La violencia nunca será el camino para alcanzar –o forzar– los cambios que toda sociedad reclama para un mayor estado de bienestar y satisfacción dentro de los pará­metros que definen a una democracia. Ningún con­flicto gremial o diferencias políticas puede resol­verse fuera del marco de la Constitución y las leyes que rigen la convivencia pacífica y armónica dentro de una comunidad plural y pluralista. Es la Justicia la que debe dar a cada uno lo suyo, sin desviarse en favoritismos o premiando doblemente los privile­gios. Atropellar esos márgenes para imponer posi­ciones sectoriales implica directamente el señorío de la anarquía y del caos sobre nuestras formas de relacionamiento.

El Gobierno se desdibuja sin autoridad o se gobierna bajo presión, lejos de los estándares de la lógica jurí­dica. El estadista viene incorporado con la habili­dad de avizorar todas las debilidades estructurales para diseñar una respuesta de conjunto. Si la ruta está agrietada no es suficiente con rellenar algu­nos baches. Sujetado por el corsé de la presión, las decisiones suelen ser celebradas por algunos grupos mientras el resto de la ciudadanía permanece bajo el impacto de una crisis inédita, y con previsiones de prolongarse, en las últimas décadas.

Por eso, la primera exigencia para quienes preten­dan ser autoridades es demostrar una personalidad cincelada por el carácter, la firmeza, la templanza, la prudencia y la inteligencia que facilita el discer­nimiento. La debilidad es una víctima fácil de quie­nes tienen la habilitad de intimidar por medio de la amenaza o la coacción. Conocen los puntos vulnera­bles del Poder Ejecutivo y alinean todos sus dispo­sitivos sobre ellos, convencidos de que saldrán vic­toriosos en sus pedidos. Juegan anticipadamente de ganador cuando tienen antecedentes favorables.

Un análisis desapasionado utilizando como insu­mos los resultados de esa tensión reiterada entre el Gobierno y los camioneros, la conclusión no exige muchos esfuerzos. Apartemos, por un momento, las razones de las movilizaciones. Y concentrémo­nos en el expediente utilizado por los conducto­res en protesta: el ilegal y fastidioso cierre de rutas perjudicando a miles de personas que querían lle­gar a destino, incluyendo a vehículos que transpor­taban productos de primera necesidad que nunca pudieron acercarse a los mercados, con una doble pérdida: de consumidores y productores. Los que cerraban las rutas con violencia solo pensaron en ellos mismos, nunca en los demás, ni siquiera en los miles de personas que acaban de ingresar bajo la línea de la pobreza según lo demuestran las últimas encuestas oficiales.

Una ira descontrolada, agresividad injustificada y prepotencia propia de los nostálgicos espíritus totalitarios impregnaron cada una de las acciones de estos manifestantes. Ha olvidado el Gobierno el carácter de “monopolio de la fuerza legítima” que corresponde con exclusividad al Estado. De manera alguna puede ser calificada de represión asegurar, por medios legales y legítimos, el libre tránsito de todas las rutas nacionales. Es un deber o facultad que el Ejecutivo no se animó a ejercer.

La ciudadanía quedó a expensas de una minoría que exigía privilegios. Porque la disminución de precios de la nafta de 93 octanos y el gasoil tipo 3 benefi­ciará a un pequeño sector de la población. Pero la diferencia que surgirá del subsidio aprobado por el Congreso de la Nación y promulgado por el Poder Ejecutivo lo pagaremos entre todos, pues se surtirá de los fondos de la hacienda pública. Y esos fondos son proveídos por todos los contribuyentes. Para entender mejor: lo que todos pagamos en concepto de impuestos servirá para subsidiar el combustible más barato para los camioneros-piqueteros.

Coincidió el bloqueo de las rutas de parte de los camioneros con la vigésimo octava marcha campe­sina que llegó hasta Asunción con una agenda bien definida, como la derogación de la ley Riera-Zavala que aumenta las penas privativas de libertad por las invasiones a propiedades privadas y públicas. Pro­pósito en el cual fracasaron. No se conoce pública­mente el resultado de las demás negociaciones de los líderes de esta movilización, muy debilitada, por cierto, en comparación con ediciones anterio­res. Probablemente, la más intrascendente de los últimos años. A pesar del gran ruido que armaron durante los preparativos fue, paradójicamente, un acto que pasó prácticamente desapercibido a pesar del volumen de la movilización. Podría decirse que no hubo coordinación entre los organizadores. El malestar de las bases empezó a correr a través de las redes sociales con una fuerte crítica hacia sus líderes. Para el pueblo campesino, el retorno tuvo el agrio sabor de la decepción.

Las medidas coyunturales aprobadas por el Con­greso y el Ejecutivo son simples paliativos. Una aspirina para quien sufre una enfermedad termi­nal. El carácter de incertidumbre de lo que ocu­rrirá a mediados de abril, mucho antes de los dos meses que durará inicialmente el subsidio, es un horizonte de incertidumbres. Lo confirman el pro­pio presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi, y el viceministro de Economía del Ministerio de Hacienda, Iván Haas. Si al concluir los sesenta días, los camioneros repiten su censu­rable e irritante procedimiento, el Gobierno tiene que actuar con la fuerza que le concede la Consti­tución. No se puede negociar con una pistola apun­tando a la sien.