La difícil situación planteada por los recientes hechos nacionales e internacionales que impactan en la vida nacional obliga a rea­lizar una profunda reestructuración en la armadura económica con medidas que afectarán fuertemente a la vida del país. Cuanto antes se concreten y cuanto mayor sea el acierto de las disposiciones, se ten­drá la mejor garantía para encontrar los caminos acertados para los problemas planteados.

Las cuestiones que más pesan no se rela­cionan solo con la suba de los derivados del petróleo, que tiene un fuerte impacto y que está haciendo tambalear a diversos secto­res. Están además los asuntos de la estruc­tura impositiva, el déficit que impacta en el fisco, la necesidad de una adecuación de los gastos a los requerimientos cada vez más altos del armazón estatal.

La amenaza del desequilibrio de las finan­zas públicas es de tal importancia que, si no se le pone freno, podría llevar al país a situaciones muy complicadas con conse­cuencias muy duras para el presente y el futuro. Estamos en un estado de cosas que requiere de urgentes y acertadas medidas para no peligrar lo mejor que se ha conse­guido en los últimos quince años. Por eso las autoridades deben calibrar la magni­tud del asunto y adoptar las medidas reco­mendadas por los expertos.

Para encarar el aumento del petróleo y sus múltiples consecuencias, el Gobierno ana­liza algunas alternativas, que tienen la len­titud de las acciones estatales. Dado que se rechazó aumentar la deuda prestando dinero para subsidiar el precio final de los derivados del petróleo, se habla de suspen­der las transferencias que hace Petropar al Ministerio de Hacienda, que rondan los 12.000 millones de guaraníes al mes (unos 1,7 millones de dólares).

Otra alternativa que se maneja es aumen­tar la base imponible del impuesto selec­tivo al consumo (ISC) para algunos pro­ductos como alcohol y tabaco, y transferir a Petropar lo recaudado, para lo cual será necesaria la modificación de la ley imposi­tiva correspondiente. Como otra posibi­lidad se habla de realizar una reingenie­ría de los gastos estatales, recortando los asuntos superfluos y priorizando desem­bolsos a programas con impacto social.

En cualquiera de las opciones, la res­puesta tendrá que aguardar el tiempo que lleva adoptar la medida y afectará solo a la empresa estatal, que tiene apenas el 14% del mercado. El sector privado, que abarca el 86% restante, se verá sin subsidio para el costo de sus productos y sus precios no tendrán reducciones. La realización de una reingeniería de los gastos del Estado es tan necesaria como urgente, y no es solo para subsanar el impacto de la suba del precio de los derivados de petróleo, sino para ir a la raíz del problema.

Para el ex ministro de Hacienda Santiago Peña, es fundamental hacer las refor­mas estatales, que son todas necesarias. Esto para que las políticas económicas “se ajusten a la realidad y a las necesidades, sin medidas superficiales que duplican el problema antes que solucionarlo”, como mencionó recientemente en una charla de Basanomics en Ciudad del Este.

Recordó que el déficit fiscal había trepado al 6,1% a causa de la pandemia en el 2020, cosa que retrocedió el año pasado mejo­rando el desempeño por un resultado fis­cal auspicioso, que no fue por la disminu­ción del gasto, sino por el aumento de la recaudación. Pero ese proceso de mejora se interrumpió a finales del 2021 y en los dos primeros meses de este año se produjo un retroceso. El déficit fiscal del 3,7% está financiando los gastos corrientes con mayor endeudamiento, lo que consideró muy peli­groso. Explicó que, si se toma el ingreso de los tres últimos meses, la recaudación cre­ció 5%, en tanto que la inflación 9%, lo que significa que en términos reales las recau­daciones del país están declinando, lo que representa un enorme problema. Precisó que la deuda no es mala cuando va a aumen­tar la capacidad productiva, para desarro­llar el campo y generar nuevos ingresos. Pero no es buena para el salario de los fun­cionarios, como se estaba proyectando.

Por todo ello, se está en el momento pre­ciso para iniciar la reestructuración del gigantesco aparato estatal y dar inicio a una reforma que beneficiará al país, con un Estado eficiente y sin mortificarlo con castigos de ninguna laya.