En el juicio oral se dio a conocer los datos extraídos del teléfono de Marcus Vinicius que tenía mensajes con Arnaldo Giuzzio y Sebastián Marset.

Día a día se complica aún más la situación procesal del exmi­nistro del Interior Arnaldo Giuzzio, quien está siendo juzgado por cohecho pasivo agravado tras presuntamente recibir favores del supuesto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marqués de Padua. Durante la última audiencia, se reproduje­ron pruebas clave extraídas del teléfono celular de este último.

En dicha comparecencia oral, el Ministerio Público presentó diversas pruebas documentales, entre las que destacan varios mensajes de WhatsApp intercambiados entre Giuzzio y el presunto narco, actualmente dete­nido en Brasil. En particular, se hizo referencia a un men­saje del 16 de agosto de 2021, en el cual Espíndola le decía al exministro: “Enviame la camioneta blindada para el cambio de suspensión y reto­que de pintura”.

Esta conexión afianza la tesis de la Fiscalía sobre el trato frecuente que mantenían ambos y ratifica la acusación formal.

Asimismo, en el juicio oral se destacó un mensaje entre Sebastián Marset —hoy dete­nido en los EE. UU.— y Mar­cus Vinicius, quien pretendía convertirse en proveedor del Estado de la mano de Giuzzio. De acuerdo con los registros reproducidos, Vinicius reci­bió un saludo de Marset que decía: “Hola hermano, cam­bié de número”, a lo que el brasileño respondió con mensajes de voz. Ante esto, Marset contestó: “Hermano,cualquier cosa por aquí”.

Otras conversaciones reve­ladas en la jornada expo­nen los diálogos que Mar­cus Vinicius mantuvo con Adolfo Declesis, empleado de su empresa, y confir­man que el presunto narco también se reunió en varias oportunidades con Arturo Benítez, un alto funcionario de la Senad.

El funcionario de la Senad Arturo Benítez declaró en el juicio oral por cohecho pasivo que enfrenta el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Afirmó que el presunto capo del narcotráfico, Marcus Vinicius Espíndola, preten­día convertirse en proveedor del Estado bajo la adminis­tración del entonces minis­tro Giuzzio.

Asimismo, Benítez confirmó ante el tribunal de sentencia –integrado por Adriana Pla­nás, Yolanda Morel y Mathías Garcete– que existieron y se materializaron varias reu­niones con Marcus Vinicius Espíndola, actualmente dete­nido en Brasil y acusado de narcotráfico. El testigo deta­lló a los jueces que el ciu­dadano brasileño le habría formulado únicamente “con­sultas legales”.

• Jimmi Peralta
• Fotos: Gentileza

María José Costa, Camila Cáceres y Mélani Peronja lanzaron el libro “La danza como disidencia frente al poder dictatorial”, un trabajo de investigación sobre la danza contemporánea como forma de expresión política durante las dictaduras militares de Paraguay y Argentina. Las autoras parten de la tesis de que la danza posee una doble capacidad de acción en el campo político: el movimiento bailado y el movimiento de lucha.

El registro del arte como resistencia política en la historia de la región sigue siendo rescatado de los archivos y revividos a través de las voces con los testimonios de quienes participaron o fueron testigos de acciones, obras, textos, grabaciones, etc. El ocultamiento de las resistencias muchas veces sirve para la construcción de identidades pasivas de los pueblos. Sin embargo, como en este caso, el movimiento de los cuerpos nunca dejó de decir basta y de sublevarse desde los escenarios.

“La danza como disidencia frente al poder dictatorial. Casos emblemáticos en Buenos Aires y Asunción” es el nombre de la investigación realizada por las bailarinas María José Costa Céspedes, Camila Andrea Cáceres Arza (paraguayas) y Mélani Jazmín Peronja (argentina), en el marco del cierre de su carrera de licenciatura en Composición Coreográfica, mención Danza, en la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.

El trabajo fue presentado recientemente en formato de libro y en él se aborda el tema histórico y conceptual de la danza contemporánea como expresión en contextos sociopolíticos, dando paso a lo que se conoce como “coreopolítica”, así como enfoca el estudio de casos emblemáticos en ambos países.

En cuanto a Paraguay, la obra incluye el hito de la presentación de la performance “Árbol de la vida”, que reunió a artistas en oportunidad del encuentro del papa Juan Pablo II con los “constructores de la sociedad”, en 1988. También el impacto desarrollado por la coreografía “Dónde están”, basada en la canción homónima del cantautor Alberto Rodas. En cuanto a Argentina, el libro rememora y analiza las obras que fueron parte del ciclo Danza Abierta, en plena época de la dictadura militar en el país vecino.

El Gran Domingo de La Nación conversó con las autoras María José Costa Céspedes (MC), Camila Andrea Cáceres Arza (CC) y Mélani Jazmín Peronja (MP) sobre los temas que abordaron, el marco conceptual, y la reflexión sobre la danza como disidencia política, premisa sobre la que se sostiene el material.

–¿En qué contexto nació la idea de este trabajo?

–MC: Como autoras paraguayas y argentinas, nos interesaba entender cómo las dictaduras impactaron no solo en la política y la sociedad, sino también en los cuerpos y en las formas de expresión artística. Nos llamó la atención que la relación entre danza y dictadura latinoamericana había sido muy poco investigada, especialmente desde la danza contemporánea. A partir de ahí comenzamos a preguntarnos cómo el arte podía convertirse en una forma de resistencia en contextos de censura y control. Tuvimos mucha inspiración y acompañamiento de nuestros tutores Rodolfo Prantte y Sonia Sasiain.

–¿Cómo fue el proceso de investigación?

–El trabajo se construyó a partir de entrevistas a referentes y protagonistas de la danza de aquella época, tanto en Paraguay como en Argentina, además de una investigación en archivos, periódicos y bibliografía histórica. En Asunción trabajamos con materiales del Archivo del Terror en el Museo de la Justicia, la Biblioteca Nacional y otros espacios vinculados a la memoria histórica. La memoria oral fue fundamental para reconstruir estas experiencias desde quienes las vivieron. Hicimos muchas entrevistas, y en el libro se publican fragmentos de varias de ellas, como las mantenidas con Teresa Capurro, Alejandra Díaz Lanz, Susana Tambutti y Anahí Zlotnik, y gracias al apoyo de Fondec (Fondo Nacional de la Cultura y las Artes) pudimos adaptar y ampliar la investigación para publicar finalmente el libro que hoy está disponible tanto en Paraguay como en Argentina.

–¿Cuál fue el marco teórico que utilizaron para interpretar y/o valorar las puestas investigadas y su contexto?

–MC: El marco teórico del trabajo se centró en pensar la relación entre cuerpo, poder y disidencia durante las dictaduras. Nos interesaba entender cómo los regímenes autoritarios buscaron disciplinar los cuerpos y controlar las formas de movimiento y expresión, y cómo la danza contemporánea apareció también como una práctica política y de resistencia. Trabajamos principalmente con autores como Michel Foucault para analizar las lógicas de control y disciplinamiento social, y André Lepecki, quien desarrolla conceptos como la coreopolítica y la capacidad política del movimiento. También incorporamos aportes sobre memoria y sobre la dimensión política de la danza contemporánea en América Latina. Más que estudiar solamente obras coreográficas, nos interesaba pensar cómo ciertos cuerpos y ciertos modos de moverse podían convertirse en una forma de disidencia frente a contextos represivos.

–¿Podrían hablarnos sobre la puesta de 1988 frente al papa?

–MC: La puesta de “Árbol de la vida” se realizó en 1988, durante la visita del papa Juan Pablo II a Paraguay, en un contexto en el que la dictadura de Alfredo Stroessner ya comenzaba a mostrar signos de desgaste. Fue una performance colectiva que reunió danza, música, teatro y poesía, y que se presentó dentro de un encuentro entre el papa y representantes de distintos sectores sociales y culturales, los denominados “constructores de la sociedad”. Lo interesante es que, aunque oficialmente era un acto vinculado a la visita papal, terminó convirtiéndose en una expresión simbólica de crítica y deseo de cambio frente al régimen. La obra utilizaba la imagen de un árbol seco que, hacia el final, florecía colectivamente como metáfora de esperanza, libertad y recuperación de lo vital.

–¿Qué repercusiones provocó la obra en su momento?

–MC: La repercusión fue muy grande. El Gobierno intentó suspender el encuentro por considerarlo demasiado crítico, hubo tensión política y mediática. Estando ya en gira el papa en la región, el Vaticano hizo saber que podría suspender la llegada a Paraguay si el Gobierno sacaba el acto de la agenda. El episcopado paraguayo también reclamó preservar el acto y finalmente se realizó. Según los testimonios que recogimos, muchas personas sintieron que era una forma de decir públicamente cosas que durante años habían sido silenciadas. Incluso algunas de las artistas participantes sufrieron consecuencias posteriores por haber formado parte de la puesta. El libro aporta la visión de algunos de los responsables, pero sobre todo documentos inéditos del Archivo del Terror como uno en el que Pastor Coronel informa a Stroessner sobre los “entretelones” del evento, “comentados” en una visita que recibiera de un obispo “amigo”, quien incluso decía que entre los religiosos hubo quienes cuestionaron que “las bailarinas vestían poca ropa” y eso no era “adecuado”.

–La relación entre las dictaduras y el cuerpo suele expresarse en formas de control, disciplinamiento y unificación. En ese contexto, ¿qué mensajes o estímulos podían producir las propuestas de danza contemporánea como para incomodar al poder?

–MP: Aprendimos que la danza posee una doble capacidad de acción en el campo político: el movimiento bailado y el movimiento de lucha. El movimiento bailado son esas obras o prácticas dancísticas que buscan influenciar la opinión pública o consolidar un discurso político. Ejemplo de esto sería la obra coreográfica “Dónde están”. Y el movimiento de lucha es esa capacidad contestataria de la danza de generar un movimiento colectivo de protesta como lo fue Danza Abierta en Buenos Aires.

–El video de “Dónde están” es un ícono de aquella generación. ¿Ese fue su material de estudio o también existió una puesta en escena inspirada en la canción de Rodas?

–CC: “Dónde están” es una obra que se basó en la canción “Donde están los desaparecidos” de Alberto Rodas. Esta obra se estrenó en el Bosque de los Artistas de Hermann Guggiari a finales de la dictadura y tomó más valor para la memoria al ser representada en varias ocasiones en escuelas y teatros por la compañía del Ballet Nacional. Nuestro material de estudio fue un video que se encuentra a disposición en Youtube en Memorias de Danza, pero también nos basamos en entrevistas realizadas a los coreógrafos e intérpretes Alejandra Díaz y Francisco Carvallo.

–¿Cómo comparten o disputan protagonismo la estética, la técnica y la política dentro de la danza?

–CC: No hay una disputa, hay una simbiosis entre estas. Hay una armonía entre lo que el artista quiere decir, lo que se puede mostrar y lo que el público interpreta. La danza es movimiento constante, es un todo orgánico.

–¿Qué receptividad tuvo el trabajo cuando lo presentaron en Asunción y Buenos Aires?

–CC: Tanto la presentación del trabajo final de graduación ante la mesa examinadora de la Universidad Nacional de las Artes, Buenos Aires, como las presentaciones del libro que realizamos en Asunción fueron muy bien recibidas por varios aspectos, pero lo principal es que todavía no somos una generación muy distante a lo que pasó. Todavía tenemos docentes y familiares que participaron en estos eventos o que sufrieron de alguna manera las violaciones de los derechos humanos en esa época. Desde la universidad siempre nos incentivaron a investigar y así poder registrar el aporte que tuvo la danza en ese periodo. Coincidentemente, el concepto de coreopolitica de Andre Lepeki que exponemos en el libro se articula con lo que la universidad estuvo haciendo en Buenos Aires en el último año, defendiendo sus derechos y demostrando que a través de la danza también podemos hacer política.

–¿Cómo vivieron la recepción de los participantes y el público en los talleres?

–En los talleres y conversatorios que pudimos hacer en Asunción, en el Instituto Superior de Bellas Artes, en el Archivo del Terror y en la academia Núcleo de Arte y Danza hubo muy buena receptividad por lo novedoso del tema y el enfoque. La performance que preparamos como parte de los eventos, que es un homenaje a quienes protagonizaron esos tiempos, creo que gustó y aportó el momento artístico especial. El libro estuvo también en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires gracias al apoyo de los encargados culturales de la Embajada paraguaya. Y en la Feria Internacional del Libro de Asunción lo presentaremos el 31 de mayo, con presencia también internacional. Así también, estamos gestionando presentaciones con la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires.

María José Costa Céspedes: licenciada en Composición Coreográfica con Mención en Danza por la UNA de Buenos Aires. Profesora superior de danza clásica, Academia Núcleo de Arte y Danza, Asunción.

Camila Andrea Arza: técnica en danza y licenciada en Composición con Mención en Danza por la UNA de Buenos Aires. Profesora superior en danza clásica por el Instituto Superior de Bellas Artes (ISBA) de Asunción.

Mélani Jazmín Peronja: técnica en danza y licenciada en Composición Coreográfica con Mención en Danza por la UNA de Buenos Aires.

La Fiscalía va cerrando hipótesis sobre la responsabilidad del exministro de Abdo.

El funcionario de la Senad, Arturo Bení­tez, declaró en el jui­cio oral por cohecho pasivo que enfrenta el exminis­tro del Interior, Arnaldo Giuzzio. Afirmó que el pre­sunto capo del narcotráfico, Marcus Vinicius Espíndola, pretendía convertirse en proveedor del Estado bajo la administración del enton­ces ministro Giuzzio.

Asimismo, Benítez confirmó ante el tribunal de senten­cia –integrado por Adriana Planas, Yolanda Morel y Mathías Garcete– que exis­tieron y se materializaron varias reuniones con Mar­cus Vinicius Espíndola, actualmente detenido en Brasil y acusado de narco­tráfico. El testigo detalló a los jueces que el ciudadano brasileño le habría formu­lado únicamente “consultas legales”.

Sin embargo, al ser consul­tado sobre conversaciones de otra índole, el funcionario recordó la abierta intención de Vinícius de convertirse en proveedor estatal, una hipó­tesis que también sostiene la Fiscalía.

Por su parte, la fiscal del caso, Verónica Valdez, sos­tuvo que la declaración del agente de la Senad, junto con otros elementos pro­batorios ya debatidos, refuerza la acusación del Ministerio Público. Argu­mentó que, con dicha inten­ción comercial, el presunto narco habría otorgado cier­tos beneficios a Giuzzio.

“Es un elemento que se suma a otros que se van a produ­cir para que el Ministerio Público pueda sostener que esa era la intención de Mar­cus Vinicius: licitar para el Estado”, indicó la fiscal Val­dez.

Se presume que el procesado brasileño operaba para acce­der a licitaciones públicas con el fin de proveer insu­mos tácticos, chalecos anti­balas y blindajes para la Poli­cía Nacional. Para lograrlo, se habría valido de sus nexos con el entonces ministro Arnaldo Giuzzio, a quien prestó una lujosa camioneta como un supuesto “favor”.

Igualmente, el tribunal de sentencia ya entregó al Ministerio Público una copia de los datos extraí­dos del teléfono celular de Lindomar Reges Furtado, remitidos por las autori­dades brasileñas. En caso de hallarse conversaciones entre Marcus Vinícius, Lin­domar y Giuzzio, el escena­rio para el exhombre fuerte del gobierno de Mario Abdo Benítez podría cambiar radi­calmente, ya que podría enfrentar nuevas investiga­ciones por presuntos víncu­los directos con el narcotrá­fico. El juicio oral prosigue el próximo 26 de mayo a las 7:00 de mañana.

Se espera que las autoridades del vecino país remitan los datos del teléfono del condenado para saber si mantuvo vínculo con exministro abdista.

La condena a 37 años de cárcel por tráfico de drogas dictada en Brasil contra Lindomar Reges Furtado reaviva los posibles nexos entre el sentenciado y el exministro del Interior Arnaldo Giuzzio. Actual­mente, Giuzzio enfrenta un juicio oral en nuestro país por cohecho pasivo agravado, tras ser acusado de recibir favores del presunto narcotraficante Marcus Vinicius Espíndola Marques de Padua, quien fuera socio comercial de Reges Furtado en Paraguay.

Justamente, este vínculo entre Marcus Vinicius y Giuzzio es el que está bajo investigación judicial. Mar­cus Vinicius le había pres­tado un vehículo blindado al exministro del Interior para sus vacaciones en Bra­sil, y además mantenía reu­niones con la autoridad del gobierno abdista para ganar licitaciones de seguridad con el Ministerio del Interior y la Policía Nacional. Este vínculo –bajo sospecha hoy– fue lo que provocó la caída y poste­rior enjuiciamiento del exmi­nistro del gobierno anterior.

En el marco del juicio con­tra Arnaldo Giuzzio por sus nexos con el narcotráfico, el Ministerio Público solicitó formalmente al Tribunal de Sentencia la inclusión como prueba de los resultados de la extracción de datos del telé­fono celular de Lindomar Reges Furtado. Estos dispo­sitivos habían sido incauta­dos en su residencia de Her­nandarias durante la fallida intervención de 2022.

Existe la fuerte sospecha fis­cal de que Giuzzio habría reci­bido “regalos” por parte de Lindomar y, a cambio, pudo haber utilizado información privilegiada de inteligencia para filtrar datos y facilitar la huida del capo brasileño del barrio cerrado en el Alto Paraná.

En el marco del juicio, se espera que las autoridades brasileñas faciliten al tribu­nal de sentencia –presidido por la jueza Adriana Planás– los mensajes del teléfono celular de Reges Furtado. El objetivo es confirmar si Giuzzio mantuvo algún vín­culo con el hoy condenado, considerado uno de los líde­res del crimen organizado en el vecino país y responsable del tráfico de cocaína hacia Dubái y Europa.

De acuerdo con la investiga­ción fiscal, se sospecha que Marcus Vinicius y Lindomar Reges Furtado eran socios comerciales y que crearon varias empresas con capi­tal inyectado por el ahora sentenciado. Asimismo, existen sospechas de que la firma Black Eagle Group SA (cuyo nombre comercial es Ombú SA), propiedad de Marques de Padua y dedicada al blindaje de vehículos de alta gama, recibió fondos de Reges Furtado para operar en Paraguay.