El intendente de Pedro Juan Caballero, José Carlos Acevedo, fue objeto ayer de un atentado en horas de la tarde, en las cerca­nías del Palacio de Justicia de esa ciudad y fue llevado con urgencia a un hospital. En forma casi simultánea, en una estación de servicios de la misma localidad, se registró un doble homicidio en que murieron dos ciudadanos paraguayos.

Un día antes, en Puerto Irala, Alto Paraná, el intendente municipal de esa localidad, Derlis Benegas, también fue asaltado por algunos pistoleros que intentaron matarlo, pero no lo lograron. Igualmente, en la vís­pera, en el distrito de Yby Pytá, departa­mento de Canindeyú, fueron ajusticia­dos dos hombres por desconocidos que los emboscaron en la vera del camino.

Son seis personas víctimas de los cuatro hechos violentos anotados, dos de los cua­les se produjeron en la misma ciudad y los otros dos en departamentos contiguos y limítrofes con Brasil.

Aparentemente los actos de agresión no tienen nada que ver el uno con el otro, pero esa media docena de víctimas en tan solo dos jornadas forma parte de una misma crónica policial que revela la cantidad de atentados, asesinatos y actos de insegu­ridad que forman ya parte de la noticia de cada día en nuestro país de un tiempo a esta parte. Que se suman a decenas de acontecimientos sangrientos que ocu­rren cotidianamente en los más diversos puntos de la geografía nacional, como una muestra clara de la inseguridad que está viviendo el Paraguay. Que toda la ciudada­nía está sufriendo con doloroso estoicismo porque el Gobierno Nacional y sus insti­tuciones de seguridad dejan mucho que desear en la materia.

Estos numerosos sucesos de crueldad no parecen causar mucha preocupación en algunas autoridades nacionales que últimamente están muy ocupadas en las tareas de las elecciones del Partido Colo­rado, en las que el propio presidente de la República se está presentando como can­didato para presidir esa agrupación polí­tica. Está visto que los graves sucesos de inseguridad que están ganando terreno en la vida del país no constituyen la principal inquietud de la primera magistratura de la nación, que prefiere ocuparse de las inter­nas partidarias.

En defensa de las autoridades naciona­les aducen que los hechos criminales for­man parte del acontecer de cualquier país y no hay por qué dramatizar. Pero lo cierto es que la gran cantidad de crímenes que lo está azotando nunca se ha visto en nues­tra historia y está golpeando fuertemente a la gente, que no está acostumbrada a los hechos de sangre. Señalar los aconteci­mientos delictivos que suceden no significa dramatizar ninguna situación, porque ellos mismos constituyen muestras dolientes de la más grave tragedia que se está viviendo, el drama de la gran incertidumbre.

La falta de seguridad es una de las más gra­ves fallas del Gobierno y no tiene por qué buscar excusas. La ciudadanía no necesita discursos llenos de pretextos, porque la rea­lidad del día exige terminar con la angustia de los robos, asesinatos, asaltos y hechos de violencia de toda índole que la afectan con toda crueldad en la vida cotidiana.

Llegó la hora de que el presidente de la República, el ministro del Interior, el comandante de la Policía Nacional y todos los responsables de la seguridad se ocupen de terminar con el crimen organizado y los hechos delictuosos que son ahora el pan de cada día.

La seguridad de la República del Paraguay es y debe ser en este momento la priori­dad absoluta del Estado. Y toda la cúpula gubernamental y las principales institu­ciones se tienen que ocupar con absoluta preferencia en articular una política que encamine el trabajo de las fuerzas públicas a terminar con el narcotráfico, las orga­nizaciones criminales y agrupaciones de delincuentes que tienen en vilo al país.

Las elecciones dentro del Partido Colorado deben correr por los caminos internos de esa agrupación política sin obstaculizar ni interferir la administración de los altos asuntos del país, por el bien de la nación. Y el Presidente y los grandes exponentes del Gobierno deben ceñirse a las disposicio­nes de la Constitución Nacional y las leyes para dedicarse con exclusividad a mane­jar los destinos del país, como juraron en el momento que asumieron la más alta res­ponsabilidad política al frente del Paraguay.