En política se adoptó la mal­sana costumbre de que todos los medios son válidos para ganar las batallas electorales. Muchos prefieren las armas sucias para intentar desacreditar a sus adversarios. Lejos de exponer sus propias virtudes, apelan a hurgar en la vida íntima de los demás. Hecho que de por sí ya desnuda la inescrupulosidad de sus autores. Su inmoralidad queda definida por sus ges­tos. Y las expresiones de su bajeza son amplificadas por algunas corporaciones mediáticas que se convierten en alia­das para enfrentar al enemigo común. Que también sirven para determinar la absoluta falta de ética de estas cadenas periodísticas. Si asumen posiciones par­tidistas deben hacerlo sin las máscaras de una supuesta independencia e inexis­tente imparcialidad con las que preten­den embaucar al público. Por ejemplo, los ataques contra el movimiento Honor Colorado, sus líderes y precandidatos son tan alevosos como patéticos. Hay perfi­dia en cada información que es montada sobre mentiras y distorsiones. Y resulta, al mismo tiempo, ridícula, pues es tan desvergonzada la forma de actuar, tanto para agredir al otro como para defender al compañero de ruta, que ya pierde cual­quier pizca de credibilidad.

Todo esto viene al caso a raíz de la pre­sentación realizada por el señor Santiago Peña ante el Ministerio Público en con­tra de Mauricio Espínola, ministro ase­sor político adjunto del presidente Mario Abdo Benítez. El funcionario público divulgó a través de las redes sociales los montos percibidos por el precandi­dato a la Presidencia de la República en su carácter de director de un banco de plaza, en el período comprendido del 2018 al 2021. Dicha denuncia se ajusta a derecho. Es más, está amparada por la Constitución Nacional.

El denunciante no es trabajador del Estado, como sí lo es el señor Espínola, quien habrá mal utilizado sus influen­cias para acceder a estos datos, repeti­mos, de carácter netamente privado. Forma parte de la sucesión de irregula­ridades que se está originando dentro de este gobierno con la intención de ganar “por abandono” las elecciones internas del Partido Colorado fijadas para el 18 de diciembre de este año. Pero los dirigen­tes más representativos del mencionado sector de la Asociación Nacional Repu­blicana (ANR) ya aclararon suficiente­mente que las persecuciones articuladas desde el poder con la complicidad de dos grupos periodísticos, antes que debili­tarlos, los fortalecen por dos razones: la primera, porque se trata de infun­dios que están siendo desmontados con la verdad, y la segunda, porque todas las encuestas les dan una amplia ventaja sobre sus adversarios políticos.

La desesperación de estas corporaciones mediáticas, tratando de evitar que San­tiago Peña acceda a la Presidencia de la República y Horacio Cartes a la conduc­ción de la Junta de Gobierno del Partido Colorado, ya es excesivamente evidente. Ni siquiera guardan la compostura ni las formalidades. Es, reiteramos, una cam­paña sucia, alevosa y patética. Saben per­fectamente que el señor Mauricio Espí­nola, un idiota útil en este entramado, ha cometido un delito grave. No es una persecución política como ambicionan demostrar. Pero estará en las primeras planas hasta que ya no les sirva y encuen­tren otro protagonista más rentable para sus miserables propósitos.

Para que nuestros lectores tengan una idea clara de qué se trata, reproducimos íntegramente el artículo 33 de la Cons­titución Nacional, que lleva por título “Del derecho a la intimidad” y estatuye lo siguiente: “La intimidad personal y fami­liar, así como el respeto a la vida privada, son inviolables. La conducta de las perso­nas, en tanto no afecten el orden público establecido en la ley o a los derechos de terceros, está exenta de la autoridad pública. Se garantiza el derecho a la pro­tección de la intimidad, de la dignidad y de la imagen privada de las personas”.

El precandidato a la Presidencia de la República por el movimiento Honor Colorado, llegado el momento, deberá hacer una manifestación pública de sus bienes, tal como exige nuestra norma­tiva jurídica. Pero lo que ahora hicieron fue vulnerar los límites de su vida pri­vada. Un delito que no puede quedar sin consecuencias.