La autoridad que procede de un poder legítimo actúa de acuerdo con una estructura jurídica apoyada en leyes que tanto gobernantes como gobernados tienen la obligación de cumplir. Nadie puede manejarse de acuerdo con sus propias reglas. El derecho, en una democracia, nos iguala a todos.
Podemos dudar o no de la eficacia de las instituciones, pero de manera alguna pueden ser violentadas por ninguna de las partes. Los focos de presión ciudadana son válidos para perfeccionar nuestro sistema legal de convivencia y para mejorar la organización de la administración pública, sobre todo, en la lucha contra la corrupción y en defensa de la justicia social.Las marchas de reivindicación de los grupos que reclaman una vida de más calidad, empezando por elevar el nivel de sus ingresos, o exigen mayor presencia del Estado para establecer el necesario equilibrio entre los sectores en disputa, deben realizarse dentro del marco que garantiza nuestra existencia como sociedad.
De lo contrario, como suelen repetir algunos pensadores políticos, cuando nuestras diferencias se resuelven fuera del ámbito del derecho estaremos presenciando nuestra propia destrucción. Y, nosotros, en las últimas semanas, pareciera que estamos siendo empujados hacia ese futuro de inestabilidad y riesgo ante la mirada complaciente de las autoridades que debieran imponer el orden ante el abuso prepotente y perjudicial para nuestra economía del agresivo grupo de manifestantes denominados “camioneros”.
Nadie tiene potestad, ya se ha repetido hasta el hartazgo, de impedir el libre tránsito de quienes quieran movilizarse de un lugar a otro. Somos un país libre. El Estado debe intervenir con todo el rigor que la doctrina le faculta para restablecer el orden y devolver la seguridad a la ciudadanía. Especialmente para aquellos conductores que quieren seguir trabajando, que no se han sumado al paro que los exaltados y desaforados dirigentes quieren darle categoría de “general” a la fuerza.
Y para los productores que se sienten impedidos de llegar hasta los mercados, lo que desembocará en el inevitable desabastecimiento de algunos insumos básicos de la canasta familiar, como leche, pollo y huevos. Debieran recordarle al presidente de la República que el Estado moderno tiene el monopolio de la fuerza legítima, en la clara y certera definición de Max Weber. Por lo tanto, a contrario sensu, la imposición de los camioneros de cerrar rutas es arbitraria, ilegal e ilegítima.
Hace exactamente una semana decíamos que las transgresiones a la ley de los camioneros obedecen a la actitud permisiva del Poder Ejecutivo. El señor Mario Abdo Benítez, a tres años de su mandato que se cumple exactamente hoy, viene confirmando a diario que no estaba preparado para gobernar. Se ha aplazado rotundamente en todas las áreas: social (salud y educación, fundamentalmente), política, cultural y económica. Ha fracasado en la aceleración de aquellas obras de infraestructura que tengan la doble función de la utilidad real y generar mano de obra.
Se han evidenciado sobrecostos injustificados y denunciado reiteradamente las intenciones manifiestas de orientar las licitaciones hacia determinadas “empresas amigas”. En ese contexto, el jefe de Estado no puede lidiar con efectividad y claridad con los camioneros. La percepción ciudadana es que está perdido y desorientado. Y excesivamente mal asesorado por quienes sacan provecho del calor del poder, que a cambio de prebendas y canonjías prefieren esconder los errores, rechazar las críticas e inflar resultados. La conclusión final es que se está abonando el camino para que del caos pasemos a la anarquía, desnaturalizando y fragmentando al Estado.
Tal es el desconcierto del presidente de la República que ahora hace proselitismo con las obras públicas. O, simplemente, embebido por la soberbia, no le interesa las formalidades que se corresponden con el ejercicio de su cargo. A todos los frentes abiertos a los que no puede dar respuestas, ahora suma la actividad de ser vocero de las aspiraciones del vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, de llegar al Palacio de López en el 2023. De hecho, ningún político puede sustraerse de involucrarse en una actividad electoral. Lo que es incompatible con el cargo de jefe de Estado, y altamente condenable, es que se utilicen los actos oficiales para promocionar una candidatura. Por esa falta de criterio y de pudor para administrar el poder en términos éticos, es que los camioneros han traspasado todos los límites permitidos por nuestro ordenamiento legal.
En este puntual conflicto, ya totalmente antipático para la ciudadanía, el señor Abdo Benítez da la impresión de que se encuentra en un brete entre lo que dice la ley y su alianza con algunos sectores radicalizados del Congreso de la Nación, especialmente en el Senado. Si alguna duda le quedaba entre someterse al Estado de Derecho o priorizar sus acuerdos políticos, tendría que mirar una y otra vez el hecho protagonizado por un policía que obligó a los huelguistas a abrir paso a los que querían seguir el viaje. Fue el héroe de la semana. Se está agotando el tiempo de los villanos.