Además de la serie de denuncias por las limitaciones del servicio y el trato desagradable de los funcionarios que sacuden frecuentemente al Instituto de Previsión Social (IPS), no hay que olvidar los cuestionamientos de siempre por las contrataciones de limpieza y vigilancia, rubros que demandan millonarios recursos que los administradores de la previsional no quieren transparentar, pese a que deben hacerlo porque rige una ley, que es la de Acceso a la Información Pública.
El IPS no puede seguir manejándose a discreción, generar sospechas de negociados para favorecer con miles de millones a proveedores satélites del poder político cuando existe infinidad de urgencias que aquejan a los asegurados. Menos aún seguir generando polémica con el secretismo en la ejecución de los gastos.
El consejo directivo debiera ser el primer interesado en dar tranquilidad sobre el uso de la plata de los aportantes, tanto del sector empresarial como de los empleados. Llama la atención el severo silencio que adoptaron sobre los escándalos que afectaron a la administración actual en el último mes sobre la contratación de servicio de limpieza que se concentra en dos personas que manejan colección de empresas.
Son G. 94.000 millones en adjudicaciones de licitaciones del servicio de limpieza que la previsional otorgó a un amigo del Vicepresidente, a quien ya la opinión pública conoce como el “Pulpo”.
Centenar de personal figura en los contratos, las 24 horas del día y los 365 días al año, pero las pesquisas periodísticas encontraron los sanitarios en condiciones lamentables. Tampoco se proveyeron los insumos básicos de higiene estipulados en el pliego de bases y condiciones que rigen para el contrato de limpieza.
A raíz de los millonarios gastos en servicio de limpieza y una realidad que contrasta con los resultados esperados, nuestro medio solicitó la nómina del personal que, según los papeles, asciende a 1.345, de los cuales 689 en teoría corresponden al señor Alberto Palumbo. La distribución que obra en las planillas de contratación indica que 477 limpiadores están asignados al Hospital Central del IPS, pero esto no se ve en los pasillos.
El IPS se desentendió de proveer la información requerida, en otras palabras, negó transparentar el plantel de limpiadores de la última licitación que le costó G. 73.000 millones a los asegurados. Las razones del secretismo se desconocen y con ello aumenta la desconfianza sobre la ejecución del contrato.
La asesoría jurídica del IPS se prestó para ocultar la información mediante un dictamen que tampoco proveyeron, pero que, según la escueta explicación que remitió la unidad de transparencia de la institución, dice que “no están obligados a proveer la información requerida”.
El retorno al pedido de información que dio la previsional es tan flojo como el servicio de limpieza que a diario es cuestionado por los asegurados. Los documentos oficiales deben ser públicos, eso es categórico, tal como refieren los abogados especializados en la aplicación de las políticas de transparencia.
Instituciones como el IPS que están abocadas a la atención de la salud no pueden desentenderse de la transparencia. Los usuarios tienen el derecho a saber cómo se invierte y si son reales los números que se consignan en los documentos, ya que esto está directamente relacionado a la eficiente ejecución que se espera.
Más aún, en una institución donde los medicamentos no alcanzan para la demanda, los turnos se consiguen tras largos calvarios y un funcionariado que se desenvuelve rayando la tiranía, no se puede tolerar un guaraní de despilfarro; por ende, las autoridades del IPS están obligadas a transparentar la administración de tal forma a que la opinión pública tenga la certeza de que el dinero de los contribuyentes se usa en lo que se dice. Acabar con las especulaciones de direccionamientos, sobreprecios, cifras fantásticas, etc., en las licitaciones de rubros que explotan los amigos del poder, es una misión que se debe perseguir con la herramienta de la transparencia.
El acceso a la información pública rige por ley e indiscutiblemente es el mecanismo más eficiente para sanear la administración del Estado. Los funcionarios de la República, entre ellos las autoridades del IPS que manejan dinero de los contribuyentes y aportantes, deben dejar de lado las excusas y rendir cuentas sobre el uso de los fondos.