En el Congreso comienzan a ana­lizar el proyecto de ley del Pre­supuesto General de la Nación, que es la clave para la conduc­ción administrativa del Estado en el año entrante. Por las declaraciones y actitu­des asumidas por el nuevo ministro de Hacienda, este gobierno continuará con la impronta marcada por la anterior adminis­tración de cuidar el equilibrio presupuesta­rio y mantener el déficit fiscal dentro de los parámetros establecidos por la ley.

Y tendrá que lidiar con los irresponsables que creen que el Estado es un barril sin fondo con los incrementos de toda laya que querrán impo­ner, sin considerar la prudencia administra­tiva ni la responsabilidad fiscal que se practi­can en el país desde hace varios años.Por de pronto, el plan de gastos para el 2019 prevé incrementos con mucha responsabili­dad en las áreas sensibles del país como edu­cación, salud y promoción social, siguiendo el camino marcado por las autoridades del anterior gobierno.

Así, el proyecto prevé un alza del 12,5% para los gastos de la salud, en tanto que para la educación el incremento es del 11,4%, con lo que se pretende pruden­temente encarar las demandas del año veni­dero en materia de gastos de capital para las inversiones y los destinados a salarios y afines.

El propio ministro de Hacienda ha defen­dido las cualidades del proyecto de ley, enfa­tizando que no se admitirán incrementos en materia de salarios y gastos fijos sin alterar el equilibrio presupuestario. Explicó que cualquier aumento que se dé por encima de lo previsto en el proyecto representará un golpe para sectores muy sensibles como salud y educación, cuyos planes tendrían que ser recortados en esos hipotéticos casos. El secretario de Estado habló con base en la experiencia anterior, en que los legisladores echaron mano al proyecto para los incre­mentos en gastos fijos, que son los salarios, poniendo en jaque la disponibilidad de fon­dos para los sectores sociales menos prote­gidos que requieren una amplia ayuda del Ejecutivo.

Existe en muchos políticos la creencia de que el Legislativo puede disponer a sus anchas de los fondos públicos. Ignoran que el Presupuesto estatal debe buscar la armonía entre los intereses de distintos sectores, que no tienen límites a sus ape­tencias, y la disponibilidad de recursos para hacerles frente, ya que son muy limi­tados.

Por ello, cualquier nuevo gasto que se pretende incorporar significa un recorte en otro sitio de la torta, tocando áreas muy sensibles, porque los aumentos de salarios concedidos no se pueden dejar de pagar y las inversiones sí se pueden dejar de lado. Por esta razón, las alzas de gastos fijos son terriblemente nocivas para las inversiones sociales.

Recientemente, antes de la presentación del proyecto de ley de Presupuesto al Congreso, el ministro de Educación, presionado por sindicalistas amigos y correligionarios de Añetete, accedió a un aumento del 13% para los docentes, lo que movió la estantería de la delicada estructura presupuestaria. El temor es que durante el estudio presupues­tario de aquí a diciembre, en las cámaras del Poder Legislativo se otorguen otros incrementos salariales que seguramente impactarán muy fuertemente en el bolsi­llo del Estado, por lo que el Ejecutivo tendrá que exigir la templanza de los legisladores.

El panorama es muy delicado, puesto que por la crisis argentina se prevé que pue­dan deprimirse las compras en el país, lo que conspiraría contra las recaudaciones del impuesto más rendidor, que es el IVA. Una razón más para que en el Congreso redoblen la prudencia a la hora de hacer sus cálculos.