de plaza, en el período comprendido del 2018 al 2021. Dicha denuncia se ajusta a derecho. Es más, está amparada por la Constitución Nacional.
El denunciante no es trabajador del Estado, como sí lo es el señor Espínola, quien habrá mal utilizado sus influencias para acceder a estos datos, repetimos, de carácter netamente privado. Forma parte de la sucesión de irregularidades que se está originando dentro de este gobierno con la intención de ganar “por abandono” las elecciones internas del Partido Colorado fijadas para el 18 de diciembre de este año. Pero los dirigentes más representativos del mencionado sector de la Asociación Nacional Republicana (ANR) ya aclararon suficientemente que las persecuciones articuladas desde el poder con la complicidad de dos grupos periodísticos, antes que debilitarlos, los fortalecen por dos razones: la primera, porque se trata de infundios que están siendo desmontados con la verdad, y la segunda, porque todas las encuestas les dan una amplia ventaja sobre sus adversarios políticos.
La desesperación de estas corporaciones mediáticas, tratando de evitar que Santiago Peña acceda a la Presidencia de la República y Horacio Cartes a la conducción de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, ya es excesivamente evidente. Ni siquiera guardan la compostura ni las formalidades. Es, reiteramos, una campaña sucia, alevosa y patética. Saben perfectamente que el señor Mauricio Espínola, un idiota útil en este entramado, ha cometido un delito grave. No es una persecución política como ambicionan demostrar. Pero estará en las primeras planas hasta que ya no les sirva y encuentren otro protagonista más rentable para sus miserables propósitos.
Para que nuestros lectores tengan una idea clara de qué se trata, reproducimos íntegramente el artículo 33 de la Constitución Nacional, que lleva por título “Del derecho a la intimidad” y estatuye lo siguiente: “La intimidad personal y familiar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las personas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la protección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.
El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, llegado el momento, deberá hacer una manifestación pública de sus bienes, tal como exige nuestra normativa jurídica. Pero lo que ahora hicieron fue vulnerar los límites de su vida privada. Un delito que no puede quedar sin consecuencias.
TSJE define disputa por Centro de Estudiantes en Derecho UNA
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El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) terminó por resolver la controversia existente en torno a la presidencia del Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), reconociendo como ganador legítimo de las elecciones a Alejandro Ovelar.
Este proceso involucró una serie de recusaciones que fueron planteadas por el Colegio Electoral paralelo, los miembros del Tribunal Electoral - Segunda Sala, integrado por los magistrados Santiago González Bibolini, Myriam González Vallejos y Modesto Núñez, resolvieron de manera unánime, no hacer lugar a la demanda de nulidad planteada por Enzo Yódice, candidato a presidente del centro de estudiantes de la citada casa de estudios superiores.
La acción planteada por Yodice fue en contra el Colegio Electoral Independiente (CEI) que llevó a cabo los comicios el pasado 22 de marzo en la mencionada facultad. De acuerdo a lo que informó la Justicia Electoral, se dieron más de 15 recusaciones e incidentes con el fin de dilatar el proceso.
“Se constataron más de quince recusaciones e incidentes por parte de la defensa de Guillermo San Martín, miembro del CEI, que llevó a cabo las elecciones paralelas en el polideportivo de la facultad, en cuyas papeletas sólo aparecía como opción el candidato Enzo Yódice”, expresaron desde el TSJE.
Igualmente, el Tribunal Electoral de la Capital - Segunda Sala, de forma unánime, declaró la nulidad de las elecciones llevadas a cabo en el tinglado de la facultad, “reconociendo como único presidente legítimo del Centro de Estudiantes “Gral. Bernardino Caballero” al universitario Alejando Ovelar”, concluyeron.
Detienen a cuatro personas que estafaban vendiendo cesiones de derecho de terrateniente brasileño
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Una comitiva fiscal y policial liderada por el agente fiscal, Itálico Rienzi, de Mariano Roque Alonso, en una entrega vigilada, detuvo a Carlos Noguera, Catalina Bogado, Gloria Noguera y Daniel Noguera, en el marco de la investigación por el hecho punible de estafa especialmente grave, extorsión, lesión de confianza especialmente grave y asociación criminal.
De acuerdo a los primeros datos del Ministerio Público, una de las víctimas habría entregado aproximadamente G. 200 millones desde el año 2019. Con una cámara oculta y vigilada, se hizo entrega de unos G. 9.200.000, suma autenticada bajo orden del Juzgado de Paz.
El detenido Carlos Noguera sería parte de un esquema delictuoso que estafaba a sus víctimas pidiéndoles sumas cuantiosas de dinero con la promesa de venderles carpetas de cesión de derechos y acciones hereditarias de un terrateniente de origen brasileño.
Según los datos, Carlos Noguera trabajaría en conjunto con un ciudadano argentino identificado como Guillermo Ameri, hoy prófugo de la justicia por varias causas de estafa. Ellos solicitaban la suma de USD 1.000 para el ingreso a un grupo de mensajería instantánea, donde se encuentran más de 280 personas víctimas, a fin de acceder a las documentaciones pertinentes para la compra de carpetas de cesiones de derechos y las transferencias hereditarias de una sucesión intestada de Domingo Faustino Correa, de Río Grande Do Sur.
El hecho habría ocurrido aproximadamente desde el 30 de mayo de 2019 hasta la actualidad, tanto en Asunción y Ciudad del Este y en otros lugares como también se presume en el extranjero, como Uruguay y Brasil.
Noguera Amarilla estaría vendiendo carpeta de herencia de una empresa presumiblemente ficticia denominada “The First National Bank Group”, sobre derechos sucesorios supuesto de un terrateniente o comendador brasilero que falleció en la época de los años 1.800. Para acceder a la carpeta (cuotas de derechos) se debía abonar la suma de USD 6.000 para la tramitación de la herencia dejada por el terrateniente.
La víctima ingresó en el 2019 al grupo e iba abonando diversos montos hasta alcanzar la suma de G. 200 millones para adquirir las carpetas de herencia. En tanto, Noguera Amarilla expedía el recibo de pagos con diferentes firmas; y en cada oportunidad que se realizaban los pagos a las víctimas, les llegaban diferentes correos electrónicos supuestamente de los bancos autorizados.
Asimismo, Noguera intimidaba y amenazaba a sus víctimas en caso de que algún integrante del grupo realice algún tipo de reclamo. En ese contexto, se formada un grupo de WhatsApp de unas 200 personas, donde se enviaba una lista de las personas habilitadas para el cobro del dinero y en el listado en general estaban más de 700 personas. Se solicitaba la suma de entre 1.000 y 5.000 dólares americanos.
El procedimiento fue coordinado entre la Unidad Penal a cargo del fiscal Itálico Rienzi y el Departamento de Crimen Organizado de la Policía Nacional a cargo de Crio. Luis López, subjefe comisario Pedro Lesme y el subcomisario Óscar Cáceres.
Del sitio en el barrio Monseñor Bogarín de Mariano Roque Alonso -donde se realizó la entrega vigilada- se logró incautar varios elementos que guardan relación a la investigación como documentos varios y el dinero producto de la entrega vigilada y otros elementos.
¿La IA está transformando la protección de nuestros derechos digitales?
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Figuras destacadas provenientes de distintos ámbitos convergen en el escenario virtual del II Congreso Iberoamericano de Derechos Digitales, donde se analizará el impacto de la inteligencia artificial en nuestros derechos.
Este evento está a punto de abrir sus puertas virtuales para sumergirse en un diálogo crucial sobre el papel de la inteligencia artificial en la esfera pública. Organizado por el Vicedecanato de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la UNMSM y el Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, el evento reúne a más de 30 expertos de toda Iberoamérica, quienes compartirán sus visiones sobre el panorama actual y futuro de los derechos digitales en la era de la IA.
Desde funcionarios públicos hasta académicos, los participantes explorarán cómo la IA está moldeando no solo la gestión pública, sino también la innovación y, crucialmente, los derechos de los ciudadanos. Con un enfoque en la seguridad y la inclusión en el entorno digital, el congreso promete enriquecer el debate y fomentar el intercambio de ideas para impulsar soluciones concretas.
Bajo el amparo del Foro Iberoamericano de Derechos Digitales, una institución líder en la región, este evento no solo analizará los desafíos actuales, sino que también se centrará en proponer acciones concretas para el desarrollo, implementación y protección de los derechos digitales. Un llamado a la acción respaldado por el compromiso de instituciones académicas de renombre, como la UNMSM y la Universitat de Barcelona en España.
Además, el foro establece un grupo de trabajo dedicado a supervisar y estudiar el impacto de la inteligencia artificial en los derechos humanos, abordando así uno de los desafíos más apremiantes en el contexto digital actual.
Para participar en este evento de relevancia internacional, puedes inscribirte a través del siguiente enlace: Inscripción. La conexión se realizará vía Zoom y se entregará un certificado de participación a los asistentes.
“El periodismo de calidad es un bien público”, sostiene Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía 2001, en el Club Nacional de la Prensa en Washington DC
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso.
Por Ricardo Rivas
Periodista X: @RtrivasRivas
Fotos: Gentileza / AFP
Cada día con mayor insistencia coincidentes analistas consideran que “nuevamente” la humanidad se acerca peligrosamente a la guerra. De hecho, en la Unión Europea (UE) se teme que el conflicto entre Rusia y Ucrania, en el norte europeo, pudiera ampliarse e involucrar a otros países. Angustia social.
Los mismos miedos emergen en Oriente Medio, donde las acciones violentas entre el grupo terrorista Hamás e Israel hacen temer lo peor. La dignidad humana vuelve a ser vulnerada. Por los unos, por los otros y hasta por los nadie que descreen de esa condición, no la reconocen ni parecen tenerla. ¿Sus nombres? Para qué reiterarlos. Bien que los sabemos. Así estamos. Y tememos. ¡Grave!
La sociedad tiene derecho a saber y quiere saber. Los periodistas vamos por ello. Pero la mentira y el ocultamiento complejizan nuestro trabajo. Contar historias es peligroso. “La prensa está bajo fuego”, denuncia una y otra vez en donde se encuentre Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de los Periodistas de la Unesco.
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés acongojado. Millones queremos saber. Por nosotros y los otros. Somos periodistas. Tenemos que hacerlo. Tenemos que saber para hacer saber. La búsqueda de información se hace en cada instante más compleja. “El arte del engaño”, como Sun Tzu llamaba a la guerra, dinamita la verdad.
La política y los mercados la ocultan y amordazan a quienes pueden querer contar. Incluso con “acuerdos de confidencialidad” para clausurar filtraciones informativas. Pero, pese a todo, tenemos que informarnos para informar. Pero no nos quieren responder o mienten cuando lo hacen. Desde siempre ha sido, es y será así el complejo trabajo de procurar ese dato para que todos sepan. Es un derecho de todos.
MENTIRA ESTRUCTURAL
“La vida no vale nada si escucho un grito mortal / Y no es capaz de tocar mi corazón que se apaga”. No calles, Pablo. ¿La mentira estructural capilariza en las instituciones? Tal vez. O, por lo menos, sé que existen quienes lo intentan o lo recomiendan. Y hasta cobran honorarios por el (des)honor de hacerlo. Los ejércitos se rediseñan para operar la desinformación. Ya casi no quedan fuerzas en la sacudida aldea global sin organizar –como armas– secciones, compañías, batallones o la estructura que fuere para lo que eufemísticamente llaman ciberguerra, para la ciberdefensa, para la ciberseguridad.
¿Serán tiempos de todo vale? Si no lo son, se parecen mucho. Hasta Pantaleón Pantoja, aquel tan oscuro como intrascendente capitán del Ejército peruano de ficción, que magistralmente creó Mario Vargas Llosa en 1973, es largamente superado en el mundo real por una minúscula élite de poderosos adictos a la perversión, a la mentira y al engaño.
“La vida no vale nada si ignoro que el asesino / Cogió por otro camino y prepara otra celada”. ¿Juglares o periodistas? Periodistas… y juglares. Como en la Edad Media, aunque en tiempos digitales. Ese es nuestro trabajo.
Sospecho que tal vez (¿o seguramente?) Gruneisen, Honan, Walton, Gueroult, Didier, Höfken o Loring, corresponsales de periódicos alemanes, ingleses, franceses de los que muy poco se conoce o sabe, que cubrieron en España la Primera Guerra Carlista entre 1833 y 1840; o acaso el mismísimo William Howard Russell, el primero de los corresponsales de guerra reconocido por la historia que en 1854 fue enviado por The Times para cubrir las acciones bélicas en Crimea, habrán tenido y padecido las mismas dificultades, las mismas dudas y los mismos engaños para acercarse a la verdad cuando quisieron informarse para informar.
Los trabajadores de prensa, como también se nos llama, tenemos claras las dificultades y riesgos de hacer público lo que desde el poder se pretende ocultar. La humanidad –a la luz de la historia– pareciera que en algunas cosas se repite. ¿Atrapados en la banda de Möbius? ¿Qué hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo se deben proteger valores sociales como la libertad de expresión, el acceso a la información –claros derechos humanos, de todos y todas, no solo de periodistas y comunicadores– en un Estado democrático de derecho?
“La vida no vale nada cuando otros se están matando”, canta Pablo Milanés, acongojado
LIBERTAD
Allá por 1994, en el siglo pasado, en un texto de Niceto Blázquez titulado “Ética y medios de comunicación”, leí que “el periodismo es importante como registro histórico, como expresión de la sociedad, como desarrollo del conocimiento y porque fundamenta la libertad de personas y de sociedades”. El autor sostiene también que “el periodismo aporta elementos que, a pesar de sus limitaciones en exactitud, en análisis o en enfoque, contribuyen a la conservación de la memoria colectiva”.
Y, más adelante, destaca que “la más conocida razón de la importancia del periodismo es que, al servir como canal de expresión de la sociedad, impulsa cambios en la historia” porque “cada una de sus informaciones tiene un potencial de cambio que, al activarse, le imprime una dinámica de desarrollo a la vida social” y, desde esa perspectiva, acuerda con el maestro Gabriel García Márquez en que “lo mejor de la actividad periodística” se encuentra en “la posibilidad de cambiar algo todos los días”.
Así entonces enfatiza que “la sociedad necesita del periodismo tanto como el cuerpo humano de sus órganos de los sentidos”; precisa que “contribuye al desarrollo del conocimiento de la realidad” y resalta que ninguna “sociedad puede ser libre si no conoce la realidad de lo que sucede” porque, si no fuera así, “cuando no hay ese conocimiento, sociedades e individuos son manipulables”.
El 22 de setiembre de 2016, con las palabras de Blázquez, la Fundación Gabo, en su “Consultorio ético”, consignó “¿Por qué es importante el periodismo?”. Claramente, Blázquez, al igual que otros pensadores que en algunos casos son periodistas, aportó claridad al oficio de informar en tiempos que –tal vez como en la actual contemporaneidad– evidencian que la sociedad en su conjunto es protagonista de un cambio epocal perceptible en innumerables prácticas sociales primero y profesionales después.
Es tan necesario como urgente enfrentar la “desinfodemia” que aparece como indetenible. Periodistas y sociedad civil debemos asumir con convicción profunda que la libertad de expresión es la herramienta imprescindible para demandar derechos consolidados y construir nuevos valores sociales que claramente necesitan protección.
INTERÉS SOCIAL
Sin esa convicción, ¿cómo saber lo que debemos saber? ¿Cómo informarnos para informar? ¿Cómo llegar a ese dato al que no todos podemos llegar y es de clarísimo interés social? ¿Con qué herramientas contamos para verificarlo, contrastarlo y, tal vez, publicar? ¿Está la información al alcance de todos? ¿Hay simétrica posibilidad de acceso a la información? ¿Hay quienes tienen más acceso que otros para informarse y operar sobre la realidad o intentar construirla? ¿Cómo operan los dispositivos tecnológicos para resolver interrogantes como los planteados que lo son desde siempre en la historia del devenir humano porque son transversales a toda práctica y sector? ¿Siempre es así? ¿Cómo negarlo o aseverarlo?
Estamos frente a un dilema que pone en tensión varios conceptos desde la perspectiva de la sociedad civil respecto de múltiples polos de poder. A modo de ejemplo, pienso en el cambio climático que enfrenta dos proposiciones concretas a la vez que enfrentadas. “Es innegable que al medio ambiente lo afecta en particular la producción y quema de combustibles fósiles que producen efecto invernadero”, dicen unos. Los otros, los negacionistas, sostienen que se trata de “un proceso natural cíclico con consecuencias mínimas”.
Con ese marco los líderes planetarios debaten para encontrar un camino. ¿Con qué instrumento? Con la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático (CMNUCC, por su sigla en inglés) cuyos integrantes, en diciembre pasado, se reunieron en Dubái para participar de la Conferencia de Partes (COP) y abordar el conflicto. El debate fue intenso. Los enfrentamientos también.
Sin embargo, Antonio Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el 13 de diciembre, cuando la conferencia hubo finalizado, fue claro y contundente: “A aquellos que se opusieron a (consignar) una referencia clara a la eliminación progresiva de los combustibles fósiles en el texto (final) de la COP28, quiero decirles que la eliminación progresiva de los combustibles fósiles es inevitable, les guste o no”. Guterres luego concluyó esperanzado su breve ponencia. “Esperemos que no llegue demasiado tarde”.
¿Qué pasará? La sociedad global tiene derecho a recibir información de calidad sobre la tragedia en ciernes. Con cada tormenta inusual, con cada sequía, con cada inundación, con cada incendio de bosques, con un terremoto en Nueva York, con cada fenómeno meteorológico como el que se abatió justamente sobre Dubái el martes pasado, afectada en forma directa o no, la sociedad civil quiere saber. Quiere tener certezas. Pero no lo consigue. Siente que algo grave pasa, que no consigue saber qué y crece la convicción de que “algo muy grave pasa y no nos dicen”. A través de periodistas, sistemas de medios o en las redes busca, pero no satisface la demanda.
“La información precisa y accesible al público es fundamental (…) en un Estado democrático de derecho”, sostuvo el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz, en el Club Nacional de la Prensa (NPC, por su sigla en inglés) en Washington DC, la capital de los Estados Unidos. Era casi el mediodía del martes último.
DESINFORMACIÓN
Los periodistas profesionales quieren saber cómo pararse frente a la desinformación y cómo informar con calidad para que todos y todas sepan sin categorizaciones. Algunos colegas tomaban café, aunque lo seguían con atención. El académico tiene la convicción de que “el periodismo de calidad es un bien público”.
Sabe también que –como lo reporta la Unesco en el informe de Tendencias Mundiales de 2021/2022– “el periodismo enfrenta muchas dificultades”. Comparte ese parecer y lo expresa. Execonomista jefe del Banco Mundial, Stiglitz, académico en la Universidad de Columbia, considera que “la pérdida de confianza en el periodismo” por parte de la sociedad civil es “consecuencia del aumento de la desinformación (en general) y en línea”.
En los últimos tiempos el catedrático aboga por crear políticas públicas que mitiguen los “daños sociales” que tal vez emergen de los desarrollos tecnológicos. “El individuo (ciudadano) puede (y tiene el derecho de) informarse sobre lo que el Gobierno está haciendo y/o lo que debería estar haciendo. Los economistas a esa búsqueda (de información) la consideramos (y llamamos) de ‘bien público’ porque beneficia a la sociedad en su conjunto y, por ello, nadie puede ser excluido de acceder a ello”, remarca.
Desde varias décadas estudia los fenómenos vinculados con la comunicación. De hecho, fue galardonado con el Nobel junto con sus colegas George Akerlof, de la Universidad de California, y Michael Spence, de la de Stanford, por el impacto en los mercados de “la información asimétrica”.
La economía –quién puede dudarlo– es claramente una ciencia social. Stiglitz asigna valor estratégico a la información. Aboga por medios independientes como propone la Agenda 2030 de Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) en la meta 10 del ODS 16. “Los medios independientes pueden ser el resultado, más que la causa, de una democracia sólida, el desarrollo (sostenible) y los derechos humanos”, resalta el profesor Stiglitz, quien entiende que “existe una correlación positiva entre el periodismo de calidad” y la solidez democrática.
No se puede tapar el sol con un dedo, afirma el dicho popular. “La comunicación es un elemento central en la vida social. Sea que se trate de la vida cotidiana, las organizaciones, el activismo, el periodismo, la política, o las corporaciones mediáticas y tecnológicas globales”, destacó, por su parte, unos pocos meses atrás el Consejo Mexicano de Ciencias Sociales (Comecso), que se reúne anualmente desde 1990.
“La prensa está bajo fuego”, sostiene Guilherme Canela, jefe de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la Unesco
ASIMETRÍA
En ese contexto –como Stiglitz– señala que “la comunicación (social) se desarrolla en escenarios asimétricos” y advierte que “las concentraciones de poder de cualquier tipo provocan desequilibrios en los procesos, contextos, medios, actores y prácticas de la comunicación”. Describe Comecso que las “asimetrías (en la comunicación) son multidimensionales, pues están atravesadas por la diversidad de género, etnicidad, nivel socioeconómico, región, entre otras” y, por ello, “abren problemáticas amplias, que van desde la falta de acceso a los medios y tecnologías para comunicarse, o las representaciones mediáticas injustas (…) o las opacidades en asuntos como la gestión de los datos digitales”.
Los académicos mexicanos puntualizan que las “asimetrías en distintos escenarios de la comunicación (que mencionan) atentan contra la democracia y afectan la toma de decisiones orientadas al bien común, en el contexto de crisis ambientales, sanitarias, políticas, sociales, educativas, culturales, científicas y económicas” y, con ese diagnóstico, proponen “el diseño y ejecución de políticas públicas” para asumir “el reto del consenso, la ética y los derechos humanos”.
Percibo coincidencias sustanciales entre las observaciones y los estudios realizados por el profesor Stigliz y la Comecso, al igual que en las preocupaciones. En ambos trabajos de investigación se reivindica –como premisa esencial– el pleno respeto de los derechos humanos. Se apoyan en la Declaración Universal que los consagra desde 75 años. Sin espacio para la confusión –más allá de múltiples interpretaciones sobre casos puntuales– ese documento de soft law no solo consagra el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”, sino que precisa que ello “incluye” también la potestad “de investigar y recibir informaciones y opiniones” como así también “difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
Para que ello sea posible, el profesor Joseph Stiglitz, en el NPC, apuesta a “crear un entorno robusto y saludable para el periodismo” como está previsto en la Declaración de Windhoek de 1993, “que establece que la prensa libre es fundamental para la democracia y un derecho humano”.
Propone “crear un entorno propicio para el periodismo profesional, (lo que) implica desarrollar regímenes legales que apoyan la libre expresión, como el derecho a contar. Destaca que para que el periodismo “pueda hacer su trabajo, necesita tener acceso a la información para poder ejercer el derecho a saber” para que otros sepan. Si bien luego consigna que “la mayoría de los medios de comunicación en las democracias son privados”, precisa que “hay evidencia (de) que (la existencia) medios de comunicación públicos fuertes mejoran la calidad y la confianza en los medios privados”.
Sin embargo, como problema puntualiza que “la mayoría de los países no los tienen”; que en otros se verifica “una enorme concentración de medios” y, en ese contexto, taxativamente opina en tono de advertencia que así como esos sistemas estatales con baja calidad democrática no son recomendables, “el poder del mercado socava la diversidad”.