El plenario de la Cámara de Sena­dores volvió a postergar el tra­tamiento del proyecto de ley que modifica el Código Penal y aumenta la pena a los invasores de pro­piedades privadas. En su sesión del jueves 9 la mayoría de los legisladores no quiso analizar el documento y lo pasó para más adelante.

Lo llamativo es que esta no es la primera postergación del estudio del documento, lo que lleva a presumir que en muchos legisladores de la Cámara Alta no existe la voluntad de endurecer las penas contra los atracadores de la propiedad privada. Pareciera que están de acuerdo con las invasiones o que no tienen el valor sufi­ciente para enfrentar a los invasores. En ambos casos demuestran una lamentable actitud para hacer frente a los delitos.

El proyecto de ley presentado por varios legisladores del movimiento Honor Colo­rado pretende la modificación del artí­culo 142 de la Ley N° 1.160/97 del Código Penal y la que lo modifica, la Ley 3.440 del 2008. Con el nuevo texto, el artículo mencionado quedará redactado del modo siguiente: “el que individualmente o en concierto con otras personas, sin consen­timiento del titular, ingresara con violen­cia o clandestinidad a un inmueble ajeno, será castigado con pena privativa de liber­tad de hasta seis años”. La importancia de esta modificación radica no solo en que aumenta la pena carcelaria que actual­mente es hasta dos años o multa, sino que, con la suba del castigo hasta seis años de cárcel, pasa a constituirse en un crimen, de acuerdo con lo que estipula el artículo 13 del Código Penal. El documento agrega una pena mayor en caso de darse elemen­tos que sean agravantes a la sola invasión. En su artículo 2 estipula que “cuando la invasión en el sentido del inciso anterior se realizara con el objeto de instalarse en él o con daño patrimonial a los bienes existentes en el inmueble ajeno, la pena privativa de libertad será de hasta diez años”.

La disposición que rige en la actualidad es benigna, pues la pena carcelaria máxima llega hasta cinco años y no tiene ningún castigo previsto por los daños que se oca­sionaren a la propiedad ajena. Otro deta­lle importante es que con la norma actual la invasión es perseguible solo mediante acción penal privada, en tanto que con la modificación que se está proponiendo, el hecho pasará a considerarse un agra­vante y será perseguible por acción penal pública. Con lo cual no se requerirá una denuncia previa del propietario afectado, sino que la Justicia deberá actuar ya de oficio por la gravedad del hecho.

Estos cambios que se quieren introducir en la legislación penal son los que al pare­cer asustan a algunos legisladores que no se animan a aumentar las penas por los delitos mencionados.

Uno de los proyectistas había señalado que la propiedad privada es inviolable, que los productores les dan a sus tierras la función económico-social que estipula la Constitución Nacional. “Los invasores e instigadores son criminales y así propo­nemos tratarlos. Sin justicia no habrá paz social”, había remarcado el senador Anto­nio Barrios para fundamentar la mayor severidad de los castigos.

De acuerdo con la historia de invasiones y usurpaciones de las propiedades privadas, casi siempre los que atracaban terrenos ajenos, de manera organizada y con apoyo político, han conseguido apropiarse de ellos, como el ladrón que se queda con el objeto robado. En muchas ocasiones la Justicia no ha castigado a los asaltantes, que, de hecho, se quedaron con el premio de su acción criminal permaneciendo en el predio usurpado. Y en algunos casos han sido perseguidos fugazmente hasta la extinción de los plazos procesales que­dando sin la pena que les correspondía.

Esta experiencia de lamentable irrespeto a la propiedad privada es una de las heren­cias de un pasado en que no siempre se ha acatado la ley debido a subterfugios y al apoyo de ciertos sectores políticos.

Por eso es muy oportuna y necesaria la modificación de la norma penal respec­tiva, a fin de terminar con la amenaza a la propiedad privada y para que ya no se den casos de apropiaciones violentas en las que salen perdiendo sus legítimos pro­pietarios y ganadores los que no respetan la ley.