En medio de los graves pro­blemas que afectan ahora al mundo, como la guerra en Ucrania, el aumento del precio del petróleo, las dificultades para la exportación y la incertidumbre internacional, el Paraguay hace frente a varios inconvenientes internos que pueden entorpecer su economía y con­mover la tranquilidad de la ciudadanía.

Ante el paro de camioneros y la incer­tidumbre por la cotización inter­nacional del petróleo, el Gobierno adoptó algunas medidas para paliar el impacto del aumento en el precio de algunos combustibles de mayor utili­zación en el país.

Desde el jueves 17, Petropar redujo en 500 guaraníes el precio del gasoil y de la nafta de 93 octanos en las 228 esta­ciones de servicio que cuenta. Paralela­mente, el Poder Ejecutivo está presen­tando al Congreso un proyecto de ley que prevé el subsidio de ambos com­bustibles por el plazo de tres meses que, cuando se apruebe, se aplicará en las gasolineras de todos los emble­mas a lo largo del país. La ley reducirá los precios de ambos productos en 500 guaraníes, que se cubrirá con un fondo de contingencia de 100 millones de dólares. Cuando se aplique la mencio­nada ley, en los surtidores de Petropar ambos productos costarán 1.000 gua­raníes menos, en tanto que en el resto de los emblemas la reducción será de 500 guaraníes. Los dos tipos de car­burantes representan un 75% del con­sumo nacional. Por lo que el 25% res­tante continuará con los precios más altos.

El proyecto de ley que establece la creación del fondo de estabilización del precio del combustible no está bien visto por algunos sectores políticos que se oponen a seguir endeudando al país para enfrentar este tipo de problemas. Afirman que no se resuelve el asunto con parches y que el subsidio preten­dido por el Gobierno puede prestarse a hechos de corrupción. Algunos econo­mistas tampoco ven con buenos ojos el proyecto de estabilización. Pero nin­guno ha planteado siquiera una rápida salida al asunto.

Los planteamientos realizados por el Gobierno no son la solución perfecta, porque afectan a solo una parte de los derivados del petróleo y la dismi­nución del precio será muy pequeña frente a los incrementos sufridos. Pero es lo más rápido y menos costoso que se puede hacer en estos momentos hasta que se encuentren soluciones más amplias y de mayor impacto. Por lo que debe recibir el apoyo de la ciudadanía.

Estas medidas deben entenderse solo como el comienzo de otras que se deben ir generando con el paso de los días mediante la reingeniería de los precios, los impuestos y hasta el tipo de cambio del dólar para la importación de los carburantes.

El país debe mirar también a mediano y largo plazo para hacer menos frágil la situación de la economía y garanti­zar una mayor estabilidad en los pre­cios y en la provisión de los diversos tipos de elementos para la locomoción, el transporte y la industria. Por ello se tiene que apurar la utilización de la energía eléctrica para reemplazar a los combustibles fósiles de los que depen­demos muy fuertemente en la actuali­dad. Como gran productor de electrici­dad, el país debe aprovechar la energía que produce. Así, en lugar de ceder a los países socios la electricidad que le per­tenece y no utiliza por la suma ínfima que le pagan, puede usarla para reem­plazar en parte al petróleo.

Con la colaboración del sector privado, el Gobierno debe constituir una comi­sión especial que analice el panorama actual y busque alternativas rápidas para mejorar los precios y garantice la provisión de los principales tipos de combustibles de uso generalizado, entre los que hay que incluir el gas licuado.

Lo peor que puede ocurrir no es que suban aún más los precios o que se pro­duzca una escasez, sino que no se ten­gan salidas adecuadas a los nuevos pro­blemas que se vayan presentando. No está en las manos del país bajar la coti­zación del petróleo, pero está dentro de sus posibilidades ver alternativas y res­puestas a las dificultades que se vayan presentando en la materia. Y a eso debe abocarse el Estado con prontitud, para que se sufra menos y no haya mayo­res contratiempos para la producción agroganadera e industrial, el trans­porte, además del comercio nacional e internacional.