El año 2022, además de ser un nuevo período que nos abraza en vida, tal vez sea uno de los más requirentes en la lucha contra la corrupción y el compromiso social por el tiempo político que se apresuró en abrir camino para las próximas presidenciales.Nos toca un año político en el que las primeras movidas ya avisan un despliegue sin pudor de recursos públicos en campañas proselitistas, pero esto también es una oportunidad para reivindicar a aquellos ciudadanos, activistas y políticos que realmente defiendan los intereses de todos.
Los golpes propios de la pandemia, tiempo en el que brotaron grandes negociados probolsillo, sobrefacturaciones, direccionamientos de compras covid, etc., son signos de alarma que pasan desapercibidos para quienes gobiernan y que avizoran la falta de contemplación sobre la realidad de los comunes.
El control de los recursos públicos con la herramienta de la transparencia es más que pertinente considerando que los índices globales nos siguen dejando en los últimos puestos entre los países con peor desempeño en la capacidad de detectar, castigar y prevenir la corrupción.
La administración central del presidente Mario Abdo Benítez es fuertemente cuestionada y calificada entre los de peor aceptación en la región.
Así también, la Justicia sigue aplazada en su desempeño, con la emergente presión de ciertos grupos políticos que vociferan denuncias de manera selectiva, lo que se constituye en un nuevo mecanismo de peligroso apriete.
El agravante que mencionan las estadísticas de corrupción es el descenso de acceso a la información pública, bandera elevada y consolidada por ley durante el gobierno anterior.
Demás está reconfirmar que la única vía ante la indiferencia de quienes le sacan el jugo a cargos públicos en beneficio propio y de los suyos es el acceso a la información pública de manera instantánea, a medida que se usa el dinero de la ciudadanía.
Los entes de control deben encontrar la fórmula de llegar a tiempo, sobre todo de desligarse de las presiones políticas en pleno año electoral. Atender los destapes de corrupción y avanzar con las investigaciones con la misma celeridad en todos los casos es una materia todavía pendiente.
El Ministerio Público, la Contraloría General de la República, Contrataciones Públicas están entre las instituciones insignias en gestión anticorrupción, pero son innegables las presiones mediáticas y de algunos políticos que quieren imponer sentencias a sus corruptos favoritos, lo que arriesga la libertad como la objetividad de estas instituciones, esto ya se ha notado en algunas funciones de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) que esquiva algunas pesquisas alegando falta de jurisdicción en administraciones que coincidentemente tienen empatía con grupos aliados al Gobierno.
La corrupción y la impunidad es una deuda de años, es cierto. Pero también es cierto que con el aderezo de la selectividad estos se vuelven más adversos para los intereses de la ciudadanía.
Castigar a los enemigos para postular a los aliados es un remedio peor que la enfermedad. Esto ocurrió en Ciudad del Este, donde un joven político que se perfilaba como el mesías tomó el timón de la municipalidad y aceleró negocios para sus amigos, clanes familiares involucrados en maniobradas compras covid de alimentos que ni documentos tienen de haberse entregado en la totalidad.
La saña con la que la coalición mediática y ciertos grupos políticos arremeten contra sus enemigos de turno no es parámetro de justicia ni lucha contra la corrupción. La pelea por la justicia no tiene color, no discrimina ni es oportunista como la manipulación que se denota últimamente con algunas luchas sociales politizadas.
Enhorabuena si este año surge una real lucha contra la corrupción y la impunidad que exija al actual como a los posteriores gobiernos que dispongan de instituciones firmes en sus funciones de un trabajo integral que encadene objetivos hacia mejores condiciones de vida para todos.