Además de la serie de denuncias por las limitaciones del servi­cio y el trato desagradable de los funcionarios que sacuden frecuentemente al Instituto de Previsión Social (IPS), no hay que olvidar los cues­tionamientos de siempre por las contra­taciones de limpieza y vigilancia, rubros que demandan millonarios recursos que los administradores de la previsional no quieren transparentar, pese a que deben hacerlo porque rige una ley, que es la de Acceso a la Información Pública.

El IPS no puede seguir manejándose a discreción, generar sospechas de negocia­dos para favorecer con miles de millones a proveedores satélites del poder polí­tico cuando existe infinidad de urgencias que aquejan a los asegurados. Menos aún seguir generando polémica con el secre­tismo en la ejecución de los gastos.

El consejo directivo debiera ser el primer interesado en dar tranquilidad sobre el uso de la plata de los aportantes, tanto del sector empresarial como de los emplea­dos. Llama la atención el severo silencio que adoptaron sobre los escándalos que afectaron a la administración actual en el último mes sobre la contratación de servicio de limpieza que se concentra en dos personas que manejan colección de empresas.

Son G. 94.000 millones en adjudicacio­nes de licitaciones del servicio de lim­pieza que la previsional otorgó a un amigo del Vicepresidente, a quien ya la opinión pública conoce como el “Pulpo”.

Centenar de personal figura en los con­tratos, las 24 horas del día y los 365 días al año, pero las pesquisas periodísticas encontraron los sanitarios en condicio­nes lamentables. Tampoco se proveyeron los insumos básicos de higiene estipula­dos en el pliego de bases y condiciones que rigen para el contrato de limpieza.

A raíz de los millonarios gastos en servi­cio de limpieza y una realidad que con­trasta con los resultados esperados, nues­tro medio solicitó la nómina del personal que, según los papeles, asciende a 1.345, de los cuales 689 en teoría corresponden al señor Alberto Palumbo. La distribución que obra en las planillas de contratación indica que 477 limpiadores están asigna­dos al Hospital Central del IPS, pero esto no se ve en los pasillos.

El IPS se desentendió de proveer la infor­mación requerida, en otras palabras, negó transparentar el plantel de limpia­dores de la última licitación que le costó G. 73.000 millones a los asegurados. Las razones del secretismo se desconocen y con ello aumenta la desconfianza sobre la ejecución del contrato.

La asesoría jurídica del IPS se prestó para ocultar la información mediante un dic­tamen que tampoco proveyeron, pero que, según la escueta explicación que remitió la unidad de transparencia de la institución, dice que “no están obligados a proveer la información requerida”.

El retorno al pedido de información que dio la previsional es tan flojo como el ser­vicio de limpieza que a diario es cuestio­nado por los asegurados. Los documentos oficiales deben ser públicos, eso es categó­rico, tal como refieren los abogados espe­cializados en la aplicación de las políticas de transparencia.

Instituciones como el IPS que están abo­cadas a la atención de la salud no pueden desentenderse de la transparencia. Los usuarios tienen el derecho a saber cómo se invierte y si son reales los números que se consignan en los documentos, ya que esto está directamente relacionado a la eficiente ejecución que se espera.

Más aún, en una institución donde los medicamentos no alcanzan para la demanda, los turnos se consiguen tras largos calvarios y un funcionariado que se desenvuelve rayando la tiranía, no se puede tolerar un guaraní de despilfarro; por ende, las autoridades del IPS están obligadas a transparentar la administra­ción de tal forma a que la opinión pública tenga la certeza de que el dinero de los contribuyentes se usa en lo que se dice. Acabar con las especulaciones de direc­cionamientos, sobreprecios, cifras fan­tásticas, etc., en las licitaciones de rubros que explotan los amigos del poder, es una misión que se debe perseguir con la herramienta de la transparencia.

El acceso a la información pública rige por ley e indiscutiblemente es el mecanismo más eficiente para sanear la administración del Estado. Los funcionarios de la Repú­blica, entre ellos las autoridades del IPS que manejan dinero de los contribuyentes y aportantes, deben dejar de lado las excusas y rendir cuentas sobre el uso de los fondos.