La Cámara de Senadores ha reci­bido una lluvia de críticas desde diversos sectores de la ciuda­danía por incluir aumentos de sueldos para funcionarios legislativos en el presupuesto para el 2021 contrariando los pedidos de limitar los gastos ante la difí­cil situación financiera del Estado. Lo que más se le ha cuestionado es que para acosar a las pobres arcas públicas hicieron caso omiso a las disposiciones legales que impi­den esos incrementos y pretenden modi­ficar la ley solamente para su beneficio en desmedro del interés general de la Nación.

Al analizarse las modificaciones realizadas por la Cámara de Senadores al proyecto de ley de presupuesto para el 2021 enviado por la Cámara de Diputados se hallaron algu­nas subas para salarios, aguinaldos, gastos de representación, honorarios profesiona­les. Además de otras partidas presupuesta­rias elevadas para gastos rígidos que harán mucho más difícil administrar las finanzas del país, al obligar al Estado a realizar más erogaciones improductivas. Todo esto en contra de lo decidido por el Gobierno debido a la emergencia provocada por la pandemia para ahorrar dinero que destinar a la salud y ayudas sociales de los más vulnerables. Y también para no poner en jaque el déficit fis­cal que amenaza el equilibrio macroeconó­mico conquistado por el país en los tres últi­mos lustros.

Actualmente el número de empleados del Estado asciende a 304.804 personas, según los registros del Ministerio de Hacienda. No se incluyen los empleados municipales. De este total, el 88%, o sea 268.338 individuos dependen directamente de lo que recauda el Ejecutivo a través de impuestos y otros ingresos habituales. El 12% restante, que son 36.466 personas, son funcionarias de entes autárquicos, entidades descentraliza­das y organismos públicos que cuentan con sus propios ingresos por los servicios que facturan y no dependen financieramente del Ejecutivo.

El personal que vive del presupuesto del poder central son funcionarios de los pode­res Ejecutivo, Legislativo y Judicial.

Para que cada ministerio u organismo público no autorice incrementos según su criterio particular, muchas veces por favores políticos, y sin tener en cuenta las disponi­bilidades del erario público se estableció en la Ley 1.626/2000 de la Función Pública que para recategorizar a funcionarios y darles aumentos se tienen que hacer concursos y contar con la aprobación del Equipo Econó­mico. En esta ocasión, para no cumplir esa norma legal, el Senado incluyó un artículo en el proyecto de ley de presupuesto para el 2021 que dice que el Poder Legislativo podrá realizar promociones de cargos al margen de lo que diga la mencionada disposición. O sea, la Ley 1.626 rige para todos los funcionarios del Estado, menos para los del Congreso a la hora de aumentar salarios.

Obviamente, esta disposición que está en el artículo 58 del proyecto de ley de presu­puesto preparado por el Senado no puede aceptarse. Por discriminatoria, injusta y no ajustarse a las exigencias de este momento de emergencia. Para mucha gente es difícil de entender cómo en un momento de cri­sis que sacude las estructuras de nuestra sociedad un grupo de legisladores cierre los ojos a la realidad del país y pretenda mirar solamente los intereses de sus funcionarios sin contemplar las necesidades del resto del Paraguay.

Por eso más que nunca hay que recurrir al buen sentido, mostrar los errores que se están cometiendo y solicitarles a los legisla­dores que revean su posición en aras del bien común, que está por encima de los intereses de grupo. De paso hay que recordarles que no están en esos cargos de representación popular para privilegiar a algunos sino para trabajar por los intereses de las mayorías del país que aguardan de las autoridades actua­ciones honestas y equilibradas.

En plena emergencia, con el aumento del número de personas internadas en los cen­tros hospitalarios y la incertidumbre de qué pasará con el número de infectados, los que habitamos este país tenemos que estar jun­tos para combatir el mal.

Estar unidos implica trabajar por el mismo objetivo sin distraer recursos para otros fines que no sean las prioridades del momento, como son la salud y la protección social. Los legisladores, que están en el Con­greso porque el pueblo les votó, no pueden darle las espaldas y, por eso, deben suprimir los aumentos ilegales.