El ministro de Salud, Julio Maz­zoleni, presionado por las críti­cas en el caso de la niña Bianca, quien necesita un medica­mento que al principio el Gobierno no quería financiar, en un programa perio­dístico del fin de semana arremetió con­tra la ciudadanía y la clase política a las que pidió dejar el doble discurso y la hipo­cresía. Luego afirmó que es vergonzoso que el Paraguay tenga el impuesto a los cigarrillos más bajo del continente.

Se olvidó de decir que tiene también el Impuesto al Valor Agregado (IVA) con menor tasa impositiva y que es uno de los que menos tributo cobra a las ganan­cias de las empresas, que son algunos de los atractivos fiscales que suele exhibir el Paraguay para atraer al capital extranjero para que venga a invertir aquí.

Tampoco recordó el señor ministro que su administración en Salud es una de las más cuestionadas por casos de presunta corrupción que todavía no se han acla­rado y que constituyen una mancha al esforzado trabajo que está realizando la clase médica nacional para contrarrestar los terribles efectos de la pandemia. Es una contradicción muy difícil de entender que el ministro pida más impuestos, pero en los hechos prácticos –por las denun­cias que hay– no ha sabido cómo adminis­trar con total honestidad los recursos que se le han asignado. Como economista, el señor ministro de Salud ha demostrado ser un buen médico.

El recurso de aumentar los impuestos suele ser habitual en los gobiernos o en las administraciones que no demues­tran suficiente capacidad para recaudar los tributos existentes y que toleran a los contrabandistas y evasores. Ante la falta de dinero, por su ineficiencia, recurren a apretar a los que habitualmente tributan cargando a los que pagan para no apretar­les a los evasores e infractores de las leyes impositivas. Esta situación no es sola­mente injusta sino tremendamente des­honesta porque premia al evasor y golpea sin compasión al que cumple las leyes.

En nuestro país, gracias a esta situa­ción de permisividad de la corrupción, el Estado deja de recibir miles de millones de guaraníes al año, que se podrían usar en la salud, en la educación y en planes que lleven al bienestar a más gente. Para­lelamente, florece el contrabando y per­siste la buena salud de la economía infor­mal.

De acuerdo con ciertos cálculos, algu­nos hablan de que la evasión impositiva supera en Paraguay el 30% del producto interno bruto (PIB), otros sostienen que está cerca del 50% de lo que tiene que recaudar. Solo en materia de IVA se estima que se evade más del equivalente a 15 millones de dólares (cerca de 100.000 millones de guaraníes) por año, y que la pérdida del Estado por otros impuestos que no se pagan es incalculable.

Como puede verse, una de las más gra­ves falencias de la administración estatal paraguaya es su incapacidad para cobrar los impuestos que debe tributar un gran porcentaje de empresas y personas. Un ejemplo de la industria de la evasión es la situación hecha pública en agosto pasado cuando se conoció que al menos 192 empresas utilizaban facturas falsas para no pagar los tributos que eran proporcio­nadas por 52 entidades fantasma. El fisco cree que con este mecanismo operativo irregular llevaban evadiendo al Estado más de 100.000 millones de guaraníes.

El ministro de Salud parece desconocer que para que el Estado paraguayo pueda tener más recursos financieros tiene que comenzar apretando a los evasores y con­trabandistas para que paguen los impues­tos que deben y no cargar más a los que ya están cumpliendo sus obligaciones fiscales. Su planteamiento puede caer bien a algunos sectores que quieren poli­tizar ciertos temas delicados o parecer correcto a los que desconocen los detalles de la complicada realidad cotidiana.

El Estado y el ministro de Salud como empleado de su administración tienen la obligación de no apañar la gran corrup­ción que constituye la evasión imposi­tiva y la economía informal consecuente pidiendo que paguen más impuestos los sectores que ya están contribuyendo. Cuando uno pretende obtener más recur­sos dejando de apretar a los que eva­den sus impuestos y presionando a los pagadores, está cometiendo al menos un inaceptable acto de omisión, que hasta podría considerarse como sospechoso de complicidad con los evasores.